Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 28 de septiembre de 2020
P. Rico-Denuncian “intereses ocultos” tras la privatización de WIPR
San Juan, 28 sep (INS).- Junto a un grupo de empleados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y de directivos del Colegio de Actores de Puerto Rico, el representante Luis Vega Ramos denunció ayer “los verdaderos intereses ocultos tras la privatización atropellada de esa corporación pública”.
Los reclamantes hicieron un llamado a “detener el intento de liquidar los activos millonarios que el pueblo tiene en WIPR para beneficiar y lucrar a unas personas que aún no quieren identificarle al pueblo”.
El Colegio de Actores estuvo representado por su presidente, José Martínez, y por su tesorero, Daniel del Valle.
El Proyecto del Senado 1640, que también tiene un contraparte en la Cámara, ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) crear una corporación sin fines de lucro que llevará el nombre de “Corporación para la Difusión Pública”, que contará con autonomía fiscal y operacional, y autoriza la transferencia de todos los activos de WIPR a la nueva corporación.
La medida que privatiza WIPR permite vender, alquilar, gravar, enajenar o disponer de cualquier otra forma de los activos que conforme a esta ley venga en titularidad, sujeto a cualquier autorización requerida por la Comisión Federal de Comunicaciones.
Cede las licencias, antenas, edificios y toda propiedad a la entidad creada sin remuneración alguna al Estado. Se estima que se le estaría cediendo a la entidad creada entre 15 y 20 millones de dólares en activos de WIPR. Únicamente protege la titularidad del pueblo de Puerto Rico del Archivo Histórico.
“En medio del proceso de primarias, la gobernadora y el presidente del Senado dijeron que rechazaban la propuesta de la Junta Fiscal de vender WIPR y que se la traspasarían, junto con sus 15 ó 20 millones de activos, propiedad del pueblo, a una entidad sin fines de lucro. Lo que no dijeron es que esa corporación sin fines de lucro a la que se va a dar toda esa propiedad aún no se ha creado. No existe”, explicó Vega Ramos.
Añadió que “será creada por el propio gobierno; la gobernadora y el director de la Aafaf nombrarán a toda su junta de directores y entonces le traspasan todas las propiedades de WIPR. Es el mismo esquema del DMO en Turismo. Crearon una entidad aparte. La llenaron con personas cercanas y aportadores del partido de gobierno. Le regalaron 25 millones anuales en fondos públicos, por los que ahora el DMO no quiere rendir cuentas”.
El P. del S. 1640 fue presentado por la gobernadora el 18 de junio de 2020, a finales de la última sesión ordinaria para aprobación inmediata (medida de administración A-124). Fue referido a la Comisión de Gobierno del Senado; sin embargo, no fue aprobado en la última sesión ordinaria. La gobernadora lo incluyó en la corriente sesión extraordinaria.
El proyecto otorga a la Aafaf la potestad de incorporar la entidad sin fines de lucro con cinco miembros a la junta de directores, quienes serán unilateralmente nombrados por la gobernadora. La junta de directores, a su vez, tendrá la potestad de nombrar seis miembros para pertenecer al Comité Asesor.
Así también el P. del S. 1640 asigna fondos legislativos recurrentes para el manejo de la entidad sin fines de lucro: 100,000.00 para cubrir los gastos y actividades iniciales o un millón anual para los gastos y actividades de la entidad provenientes de la Ley del Fondo Lucy Boscana de producción de telenovelas, Miniseries y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.
Enmienda también la Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, creando un fondo especial de 800 mil dólares para la entidad.
El proyecto no garantiza el empleo de los aproximadamente 120 trabajadores de WIPR ni de los actores u otro personal que labora por servicios profesionales, durante la transición a la nueva entidad. Estos alegadamente tendrán prioridad para solicitar empleo en la nueva entidad, según las oportunidades de que disponga.
El proyecto no dispone nada sobre los derechos adquiridos de los empleados de WIPR que acepten trabajo en la nueva entidad.
Los empleados que no sean reclutados por nueva entidad serán reubicados o transferidos a otras entidades del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, conforme al concepto de movilidad y los mecanismos dispuestos en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como Ley para la Administración y Transferencia de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.
Sin embargo, los empleados de WIPR que no sean reclutados o que no acepten una oferta de empleo en la entidad creada, no serán despedidos ni perderán beneficios como consecuencia de la aprobación de la ley, lo que crea un limbo legal para los estos toda vez que no serán despedidos ni perderán beneficios, pero no tendrán trabajo.
