Inter News Service Agencia de Noticias
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 14 dic (INS).- El rey emérito de España, Juan Carlos I, es objeto de una nueva investigación judicial en España. Lo que se pretende en esta pesquisa es indagar si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para blanquear dinero, indicaron este miércoles fuentes judiciales.
La nueva causa bajo investigación se suma a otras investigaciones judiciales en torno al antiguo monarca, que se exilió en los Emiratos Árabes Unidos en agosto, mientras la justicia española y la suiza investigan sus cuentas bancarias.
La fiscalía anticorrupción española abrió discretamente esta investigación a finales de 2019 pero hasta ahora no se había conocido su existencia. Según fuentes jurídicas, la indagatoria está centrada en cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un oficial del Ejército del Aire español.
Suiza y España investigan la razón de una transferencia de 100 millones de dólares que el rey emérito Juan Carlos recibió de Arabia Saudita. El escándalo podría afectar a la monarquía y a su hijo, el Rey Felipe. El objetivo es conocer el origen de estos fondos y saber si el antiguo monarca hizo uso de ellos y cómo lo hizo.
La fiscalía solicitó comisiones rogatorias al extranjero para determinar si las cantidades depositadas en estas cuentas domiciliadas en España habían sido escondidas a la agencia tributaria española, aunque no se ha precisado los países donde se mandaron estas peticiones. Ahora se sabe que dos de esos países son México y Reino Unido.
Si se demostraran, estos hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales por los que el rey emérito podría tener que rendir cuentas, dado que se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad como jefe de Estado.
La fiscalía del Supremo español ya investiga al rey emérito por posible corrupción en el presunto cobro de comisiones vinculadas a la atribución a empresas españolas de un contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.
Según el periódico suizo La Tribune de Genève, el monarca habría recibido en 2008 en una cuenta suiza una transferencia de 100 millones de dólares procedente de la monarquía saudita.
La Casa Real anunció el 3 de agosto pasado que el antiguo jefe de Estado había abandonado el país para «facilitar el ejercicio» de funciones a su hijo y actual rey, Felipe VI.
Juan Carlos, cuya imagen pública se ha visto lastrada por varios escándalos en los últimos años, hizo saber a través de su abogado que seguía a disposición de la justicia.
La Fiscalía del Tribunal Supremo de España remitió dos comisiones rogatorias a México y a Reino Unido en el marco de su investigación acerca de las cuentas del rey emérito, Juan Carlos I.
Según ha adelantado el diario español El Periódico, la fiscalía trabaja paralelamente a la Agencia Tributaria de España para comprobar la declaración de más 678,000 euros que presentó el monarca recientemente para regular su situación fiscal.
El objetivo de las dos peticiones internacionales es contrastar la cantidad regularizada por Juan Carlos I con el supuesto dinero originado por fuentes turbias que la Fiscalía y Hacienda investigan.
El Ministerio Público anunció el pasado 11 de diciembre que seguiría adelante con la investigación sobre el patrimonio del rey emérito, pese a la declaración voluntaria que efectuó el monarca a principios de diciembre.
El pago de su deuda tributaria, pretendió regularizar unos fondos que presuntamente había recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018.
Según el diario El Periódico, las peticiones a México y Reino Unido solicitan información sobre los movimientos de cuentas realizados por el millonario y amigo del rey emérito, que tiene allí establecidas sus operaciones financieras.
Se dilucida por las autoridades españolas si Juan Carlos puede evitar ser imputado por un delito fiscal gracias a su abono a Hacienda, tal como pretendía con esta acción.
Juan Carlos I no puede ser investigado por cualquier hecho anterior a 2014, cuando todavía era rey e inviolable de acuerdo con la Constitución, pero la Justicia lo puede imputar por presuntos delitos cometidos tras su abdicación.
Las tarjetas de crédito turbias que supuestamente disfrutaron sin declarar el rey Juan Carlos y varios miembros de su familia podrían haber estado sufragadas por el magnate mexicano Sanginés-Krause. Así lo estima la Fiscalía Anticorrupción, que también investiga si el ayudante de campo del rey emérito ejerció de testaferro.
