P. Rico-Senado evalúa medida que garantiza derechos de migrantes víctimas de delito

San Juan, 22 mar (INS).- En busca de proveer mayor protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, en específico a las personas migrantes residentes en Puerto Rico, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por la senadora, Ana Irma Rivera Lassén evaluó el proyecto del Senado 11, que busca enmendar la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.

«Este es uno de los temas que más afecta los derechos humanos en Puerto Rico, en lo relacionado a víctimas y testigos de delito, es confrontar posibles discriminaciones», manifestó la senadora Rivera Lassén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadan (MVC).

La medida, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, busca enmendar la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, para aclarar la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio.

También pretende establecer que los funcionarios y funcionarias del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito.

Respecto de la medida, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez Pérez, destacó ya la importancia de que se apruebe la medida: «Hemos tenido casos de obreros de la construcción y empleadas domésticas que luego del patrón ponerlos a trabajar, se niegan a pagarles sus honorarios y cuando acuden a radicar alguna querella, no se les toma dicha querella por los motivos antes mencionados, el carecer de un estatus migratorio definido». 

Asimismo, enfatizó en que muchos de los migrantes residentes en Puerto Rico han sido testigos de crímenes y no se atreven declarar por miedo a que se les entregue al Departamento de Inmigración, esto a pesar de la implementación de la Reforma de la Policía que evitaría este tipo de discrimen.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) reconoció en una ponencia que «el Negociado de la Policía cuenta con la orden general 600, ‘Intervención con Personas Extranjeras’, en la que se establecen las normas y los procedimientos a seguirse por parte de los miembros de la Policía al momento de intervenir con personas extranjeras, por diversas circunstancias». 

Sin embargo, los licenciados Estrella Mar Vega y José Vázquez en representación del secretario del DSP Alexis Torres Ríos, expresaron que la agencia favorece la medida ya que es cónsona con la política institucional del departamento.INS

lp.