“En el momento que Puerto Rico redescubre su necesidad por WIPR, tras el efecto de la pandemia en la educación y la falta de computadoras, internet y módulos en el DE, el gobierno quiere entregársela a un grupo de personas desconocidas para que puedan hacer lo que quieran, con sus activos y empleados incluso venderlos o despedirlos”, afirmó el legislador.
Vega Ramos cuestionó: “¿Quién se va a quedar con el lucro que produzca esa venta de activos? ¿Para beneficio de quién se usarán, si ya la entidad sin fines de lucro no tendría razón de ser ni capacidad de hacer nada?”.
“El PS 1640 se presentó casi a finales de junio. Pero desde el 4 de mayo yo había presentado la RCC 700 para ordenar al Departamento de Educación y a WIPR establecer un programa estructurado de educación por televisión y radio para los estudiantes del sistema público”, recordó el político del Partido Popular Democrático (PPD).
“Ése es el proyecto que debería aprobarse y no el 1640. De hecho, en días recientes hemos escuchado a otras figuras hacerse eco de nuestra propuesta de mayo, plasmada en la RCC 700. La gobernadora debería enmendar la sesión extraordinaria para incluir la RCC 700 y solicitar el retiro del PS 1640”, concluyó Vega Ramos. INS
P. Rico-Candidato del PIP presenta su programa de gobierno para la alcaldía de San Juan
San Juan, 28 sep (INS).- Adrián González Costa, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a la alcaldía de San Juan, presentó ayer la totalidad de su programa de gobierno para la capital, denominado “El San Juan donde Tú Decides”.
El título deriva de su principal propuesta económica, basada en el poder de decisión que tendrán las comunidades a la hora de asignar las partidas presupuestarias del más de medio billón de dólares que componen el presupuesto municipal.
“Propongo un San Juan en el que las propias comunidades tendrán el poder absoluto en la toma de decisiones en cuanto a la administración del presupuesto municipal. Actualmente ese es el gran problema del municipio, que distribuye 632 millones de dólares sin conocer las necesidades inmediatas de las comunidades”, señaló el abogado.
Agregó que el punto de partida de su programa de gobierno es el “plan Libre (Local, Inclusivo para el Bienestar y Redesarrollo Económico), como modelo para el redesarrollo económico de la ciudad y la primera propuesta que presenté en junio de este año, propuesta que está acompañada por la creación del Banco de Desarrollo Municipal, a través de una empresa municipal para poner a la disposición de la gente el dinero que aportó al municipio”.
El programa de 53 páginas, se divide y aborda los siguientes temas:
Reforma gubernamental, desarrollo económico, salud, equidad e igualdad, ambiente y recursos naturales, seguridad, educación, patrimonio, asuntos comunitarios, desplazamiento de comunidades, Río Piedras, Santurce y juventud y deportes.
González Costa precisó que su programa recoge el trabajo de muchos años escuchando diversos sectores y destacó que el concepto de participación real surge tras su experiencia como legislador municipal de San Juan, que le permitió conocer de primera mano “lo atropellado y ligero que es el proceso de asignaciones presupuestarias”.
“Hay elementos bien importantes, como tener como primer enfoque una reforma gubernamental que permita optimizar los recursos humanos del municipio, a la vez que se ahorra dinero, crear un plan de prevención de desastres, el establecimiento de protocolos para prevenir la violencia de género y el discrimen en todos los ámbitos del municipio”, recalcó.
Añadió que también incluye “la revitalización de Río Piedras, fomentar el rescate de los espacios públicos, garantizando el mantenimiento de las vías de rodaje, aceras y parques, pero todo desde la óptica de la ciudadanía, que tendrá el poder decisional, el San Juan donde tú decides” concluyó. INS
P. Rico-Políticos del PPD crean portal para reclamar divulgación de contratos en la Cámara de Representantes
San Juan, 28 sep (INS).- Los candidatos a representantes Manuel Calderón Cerame, Juan Torres Montalvo y Ángel “Tito” Fourquet, del Partido Popular Democrático (PPD), informaron ayer sobre la creación de un portal cibernético en el que los ciudadanos pueden exigir a sus representantes la divulgación de información concerniente a los contratos que tienen sus respectivas oficinas en la Cámara.
