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El fiscal Wilson Camacho en foto de archivo./Inter News Service
Santo Domingo, 8 oct (INS).- La participación de la sociedad civil como actor objetante del cierre de los archivos definitivos otorgados a ocho implicados que fueron exonerados de culpabilidad en el escándalo de corrupción por pago de sobornos promovidos en el país por la constructora brasileña Odebrecht, darían un nuevo giro al proceso penal que se conoce a seis acusados.
Según informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, algunas personas se han dirigido a esa entidad con interés de presentar oposición a los archivos, con lo que la decisión del pasado procurador general, Jean Alain Rodríguez, pasaría al conocimiento de un tribunal de instrucción para decidir sobre su legalidad.
El pasado martes, representantes de Alianza Ciudadana depositaron ante la Pepca una solicitud para que se revisen los archivos definitivos.
Expresó que la exoneración de culpabilidad en el proceso se otorgó de forma irregular, citando, entre otras razones, que se realizaron durante las vacaciones de la pasada titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, y a tres días de que esta se reintegrará a sus funciones.
El cierre del caso, decidido por Jean Alain Rodríguez en septiembre de 2019 benefició a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Temístocles Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín. También, al dirigente político opositor Alfredo Pacheco (actual presidente de la Cámara de Diputados), César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo D’ Oleo y Ruddy González.
La decisión, por igual, fue objetada por los abogados de seis implicados en el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber entregado a funcionarios gubernamentales, empresarios y legisladores para obtener contratos privilegiados en obras públicas.
La audiencia se conoce en la jurisdicción de primera instancia contra el empresario Ángel Rondón Rijo, el ex ministro Víctor José Díaz Rúa, el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; el ex presidente del Senado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Porfirio Andrés Bautista García; Juan Roberto Rodríguez Hernández y el ex senador Tommy Alberto Galán Grullón.
Los documentos donde se anuncian los archivos definitivos tienen las firmas del exprocurador Rodríguez y de Narciso José Escaño Martínez, procurador general de Corte de Apelación, que fungió como titular interino de la Pepca.
Durante una entrevista que concedió al programa de televisión El Día, Camacho cuestionó que los papeles no están numerados, a diferencia de los provisionales que se emitieron en 2018, bajo la firma de Laura Guerrero Pelletier, acción que consideró irregular.
Indicó que los autos de 2019 se informaron a los beneficiados con una firma en el mismo documento, a diferencia del archivo provisional que se notificó mediante acto de alguacil.
Los archivos de 2018 fueron notificados a todos los beneficiarios, pero en 2019, al menos en tres de esas personas, no hay constancia de que lo hayan recibido directamente, precisó.
Según el titular de la Pepca, la motivación jurídica de los archivos también muestra incongruencias. “Cuando uno revisa desde el punto de vista jurídico, uno se encuentra que la motivación que tienen estos archivos, nos debe llevar a un dispositivo de archivo provisional y no a un dispositivo de archivo definitivo”, dijo.
Agregó que, cuando se compara la causal que se utilizó con el contenido de los archivos, no hay congruencia en ambos elementos lo que los convierte en unos archivos irregulares.
Señaló que en los documentos se hace constar que los autos de archivo definitivo están fundamentados en el numeral 6, artículo 281, del Código Procesal Penal, “en razón de que, es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal”.
Camacho dijo que el caso está en investigación y que se aplicarán las consecuencias de lugar a las personas que participaron de ellos.
Explicó, además, que para su impugnación de parte de particulares, se debe acudir a un tribunal de primera instancia y no a la Suprema Corte de Justicia ni al Tribunal Colegiado donde actualmente se está conociendo el caso. INS
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