
Edificio del Ministerio de Defensa que aloja las oficinas de los altos mandos militares dominicanos.Inter News Service
Santo Domingo, 19 feb (INS).- Más de 2.000 millones de pesos (34,5 millones de dólares), correspondientes a los fondos acumulados de los militares en la seguridad social, fueron malversados por un grupo de generales y coroneles, que nunca han enfrentado cargos en la justicia, debido a que históricamente la corrupción y la impunidad han transitado juntas en las Fuerzas Armadas.
Varios de estos oficiales señalados como responsables de usar esas reservas financieras son personas de confianza de ministros de turnos, y otros contaban con el apoyo de figuras políticas y funcionarios. Un oficial en especial fue apadrinado por una Primera Dama y posterior vicepresidenta de la República, razón por la cual sus acciones han quedado impunes, al menos por ahora.
La reseña de esas acciones la ofrece el portal digital Acento en un trabajo de investigación que realizó el periodista Julián Herrera, quien tomó como referencia detalles de un informe financiero levantado por el Ministerio de Defensa, en la gestión del entonces teniente general Ramón Antonio Aquino García (2006-2008), en el cual habrían arrojado graves irregularidades en la administración de los ahorros.
De acuerdo con el comunicador, que cita fuentes confiables que tuvieron acceso a la investigación, parte de los fondos aportados por los militares para su retiro, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), fue a parar a los bolsillos de un grupo de oficiales de altos rangos, muchos de la cuales aún permanecen activos.
Las acciones dolosas atribuidas a los altos mandos castrenses no suelen investigarse debido a que los presidentes dominicanos temen tocarlos. “Por lo menos, dice la reseña periodística,, un presidente dominicano, el doctor Leonel Fernández, según los documentos publicados por Wikileaks, dijo que no actuaba contra los jefes militares señalados como corruptos, porque temía que le dieran un golpe de Estado”, observó..
Mes tras mes, los integrantes de las instituciones militares pagan el 7% de sus salarios a la Seguridad Social de los cuerpos armados, recursos administrados por Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
“A su vez este organismo transfirió más de 1.000 millones de pesos (17 millones de dólares) para la creación, en el año 2005, de la Administradora de Riesgos de Salud de las Fuerzas Armadas (ARS-FFAA), donde también se detectaron irregularidades que involucraron otros RD $500 millones (US$ 8,628,127), de acuerdo con los mismo documentos”, dice la publicación.
Precisa que la última entidad también fue desfalcada y posteriormente disuelta en 2017, cuando no les quedaban recursos para operar. Y más tarde sus afiliados fueron transferidos al sistema contributivo del Seguro Nacional de Salud (Cenas).
Destaca que, en el 2005, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a través de una auditoría practicada a la ARS.FFAA de los institutos castrenses, detectó la instalación irregular de un sistema de Software y otras tecnologías, por la suma de RD$ 125 millones (2,157,031 dólares), que posteriormente fueron pagados como originales y que al final resultaron ser pirateados.
Apunta que “el botín fue tan codiciado, que dos viceministros de Defensa tomaron préstamos irregulares en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas por RD$6.0 millones (103,537 dólares), cuando la tabla de préstamos del organismo sólo les permitía 600 mil a cada uno, en ese momento”.
Según revela el periodista Julián Herrera, producto de la estructura corrupta que imperó en esas entidades durante décadas, “hoy la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas tiene acumuladas unas 4.000 solicitudes de pensiones que no ha podido procesar porque el Instituto de Seguridad Social de las instituciones militares no dispone de recursos para pagar el sueldo por años al personal en retiro, al menos así lo han manifestado las autoridades.
La misma auditoría de la Cámara de Cuentas pudo confirmar que los fondos sociales se habrían manejado violentando los reglamentos internos del ISSFFAA y la ARS. Tampoco contaron, en su momento, con la debida supervisión de los organismos de control interno del Ministerio de las Fuerzas Armadas, ahora Ministerio de Defensa.
Ese mismo informe, agrega, dio a conocer también compras y trabajos sobrevaluados que incluyen la construcción del edificio de la Administración de Riesgos de Salud de las Fuerzas Armadas, remodelación de edificaciones, compra de mobiliarios, equipos médicos y tecnológicos, así como de un sistema de aire acondicionado, vehículos y otros equipos e insumos.
El uso de los fondos incluye, además, la construcción de dos proyectos habitacionales en San Cristóbal, región sur del país, y otro próximo a Hainamosa, en el municipio Santo Domingo Este, aún pendiente de auditar.
También se utilizaron recursos de manera irregular para construir una morgue e instalar un ascensor en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, sin tomar en cuenta que este centro médico tiene su propio presupuesto.
“funcionarios militares de ambas entidades consumieron también cientos de millones de pesos en supuestos gastos de representación, compensaciones, viáticos y nominillas, todos pagados con el dinero de los militares para su retiro”, precisa.
Indica que, como consecuencia del dispendio, entre febrero de 2010 y agosto de 2011, las autoridades del referido instituto transfirieron al Banco de Reservas 11 mil solicitudes de préstamos por un monto de RD 1,200 millones (unos 20,7 millones de dólares), debido a que la entidad no disponía de capital para seguir operando las carteras de préstamos.
Las mismas fuentes revelaron que estos préstamos fueron aprobados por el banco oficial a una tasa del 16%, cuando el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas la tenía fija en un 13 por ciento anual antes de la quiebra.
Esto provocó, que, en septiembre del 2012, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas aprobara que la Junta de Retiro concediera préstamos por 4.80 millones (82 mil 830 dólares) para reactivar sus carteras de préstamos personales e hipotecarios.
Afirma que los recursos destinados a las operaciones administrativas “provenían de los intereses de préstamos, moras, inversiones, al igual que de las ventas de su red de supermercados, farmacias y ópticas, pero nunca de los aportes directo de los militares, sin embargo, también llegaron a tomar parte de ese dinero”. INS
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