Esto, “debido al sinnúmero de casos de corrupción que se han suscitado y leer las cartas radicadas en la Secretaría de la Cámara en las que se exige a su presidente, Carlos Méndez, que haga pública la información de los contratos y nómina de ese cuerpo legislativo. De tal manera que se creó el portal www.transparenciaenlacamara.com para que los puertorriqueños puedan someter su petición de acceso a esta información pública”, dijo Calderón Cerame.
El candidato por el precinto 4 de San Juan agregó que “este planteamiento va en la dirección de que se sepa toda la información concerniente a lo que la actual mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) hace con los fondos del presupuesto de la Cámara de Representantes”.
“Uno de los compromisos que yo he hecho como candidato a representante es divulgar toda mi estructura legislativa en conjunto con un desglose de los sueldos y toda la contratación. Esto contrasta con el patrón del actual representante del precinto 4 y con el comportamiento del presidente de la Cámara, en momentos donde han tenido que renunciar varios representantes del PNP por corrupción”, afirmó.
Mientras, Juan Torres, candidato del PPD al distrito 14, indicó que “han sido muchos los ciudadanos que se han expresado indignados y preocupados por los arrestos de varios miembros de la Cámara por presuntos esquemas contrarios a la ley. El pueblo reclama saber cómo se invierte cada centavo que estos aportan como contribuyentes, por lo que este portal es una herramienta más para que puedan realizar la petición de divulgación de información”.
Torres Montalvo reconoció que “aunque cada representante tiene la libertad de contratar el personal de su oficina, es meritorio atender el reclamo directo y específico que hizo el pueblo al presidente cameral Carlos Méndez a través de una carta radicada en la Secretaría de la Cámara”.
En la misiva solicitaron:
-Una lista de todos los proveedores de servicios contratados por la Cámara.
-Las horas facturadas por estos y si rinden servicios directos o a través de una compañía.
-Una lista de personas/individuos contratados como servicios profesionales por la Cámara de Representantes.
-Los salarios, aumentos autorizados y tiempo facturado.
“La carta a la que hemos tenido acceso expone que cinco representantes electos del PNP defraudaron a los electores y militantes de esta organización, quebrantando la confianza de un pueblo que esperaba las más transparentes políticas administrativas y medidas anticorrupción por parte de la legislatura del PNP. Lamentablemente, esas acciones dejan mucho que desear y se alejan de lo que debe ser un servidor público honesto”, añadió Fourquet.
“La información que estos compueblanos solicitan es pública y no está cubierta por ninguna disposición de confiabilidad. Por eso nos sumamos a este esfuerzo ciudadano y le exigimos al presidente Méndez Núñez que sea transparente y abra los libros para que podamos evaluar la veracidad de las acciones reseñadas por la prensa durante los pasados meses”, concluyeron los candidatos populares. INS
P. Rico-Gobernadora anuncia pago especial de 39.40 dólares a cada uno de los participantes del PAN
San Juan, 28 sep (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario de la Familia, Orlando López Belmonte, anunciaron ayer que las familias participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) con casos activos a septiembre de 2020 recibirán un pago especial de 59,274,499 dólares, que beneficia directamente a 836,990 familias en la isla.
El desembolso se realizará a partir de mañana.
“Este pago especial programado para esta semana obedece a la redistribución de recursos que se reservan para atender emergencias y recursos disponibles de otras partidas sobrantes al cierre del año fiscal federal, que finaliza el 30 de septiembre. Todos los recursos siempre se dirigen en beneficio de las personas que reciben la ayuda por parte del Departamento de la Familia”, manifestó la primera ejecutiva.
El PAN es administrado en la isla por la Administración de Desarrollo Socioeconómico (Adsef) del Departamento de la Familia y recibe una asignación en bloque determinada por la Ley de Agricultura federal.
Este año, el programa recibió 298 millones de dólares en fondos adicionales mediante una asignación del Congreso de los Estados Unidos a través de Cares Act y el Family First Act, fondos que distribuyeron en junio, julio y agosto a las familias participantes.
“El beneficio que recibirá cada participante en el núcleo familiar de este pago especial es de 39.40 dólares, que será depositado en la Tarjeta de la Familia, según el último dígito de seguro social del jefe de familia identificado en el programa, por lo que no tiene que realizar ninguna gestión para recibirlo”, explicó el secretario.
Mientras, el administrador de Adsef, Alberto Fradera Vázquez, detalló que, “los participantes del PAN cuyo último dígito de seguro social termine en 0, 1 y 2 verá reflejado el depósito el lunes 28 de septiembre. Mientras que los beneficiarios con último dígito de seguro social que finalice en 3, 4, 5 y 6 recibirán el pago el martes. Por último, los participantes con último dígito de seguro social 7, 8, y 9 podrán acceder el pago especial el miércoles 30”.