En el presunto uso y disfrute de tarjetas en cuestión podrían también haber incurrido la reina Sofía y varios de sus nietos, no así el actual monarca español, Felipe VI, ni su esposa la reina Letizia. Según avanzó El Diario.es, los movimientos observados en la cuenta asociada a esas tarjetas tuvieron lugar en los años 2016, 2017 y 2018. La gravedad del asunto y el posible carácter incriminatorio para con el rey emérito radican en que este perdió su amparo constitucional una vez hubo abdicado, en junio de 2014.
De confirmarse un flujo irregular el dinero, sería un delito imputable a su persona y a su esposa Sofía, la antigua reina consorte.
Sanginés-Krause era una persona en principio ajena a la actividad oficial del rey emérito, aunque durante años frecuentó los círculos del monarca. Poseedor de una de las mayores fortunas de México y con doble nacionalidad británica y mexicana, tiene en España una participación en el accionariado del Hotel Villamagna de Madrid.
El objeto de la investigación de la Fiscalía es saber si el dinero llegaba a esa cuenta en España producto de alguna operación financiera no declarada de Juan Carlos de Borbón, o si se trataba de un dispendio sin contrapartida.
La investigación de la Fiscalía involucra a un antiguo ayudante de campo de Juan Carlos de Borbón, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, quien podría haber ejercido de testaferro para abonar gastos personales mediante terceras personas a espaldas de la hacienda pública española.
Todo apunta a que la cantidad de dinero supuestamente desviado podría exceder de 120,000 euros anuales, dado que se trata de una investigación penal. El hecho que ha motivado las pesquisas podría ser la elevada cuantía de las facturas que el coronel Murga abonó.
Esto se suma al escándalo en 2018 cuando comenzaron a publicarse las grabaciones de audio en las que figuraba la amiga del rey emérito, Corinna Larsen, y el supuesto cobro ilegal de comisiones por la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudí.
Se sospecha que el rey emérito Juan Carlos de Borbón recibió comisiones por la construcción del Ave del desierto, un tren de alta velocidad que une a las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudita.Se acusa al rey emérito y a otras personas de su entorno de recibir comisiones por este contrato.
En este caso, la investigación se centrará en determinar si existen indicios penales por los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe de Estado y perdió la inviolabilidad que establece la Constitución española para estos cargos.
El pasado 15 de marzo, el rey Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación de 194,232 euros anuales que están fijados en el Presupuesto del Estado. Esta decisión se tomó luego del escándalo que explotó cuando se conoció que la Fiscalía de Ginebra investiga al monarca por presuntamente haber recibido 100 millones de dólares (89.7 millones de euros) de Arabia Saudí y haber transferido 65 millones de euros a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, quien a su vez lo ha denunciado por acoso para que no revele supuestos «secretos de Estado».
Las investigaciones de la Fiscalía suiza se basan en unas grabaciones publicadas por medios españoles en los que la empresaria afirma que Juan Carlos I trató de cobrar una comisión millonaria en el marco de la licitación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina.
Después de que el diario suizo Tribune de Genève publicara que el rey emérito Juan Carlos I habría podido recibir una donación de 100 millones de dólares de Arabia Saudí, la aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha revelado que le denunciará ante la justicia británica por acoso.
La demanda, según se ha revelado, se debe al «acoso» que dice sufrir desde su ruptura, en 2012. Estas presiones tendrían como fin evitar la revelación de «secretos de Estado» que presuntamente tiene en su poder.
La aristócrata alemana ya había señalado con anterioridad al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —concretamente, a su exdirector Félix Sanz Roldán— por las presiones recibidas. Ahora extiende la responsabilidad de esa presunta campaña de acoso al que fuera jefe del Estado español hasta su abdicación en junio de 2014.
El pasado 4 de marzo, el diario suizo Tribune de Genève publicaba que el fiscal especial Yves Bertossa había localizado una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares (unos 90 millones de euros) desde Arabia Saudí a una fundación del rey emérito Juan Carlos I. INS
rsm/