
Héctor Ferrer Santiago./Inter News Service
San Juan, 17 mar (INS).- La Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Héctor Ferrer Santiago, atendió hoy, a través de una audiencia pública, el proyecto de la Cámara 508, que busca establecer la Ley Contra las Puertas Giratorias en el Gobierno de Puerto Rico y prohibir así a exfuncionarios ejercer la profesión de cabildero hasta cuatro años después de la expiración del periodo para el cual fue electo.
Los autores de la pieza legislativa, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González y el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Márquez Reyes, a través de la exposición de motivos de la medida, aseguran que las puertas giratorias en el gobierno amenazan la transparencia y eficiencia del gobierno de varias maneras.
Por lo que proponen que toda persona que viole intencionalmente esta disposición (sobre las Puertas Giratorias) será culpable de delito grave con pena de reclusión de un año y multa de 5,000 dólares.
De acuerdo con la medida en discusión, ningún gobernador, secretario o subsecretario de los departamentos del Gobierno, jefe o subjefe de agencia, director ejecutivo o subdirector de las corporaciones públicas, asesor o ayudante del gobernador o alcalde podrá ejercer la profesión de cabildero hasta cuatro años después de su renuncia, destitución o fecha en que dejó de ocupar su cargo.
Durante la audiencia pública, Ortiz González, expresó que la regulación de la función de cabildeo en Puerto Rico es primordial en la gestión pública.
«Con esta medida, buscamos recobrar la confianza de la gente en su gobierno y cerrar cualquier posibilidad de actos de corrupción pública. Permitir que un ex funcionario pueda utilizar su pasada posición para influir de manera indebida en favor de un interés privado. Eso sin duda genera desconfianza y el País necesita transparencia y honestidad por parte de los servidores públicos electos», manifestó
Al encuentro, comparecieron Yezmín M Valdivieso Galib, Contralora de Puerto Rico; Aniano Rivera Torres, subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental y la licenciada Wildaliz Figueroa, representante de la División de Legislación del Departamento de Justicia.INS
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