Fradera Vázquez señaló que esta emisión no representa un beneficio fijo y que solo se verá reflejado en las fechas antes indicadas, pero representa un alivio ante la reducción en beneficios que los participantes experimentaron este mes, cuando se regresó al beneficio básico.
“Esta es una emisión especial que aunque se recibe una sola vez, representa un alivio a las 836,990 familias participantes que este mes vieron sus beneficios reducidos al finalizar en agosto los fondos recibidos por la pandemia”, explicó.
También recordó a los participantes que esta emisión especial es el último pago que tendrá un cinco por ciento disponible para acceder en efectivo, ya que el 1 de octubre finaliza el acceso al efectivo y los beneficios serán en un 100 por ciento para la porción de alimentos en la tarjeta.
Al 27 de septiembre de 2020 el PAN brinda asistencia a 836,990 familias en las cuales hay 1,503,093 participantes a través de la isla. INS
P. Rico-Jenniffer González apuesta por la infraestructura como motor económico y herramienta de justicia social
San Juan, 28 sep (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, detalló ayer su propuesta sobre infraestructura para su segundo cuatrienio en el Congreso, que tiene como pilares mover proyectos de aguas, optimizar la red eléctrica, asegurar recursos para construcción y mejoras a las carreteras, proyectos de control de inundaciones, maximizar el uso y agilizar el desembolso de fondos federales.
“Para los planes de desarrollo económico y social es indispensable contar con una infraestructura robusta, sólida y resiliente, como por ejemplo en el ámbito comercial como parte de mi propuesta de traer la manufactura y en el ámbito cotidiano como contar con unas carreteras en óptimas condiciones y protección de nuestras residencias y negocios de las inundaciones”, afirmó la política.
Agregó que “el mantenimiento y construcción de la infraestructura son una fuente importante de empleos y un atractivo para la inversión. Por eso presento estas iniciativas donde apuesto a la infraestructura como motor económico y herramienta de justicia social”, expresó la congresista.
Luego de la devastación causada a la infraestructura por el huracán María, la comisionada reenfocó su agenda en el Congreso para dar prioridad a la reconstrucción. Tanto fue así que luchó y consiguió formar parte del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal. Trajo a la isla a decenas de delegaciones con cientos de congresistas y miembros de la administración para que constataran los daños y se pudieran unir esfuerzos.
Se prevé que durante el próximo Congreso se discuta una medida para actualizar y mejorar la infraestructura para toda la nación, bajo los principios de resiliencia y sostenibilidad. Teniendo la desventaja de ser una colonia, Puerto Rico no está incluido automáticamente en la asignación que les corresponde a los Estados. La comisionada dijo que será prioridad para ella que Puerto Rico sea incluido en la legislación final, con una partida que equivalga a las necesidades y prioridades del territorio.
El objetivo de ser incluidos en esa legislación es la construcción de viviendas y rehabilitación de viviendas existentes; construcción de carreteras, puentes y rehabilitación de los existentes; construcción, rehabilitación y reemplazo de infraestructura de los cuerpos de agua que brindan agua potable; construcción, rehabilitación y reemplazo de la infraestructura del sistema eléctrico.
Además, construcción, rehabilitación y reemplazo de instalaciones que proveen servicios directos a la ciudadanía, ya sean centros u oficinas gubernamentales o de municipios, así como hospitales, escuelas, alcantarillado, entre otros; implementación o expansión de cobertura de banda ancha; e implementar o expandir la transportación pública, así como promover conectividad con diferentes opciones de transportación.
Revitalización urbana
Para atraer la actividad económica a los cascos urbanos, la comisionada propone un plan integrado. Para ello coordinará con el Departamento de Vivienda federal (HUD) aumentar los recursos federales en el desarrollo de los centros urbanos y con los municipios y agencias estatales que estos tengan la ayuda necesaria para conocer y solicitar todos los fondos disponibles.
Además de completar y reforzar los sistemas de transportación colectiva que se puede hacer con programas federales como el Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST Act), cuya extensión se verá en el próximo Congreso, donde la congresista se compromete a trabajar por extender este programa y porque se le autoricen mayores recursos.
