San Juan, 23 mar (INS).- Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra siete personas de 33 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos en Puerto Rico, dijo que “se confió a los imputados en esta conspiración para invertir dinero público en beneficio del municipio de Mayagüez y la zona oeste, pero en cambio utilizaron parte de él para beneficio y gastos personales, defraudando al gobierno”.
El agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher, de Investigación Criminal del IRS, Oficina de Campo de Miami, comentó que “las personas en una posición de confianza que usan dinero público para cometer fraude con fines de enriquecimiento personal traicionan la confianza de los ciudadanos a quienes se supone que deben servir. Estos fondos fueron destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una región de Puerto Rico y este fraude no quedará impune. Todos somos responsables de cumplir con las leyes, independientemente de la posición de influencia”.
Según la acusación federal, de marzo de 2016 a junio de 2018, los imputados Eugenio García Jiménez (alias “Gino”), Stephen Kirkland (también conocido como «Steve»), Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland, Arnaldo Irizarry Irizarry (asesor del alcalde José Guillermo Rodríguez) y Roberto Mejill Tellado orquestaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y Mayagüez Economic Development (MEDI) de dineros pertenecientes a Mayagüez.
MEDI es una corporación pública con fines de lucro creada con el propósito de promover el desarrollo económico de Mayagüez y la región occidental de Puerto Rico, generar empleos, apoyar proyectos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Los acusados transfirieron, distribuyeron y gastaron el dinero de maneras inconsistentes con las declaraciones hechas a Mayagüez y MEDI sobre la inversión del dinero, para incluir compras de una embarcación marina, joyas, ropa, matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, tarjeta de crédito. pagos y decoración del hogar, así como mejoras inmobiliarias y el pago de hipotecas de viviendas.
Utilizando múltiples entidades corporativas fantasma y cuentas financieras, los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes a Mayagüez, destinados a inversiones, que luego los acusados utilizaron para gastos personales y compras de bienes muebles e inmuebles.
De los nueve millones de dólares obtenidos del municipio, los acusados solo devolvieron 1,800,000 a Mayagüez y al hacerlo, representaron falsamente que los 1,800,000 eran un retorno de la inversión.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia legal máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 por cargos relacionados con fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.INS
lp
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