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San Juan, 25 dic (INS).- Ante la alarmante cantidad de feminicidios en lo que va de año, los casos de violencia doméstica, órdenes de protección y casos de acecho y violencia sexual, organizaciones que brindan servicios a sobrevivientes de violencia de género advirtieron sobre la importancia de la aprobación en el Senado del proyecto de la Cámara 2310 para garantizar el acceso a la justicia.
“Reafirmamos la importancia de aprobar en el Senado de Puerto Rico el proyecto 2310, que obliga a instituciones financieras, bancos y cooperativas de Puerto Rico a crear cuentas CIFAA que permitan allegar recursos para el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos en Puerto Rico. La no aprobación de este proyecto coloca a sobrevivientes de violencia de género y a personas que viven bajo el nivel de pobreza en situaciones de mayor vulnerabilidad. Utilizar las cuentas que contempla dicho proyecto para el fin propuesto apoyaría la continuidad de trabajos que buscan la justicia social”, dijo Coraly León Morales, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos.
La portavoz expresó que “a través de fondos otorgados por la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia, las sobrevivientes que reciben servicios en Casa Julia no sólo se benefician de orientación y representación legal, sino que también garantizamos que los servicios que se les brindan son no revictimizantes y sensibles al trauma. Las personas sobrevivientes de violencia de género enfrentan una multiplicidad de retos a la hora de denunciar a la persona que les violenta. Muchas no tienen acceso a información sobre sus derechos, no tienen recursos económicos y temen enfrentarse a situaciones revictimizantes a la hora de denunciar”.
Agregó que “contar con representación legal capacitada y sensible a las experiencias de las poblaciones a las que atendemos es fundamental para garantizar su acceso a la justicia. Gracias al apoyo de la FFAJ hemos, además, brindado adiestramientos sobre aspectos legales de la violencia doméstica al personal que acompaña y atiende a sobrevivientes, hemos recibido asesoría legal administrativa y se ha trabajado material educativo sobre violencia doméstica. Es por esto que nos sumamos a organizaciones hermanas, que reconocen la labor importante que hace la FFAJ”.
Mientras, Janice Soliván Roig, presidenta de la junta directiva de la Casa Juana Colón, comentó que “las subvenciones otorgadas por FFAJ han permitido a la Casa Juana Colón impactar el pueblo de Comerío y a pueblos del Distrito Judicial de Aibonito. En los últimos dos años se han impactado 901 mujeres bajo el nivel de pobreza en casos legales y apoyo emocional. La necesidad de acceso a la justicia en el centro de la isla requiere de organizaciones e instituciones que apoyen la gesta de aquellas que abogan por justicia social”.
Recordó que “durante los últimos dos años hemos sido testigos de la importancia de tener subvenciones que apoyen el aspecto legal y emocional ante la falta de recursos económicos de mujeres que viven en círculos de violencia de género o intrafamiliar. Al vivir bajo niveles de pobreza es necesario brindarles servicios gratuitos con atención especializada desde una perspectiva de género para garantizar que estas logren tener una vida digna y no ser revictimizadas. Por eso reafirmamos que el Proyecto 2310 es vital para continuar transformando al país en uno donde prevalezca la equidad”.
Por otro lado, Manuel Rivera Rodríguez, presidente de la junta de directores Servicios Legales Comunitarios, expresó que “el Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) ha cobrado relevancia social en Puerto Rico, debido a la labor encomiable que han realizado los pasados años. Miles de personas de escasos recursos se han beneficiado de los servicios que brindan acceso a la Justicia, gracias a las subvenciones que otorga la FFAJ a múltiples entidades sin fines lucrativos”.INS
lp