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Estos son los rostros de algunos de los policías que participaron en el crimen./Inter News Service
Santo Domingo, 2 abr (INS).- La Procuraduría General de la República designó fiscales especiales en asuntos criminales para reforzar al Ministerio Público en torno a las investigaciones que se realizan sobre la muerte de una pareja de esposos evangélicos por varios agentes policiales.
Los esposos Elisabeth Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Joel Díaz, de 29, fueron acribillados a balazos la noche del martes por una patrulla cuando retornaban a su hogar en la capital, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
En este acontecimiento resultó con heridas leves el joven Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años, quien acompañaba a la pareja.
“Hemos ampliado el equipo de fiscales con expertos en investigaciones de crímenes contra la persona para que, conjuntamente con la Procuraduría Fiscal de Villa Altagracia, profundicen en el conocimiento de las circunstancias en que se produjo el hecho para establecer todas las responsabilidades”, dijo la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución.
Reynoso explicó que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, mantiene un especial interés en que la investigación esclarezca las circunstancias de la muerte a tiros de los pastores. Aclaró que en este caso la Policía se mantiene totalmente al margen de las investigaciones.
La patrulla que cometió el crimen la integraban el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como también los rasos Antonio Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.
Todos son interrogados desde ayer y esta tarde el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva por considerar como “complejo” el hecho sangriento.
Los policías alegaron que confundieron a las víctimas con supuestos delincuentes, a los que daban seguimiento desde Bonao, provincia Monseñor Nouel, al recibir una llamada de que habían cometido diferentes asaltos en esa zona.
Los uniformados reportaron a los superiores que se confundieron con un carro marca Kia color blanco, ocupado por los evangélicos con características similares al que abordaban los presuntos malhechores.
Sin embargo, esa versión es diferente a la que ofreció el joven sobreviviente de esa masacre, Claudio Alberto Ramírez Lamais. Esta persona declaró que los policías dispararon varias veces sobre el vehículo sin preguntar por la identificación de los ocupantes.
Narró que salvó la vida porque se bajó y se tendió sobre el asiento trasero. “Cuando cesó la balacera, les grité a los agentes que no continuaron disparando, que éramos cristianos evangélicos. Entonces, ellos me llevaron preso junto a otro compañero”, dijo a los reporteros.
Elisabeth, de 32 años, y su esposo Joel, de 37, no habían cumplido dos meses de casados. Ella tenía dos años que había regresado de Milán, Italia, donde residió durante ocho años.
Ayer, el presidente Luis Abinader reaccionó indignado por el crimen y advirtió que no tolerará que nadie esté por encima de la ley ni que pueda usarla a su antojo.
“En este Gobierno la vida humana es sagrada. Y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deben combatirla”, afirmó el mandatario en una declaración cargada de enojo por la acción policial.
Este jueves, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, en sus funciones también de presidente del Consejo Superior Policial, dispuso la cancelación y su inmediato sometimiento ante la justicia de los seis agentes que participaron en el caso.
Informó sobre la creación de una comisión externa a la Policía Nacional “para realizar una verdadera y efectiva depuración a todos los niveles de los recursos humanos de la Policía Nacional, tendente a separar de las filas de esta institución del orden, todo el personal que no cumpla con el perfil ético, moral y una adecuada formación, que garantice el cumplimiento de los protocolos de abordaje al ciudadano y uso adecuado de la fuerza, cumpliendo con el debido proceso de ley y respetando los derechos humanos de todos”.
“En la institución del orden no es admisible mantener como miembros a personas con denuncias o sanciones disciplinarias por faltas graves en el ejercicio de sus funciones que sean constatadas y sustentadas en evidencias”, afirmó de manera categórica Vásquez Martínez. INS
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