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San Juan, 11 mar (INS).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Santa Rodríguez, atendió hoy una resolución conjunta y dos proyectos de la Cámara, que buscan determinar los mecanismos necesarios para iniciar una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico.
Se trata de la resolución conjunta de la Cámara 63, presentada por el gobernador Pedro R. Pierluisi, y los proyectos de la Cámara 457 y 506, presentados por el representante José Rivera Madera y los representantes José Bernardo Márquez Reyes, Mariana Nogales Molinelli y Denis Márquez Lebrón, respectivamente.
La Comisión de Hacienda recibió la opinión de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Autoridad de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el Departamento de Justicia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
De acuerdo con la resolución Conjunta 63, la Oficina del Contralor de Puerto Rico sería el cuerpo encargado de llevar a cabo un proceso completo y exhaustivo dirigido a auditar la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico, en el que se examinará y evaluará el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación de esta.
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, aseguró que su oficina cuenta con la capacidad administrativa, la experiencia colectiva y con un equipo de más de 325 profesionales en el área de auditoría.
“Entre estos, contadores públicos autorizados, auditores, abogados, examinadores de fraude y peritos forense digitales”, mencionó.
Según la visión de Valdivieso, “la auditoría de la deuda debe ser integral, que incluya aspectos de una auditoría de desempeño, de cumplimiento y financiera. El alcance de la auditoría debe ser determinado de acuerdo con el periodo significativo de la deuda emitida por el Gobierno, sus corporaciones públicas, entidades y municipios”, agregó.
A través de sus ponencias explicativas, la Aafaf, el Departamento de Justicia y OGP, apoyaron la idea de que la Oficina del Contralor lidere los procesos de auditoría, según lo establece la Resolución Conjunta 63. También, las agencias citadas, argumentaron sobre las necesidades presupuestarias y el panorama legal que apoyaría los esfuerzos de auditoría.
“En términos de la implementación de la Sección 6 de la Resolución Conjunta 63, que establece la asignación de un millón de dólares para cumplir con la encomienda de auditar la deuda pública, consideramos que dicha asignación requiere una petición presupuestaria que se debe canalizar durante el trámite de certificación presupuestaria, según las normas aplicables y codificadas en la Ley Promesa”, rezó la declaración sometida por Aafaf.
De acuerdo con el director de OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, “esa asignación ya se encuentra presupuestada para el año fiscal 2022”.INS
lp