Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 12 nov (INS).- La Contraloría de Puerto Rico reveló hoy que el municipio de San Juan adjudicó compras por 325,705 dólares con 165 cotizaciones falsas.
En una auditoría a las operaciones fiscales del municipio de San Juan se establece que de 2011 a 2015, cinco oficiales de la Oficina para el Desarrollo Infantil y del Departamento para el Desarrollo Social, adjudicaron compras por 282,453 con 163 cotizaciones falsas.
De estas cotizaciones falsas, 159 estaban preparadas a nombre del proveedor F.
Un oficial del Instituto de Ciencias Forenses, certificó que ninguna de las firmas era de la dueña del proveedor F y validó que eran del vendedor A en el 90% de las cotizaciones analizadas.
Además, la dueña del negocio F había cerrado en el 2008 y declaró a los auditores que el vendedor A le había dicho que tenía un hermano empleado del Municipio que le avisaría sobre las subastas y le ayudaría con los pagos.
La Secretaría Municipal también emitió dos órdenes de compra por 43,252 con dos cotizaciones falsas para la compra de materiales de construcción y cerraduras.
Además, el 1 de junio de 2012, Desarrollo Infantil emitió una orden de compra por 500 dólares al proveedor G para reemplazar un cristal con una cotización que fue preparada no por el proveedor, sino en la computadora del oficial de compras 1.
De 2011 al 2015, también se adjudicaron órdenes de compra por 23,718 en cuyas hojas de resumen se incluyó la información falsa, de que el proveedor F había remitido cotizaciones.
Estas irregularidades se informaron a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal el 18 de mayo de 2017.
Además, se remitieron estas situaciones, al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 19 de agosto de 2019 para que tomaran las acciones correspondientes.
La auditoría de seis hallazgos señala que del 2011 a 2016, el municipio adjudicó 81 órdenes de compra a seis proveedores por 149,498 para adquirir servicios eléctricos, plomería y de refrigeración.
El examen reveló que tres proveedores están vinculados entre sí como padre–hijo, hermano-hermano y tío-sobrino.
Ellos ocupaban los puestos de presidente, representante y gerente de los proveedores B, H y J, y daban la apariencia de competencia entre sí para obtener la adjudicación de los trabajos (ver diagrama en la página 15 del Informe).
En los procesos para la adjudicación, llevados a cabo por los oficiales de compras 2,3,4 y 5, se omitieron apellidos y se aceptaron cotizaciones sin estos estar activos en el Registro de Licitadores.
La situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia el 28 de julio de 2017, así como también a la Oficina de Ética Gubernamental el 5 de diciembre de 2017, para que tomen las acciones que entiendan oportunas.
Los auditores identificaron otro grupo de proveedores que también daban la apariencia de competir entre sí, pero que dos de ellos están vinculados como tío-sobrino y el otro, Persona 3, ocupa propiedad del sobrino y comparte su número de contacto.
Ellos ocupan los puestos de presidente, vicepresidente, tesorero de los proveedores C, D y K.
Estas situaciones también se remitieron a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia el 19 de agosto de 2019 para que tomen las acciones pertinentes.
Además, se informaron estas situaciones al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 15 de marzo y el 9 de mayo de 2018.
Por estas irregularidades se pudo haber configurado delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, como fraude, conspiración e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, falsificación de documentos, traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica, entre otros.
La Contraloría indicó que contrario a las leyes y reglamentación vigente, el municipio llevó a cabo un proceso de compras irregular en la adquisición de materiales de plomería y electricidad para mejorar los baños del estadio Hiram Bithorn con ocasión de la celebración de la Serie del Caribe 2015.
El municipio pagó en exceso 82,545 en materiales y 59,910 en equipos y accesorios para los baños.
Estas y otras situaciones fueron informadas al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 15 de marzo, 9 de mayo y el 14 de septiembre de 2018.
Los auditores hallaron múltiples situaciones irregulares en los procesos de compras, como un pago de 10,100 dólares más caro a un proveedor por servicios de mudanza de equipo de escuelas sin justificar las razones, cotización recibida con fecha anterior al servicio solicitado, y proveedores sin expedientes en el Registro de Licitadores.
“La adquisición, sin subasta pública, de uniformes para la Policía Municipal y materiales de plomería por 1,761,655 del 2014 al 2016, demuestra la falta de planificación en el municipio de San Juan. Estas situaciones impiden la libre competencia y no cumplen con los procesos de sana administración pública”, señala el informe.
La auditoría establece también que el municipio otorgó cuatro contratos y una enmienda por 493,534 dólares de forma retroactiva del 2012 al 2014 para mejorar el alumbrado del estadio Hiram Bithorn, limpieza de áreas verdes y mantenimiento de escuelas del Departamento de Educación.
“Estas situaciones contrarias a la legislación vigente, impiden mantener un control adecuado y propicia la comisión de irregularidades en los desembolsos”, sostuvo el documento.
El informe comenta asimismo la posible evasión contributiva por parte de un proveedor de bienes y servicios del municipio.
La corporación recibió 635,150 en 2014 y 2015, y sólo declaró 116,616.
Esta situación se informó al Departamento de Hacienda el 5 de diciembre de 2017.
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Municipio, emitió tres informes sobre las irregularidades halladas en el proceso de compras en las dependencias de Desarrollo Infantil y Desarrollo Social. Estos informes incluyeron múltiples deficiencias y situaciones de gastos extravagantes, costos excesivos y procesos irregulares.
La OAI entregó evidencia de acciones correctivas tomadas para subsanar y evitar que se repitan las situaciones.
La auditoría cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017.INS
lp