Ya en la versión sustitutiva del FAST Act que comenzó a trabajarse en este Congreso, el Invest in America Act, la comisionada había logrado insertar cinco de sus enmiendas que buscan fondos para proyectos de eficiencia de agua y energía, permitirle a Puerto Rico funcionar bajo los mismos estándares en ciertos programas de capacitación y seguridad en el transporte, acceso a data para entender las necesidades del tráfico, alentar proyectos de gestión y operaciones de sistemas de transporte multimodal o ecoamigables.
La comisionada se compromete a insertar a Puerto Rico en esta ley, lo que ayudaría como acceso a más fondos para mejoras y construcción de carreteras, aceras, caminos peatonales, carriles y caminos para ciclistas; mejoras a las facilidades del transporte público, rehabilitación, adquisición y diversificación de nueva flota de vehículos.
Además de crear la infraestructura que provea la energía eléctrica o de gas natural, cual puede ser usada tanto para vehículos públicos, como llegar a acuerdos para proveer esta fuente de energía a flotas del sector privado.
Reconstrucción de la red energética
Para lograr el acuerdo entre FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por 10.5 mil millones y el acuerdo con el Departamento de Educación por 2.3 mil millones, la comisionada intervino directamente desde el Congreso para su aprobación y trabajó mano a mano con las agencias federales y la Casa Blanca para lograr la firma y acuerdo final.
La AEE tiene asignado 1.9 mil millones en fondos bajo el CDBG-DR del HUD fondos adicionales para mejoras del sistema eléctrico para un total de 12.4 mil millones en inversión federal logrados en este cuatrienio.
La congresista trabajará no solo con el gobierno federal sino también con el gobierno estatal para lograr una infraestructura energética a la par con los tiempos.
La intención es que asegure:
-Suplido energético confiable y estable que permita el desarrollo de la manufactura y el comercio.
-Reducción de los costos a un nivel competitivo para la manufactura y justo para el pueblo.
-Diversificación de las fuentes energéticas.
-Integración de la energía renovable junto con la conversión a gas natural de las plantas de combustión.
-Construcción de una red de transmisión y distribución capaz de recuperarse rápida y efectivamente de cualquier desastre y que reduzca los apagones constantes.
“Exigiré de las agencias federales responsables del área energética fiscalización efectiva de la reconstrucción del sistema con un sentido de urgencia. Me aseguraré que en este proceso los municipios, las comunidades y la AEE tengan acceso a las asignaciones y propuestas disponibles para el desarrollo de sistemas y redes con iniciativas innovadoras”, dijo la comisionada residente.
Añadió que “una combinación de los fondos ya asignados a través de FEMA, los Presupuestos Suplementarios y CDBG-DR, con los fondos de créditos y propuestas que se abran cada año, será vital para lograr esto”.
Efectividad de los abastos de agua
La congresista se apresta a continuar trabajando con las agencias estatales en identificar asignaciones y préstamos federales para poner en efecto proyectos como el dragado periódico de todos los embalses, la protección de las cuencas hidrográficas de los embalses y mejoras a las plantas de filtración, entre otras.
Mitigación de riesgo de inundaciones
La comisionada ha logrado encaminar junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) trabajos para mitigar la amenaza de inundaciones, proveyendo seguridad a miles de familias en Puerto Rico, así como para inversionistas.
El Cuerpo de Ingenieros previo a 2017 había invertido 1.5 mil millones en obras en Puerto Rico durante múltiples décadas. Luego del huracán María, la comisionada logró que se asignara sobre 2.562 mil millones tan solo en la asignación suplementaria por desastre bajo el Bipartisan Budget Act 2018 (BBA2018).
Estos fueron cubiertos al 100% por fondos federales, lo que permitió retomar muchos proyectos que llevaban años pendientes.
Entre los proyectos continúan trabajándose se encuentran: río La Plata – $500 millones, río Puerto Nuevo $1.585 mil millones, dragado puertos de Arecibo (completado) y Mayagüez (en proceso) $6 millones; proyectos de protección costera Parcelas Suárez, Loíza – $4.56 millones; proyectos completados: reparación de diques en Barceloneta – $5 millones y en Yauco – $2 millones, dragado de escombros en el rio Puerto Nuevo $11.3 millones, quebrada Salud, San Germán – $2 millones.
Estudios completados y recomendación positiva del Jefe del Cuerpo: río Guayanilla; Estudio de $3 millones, completado – asignación próxima: lograr aprobación de $155 millones en presupuesto regular para construcción de obra; río Culebrinas (Aguada/Aguadilla); estudio de $400,000 completado – asignación próxima: lograr aprobación de $26.5 millones en presupuesto regular para construcción de obra.
Proyectos en la fase de planificación y prediseño: río Guanajibo (Mayagüez- Hormigueros) – $60 millones de BBA 2018; río Nigua (Salinas) –$60 millones de BBA 2018; río Grande de Arecibo – $82.9 millones bajo BBA 2018; el mejoramiento de la navegación por la Bahía de San Juan, por donde llega el 85% de nuestra carga importada – $40.6 millones
“Todavía hay otras cuyos estudios ya fueron realizados y esperan la determinación de Usace, y como comisionada residente me comprometo a que, si la recomendación resulta favorable, trabajar con el Cuerpo de Ingenieros para lograr la aprobación de la obra, la asignación de fondos, una mejor proporción federal/local y para que estos sean prioridad para el Cuerpo de Ingenieros”, dijo González Colón.
El caño Martín Peña
En el 2017, la comisionada anunció 750 mil dólares para adelantar el proyecto de restauración de ecosistema del caño Martín Peña; en el año fiscal 2018 se otorgaron 849 mil dólares bajo la cuenta de Investigaciones para continuar con la etapa de diseño.
Además, González Colón ha asegurado lenguaje en legislación para asegurar las asignaciones de fondos, y se comprometió en continuar enfatizando e informando sobre la importancia de este proyecto para las ocho comunidades del caño, el municipio de San Juan y municipios aledaños.
Este año, consiguió que el Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara aprobara su versión del WRDA 2020 e incluyera modificar la cantidad autorizada para que reflejara el costo obtenido por medio del estudio de viabilidad que concluyó en 2016.
Por tal razón, la versión de la Cámara de WRDA 2020 enmienda el lenguaje de autorización de 2007 y aumenta el costo autorizado para el Proyecto del caño Martín Peña a 232,430,000 dólares.
Además, se incluyeron tres proyectos de mitigación de riesgo de inundaciones para su terminación expedita y radicación de informe que son las fases previas a la planificación de construcción y diseño del Cuerpo de Ingenieros: río Guayanilla, río Grande de Manatí en Ciales; y río Culebrinas en Aguada y Aguadilla.
Agilización y extensión de uso de los fondos federales
La comisionada señaló que ha estado trabajando con el Comité de Asignaciones para monitorear el uso de los fondos CDBG-DR. De seguir acercándose la fecha límite para la utilización de los fondos conseguidos por la comisionada y ver que Puerto Rico necesita más tiempo para utilizarlos, se trabajará junto al Comité para extender el término de uso de fondos aún más.
Hay que recordar que Puerto Rico tiene la asignación de fondos CDBG-DR más grande en la historia de este programa. Como bien ha indicado el señor Irving Dennis, el principal oficial financiero de HUD, utilizar los fondos toma tiempo.
La congresista adelantó que presentará legislación para que los fondos CDBG-DR puedan ser utilizados por el Estado para todas las necesidades insatisfechas sin importar el desastre que haya causado cada daño en particular. Al igual que la fungibilidad de todos los fondos de emergencia que sean destinados para atender alguna emergencia producto de un desastre natural en las islas.
Seguirá impulsando garantizar los fondos necesarios para la recuperación de las partes afectadas por la devastación de los terremotos y también para la reconstrucción de infraestructura duradera y fondos para la ayuda alimentaria.
Para evitar problemas y dilaciones como las que venimos enfrentando desde los huracanes Irma y María en el desembolso de fondos federales para la reconstrucción, legislará en el Congreso para enmendar las secciones 406 y 428 de la Ley Stafford a los fines de que se pueda utilizar el pareo global (mejor conocido como “Global Match”) para los fondos de Asistencia Pública bajo estos programas.
De esta manera, el gobierno no aportaría el 10% del costo de cada obra sino el 10% del desastre total y el mismo puede ser cubierto por cualquier partida sobrante de fondos federales, como CDBG-DR.
Esto aliviaría la carga en el gobierno local, aceleraría el proceso de llegar acuerdos y el desembolso de todos los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para proyectos de mitigación.
Finalmente, trabajará con el liderato congresional y con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) para realizar una auditoría a las agencias federales FEMA y HUD para determinar si implementaron los mejores procesos para garantizar la utilización efectiva, eficiente y expedita de los fondos de reconstrucción, y determinar si tomaron acciones deliberadas o dirigidas a detener o retrasar las ayudas a Puerto Rico. INS
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