Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 22 de septiembre de 2020
P. Rico-Obtiene victoria legal UNETE ante cientos de casos pendientes de solución en Educación
San Juan, 22 sep (INS).- El Departamento de Educación reaccionó a través de su División Legal y su Oficina de Apelaciones (OASE), ante un recurso legal de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, dirigidas a atender los casos de maestros que reclaman justicia a través del debido proceso de ley.
La presidente de UNETE, Liza Fournier Córdova, expresó que “hace más de un año, antes de la pandemia del Covid-19, existen cientos de casos de maestros que esperan por que se realicen vistas administrativas de maestros amenazados con ser destituidos, maestros con medidas cautelares y maestros destituidos injustamente”.
“La inacción de estos casos ha causado ansiedades, enfermedades y ausencia de salario en muchos casos de maestros querellados”, subrayó la dirigente del gremio sobre el caso José Mercado Ginorio vs Departamento de Educación.
El recurso legal establece que las circunstancias creadas por la crisis de la pandemia del Covid-19 no deben impedir el ejercicio al derecho de los maestros a un debido proceso de ley en la adjudicación de los casos pendientes de solución ante la División Legal y la OASE del Departamento de Educación.
“Solicitamos al tribunal que ordene a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y al secretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón, evaluar, aprobar y habilitar el plan de emergencia del Departamento de Educación. Antes de radicar el caso, el 3 de julio de 2020, se les había requerido a ambos funcionarios las acciones pertinentes para atender esta situación”, dijo.
Fournier Córdova añadió que el requerimiento de acción incluía al Secretario de Educación por el incumplimiento con la Ley 85 de 2018 que le exige a su Oficina de Apelaciones (OASE) que atienda los casos antes de 90 días.
“Cientos de casos fueron radicados el año pasado y no han sido atendidos. Las órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora, Wanda Vázquez, desde el mes de mayo requería a las agencias el establecimiento de guías para servicios esenciales o de emergencia. Es decir, cada agencia tenía que establecer un protocolo de seguridad o un plan de emergencia. No es hasta que UNETE radica el mandamus, que actúa el Departamento de Educación y la Gobernadora”, agregó.
UNETE reclamó como un triunfo la acción de su equipo legal que ha provocado que Educación emita el documento de guías enmendadas para la tramitación del procedimiento de vistas administrativas informales de forma remota (teleconferencia).
Esto permite, explicó, que se continúen los procesos de cientos de casos detenidos por la inercia de la división legal de Educación y el incumplimiento de su Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE).
“Ya no hay excusas en el Departamento de Educación para que se atiendan unos casos y otros no. El proceso de justicia en beneficio del servicio educativo que ofrecen los maestros requiere de acciones inmediatas, sin dilaciones injustificadas. Esperamos que esta victoria viabilice, con las debidas medidas de salud y seguridad, la atención a cientos de casos de empleados”, ratificó la dirigente magisterial. INS
P. Rico-Candidata a representante Eva Prados consigue que la Asamblea Legislativa comience a entregar información de su personal
San Juan, 22 sep (INS).- La candidata a legisladora Eva Prados, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), consiguió ayer, luego de un mes de espera que la Cámara de Representantes comience a entregarle información del personal de la Asamblea Legislativa.
Aspirante por el Distrito Representativo 3 de San Juan confirmó que recibió de parte del cuerpo legislativo una primera lista de los empleados activos, pero sin los salarios ni las oficinas para las cuáles trabajan, tal como reclamó.
La solicitud original se pedía el nombre, la posición, el salario y la fecha de contratación de los empleados y empleadas de la Cámara de Representantes desde el 1 de enero de 2013 al presente, incluyendo aquellos en oficinas de legisladores y en comisiones legislativas.
Según la respuesta de Moisés Cortés-Rosado, administrador de la Cámara, el resto de la información será entregada próximamente.
La comunicación de la Cámara de Representantes responde al reclamo de transparencia hecho por la candidata a representante, abogada de profesión, recurrió hace varias semanas a los tribunales exigiendo que Cámara y Senado hicieran disponible la información en sus respectivas páginas web para el libre acceso a cualquier persona.
Todavía el Senado de Puerto Rico no ha contestado la solicitud de información.
“Celebramos que la Cámara está comenzando a entregar la información pública solicitada sobre el personal bajo su administración, como debe ser, porque estamos hablando de un derecho protegido por nuestra Constitución. Sin embargo, el pueblo sigue pendiente de conocer cuáles son los salarios de este personal y en qué oficinas trabajan o trabajaron, no sólo durante este cuatrienio sino también el anterior”, señaló la candidata a la Cámara de Representantes por el precinto 3 de San Juan del MVC.
Prados manifestó que también “nos preocupa que esta información no esté publicada en las páginas webs del Capitolio y tenga que ser a través de un proceso burocrático y lento” que se fuerce su divulgación.
“Es una vergüenza que en pleno siglo 21, con tanta tecnología, no pueda cualquier persona hacer una búsqueda en Internet sobre el personal y salarios en la Rama Legislativa de Puerto Rico. Estamos hablando de nuestros fondos públicos y de información que pertenece al pueblo y debe estar disponible para cada uno de nosotros. Eso es una señal clara de que el país está en las manos equivocadas”, dijo al anunciar que hará públicos los datos en su página web www.EvaPrados2020.com que recibió.
Prados reiteró que, ante las recientes acusaciones por corrupción en la Cámara y a semanas de las elecciones generales, insistirá hasta que el pueblo tenga la información disponible.
Señaló que espera haber recibido el resto de las listas de empleados y datos de salarios antes de que concluya la semana.
Ambos cuerpos legislativos, según informes periodísticos, tienen un esquema de intercambio de parientes para evadir la práctica de nepotismo. INS
P. Rico-Defiende González Colón enmienda para extender el acceso a fondos de Medicaid
San Juan, 22 sep (INS).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, presentó una enmienda al H.R. 8319, legislación que busca financiar el gobierno federal, para que se permita usar en el próximo año fiscal los fondos de Medicaid autorizados por el Congreso de este año fiscal que culmina el 30 de septiembre.
“Ante la denegación de la Junta de Control Fiscal con los $1.1 billones para uso en el programa de Medicaid, radiqué hoy (ayer) una enmienda en el Congreso que permita al gobierno de Puerto Rico utilizar esos dineros en el próximo año fiscal”, dijo.
La delegada ante el Congreso afirmó que “como siempre estoy dando la pelea, para que los demócratas que controlan la Cámara acepten mi enmienda para que se incluya en la Resolución Continua de Presupuesto que se está considerando y poder corregir la denegatoria de la Junta de Control Fiscal con estos fondos”.
Hizo hincapié en que ya había conseguido los fondos de la tarjeta de salud para el próximo año fiscal, por lo que “en ningún momento esos fondos que ella consiguió estuvieron en riesgo”.
Los otros programas que se le propondrán a la Junta usar los fondos adicionales conseguidos por la comisionada serían: vacunas para adultos (no solo para adultos mayores), ampliar la cobertura sobre la condición de diabetes (para incluir tiritas, glucómetros y otros) y el non emergency transport— para poder llevar a los pacientes a sus citas médicas cuando no tienen transportación.
La comisionada presentó su enmienda en la vista del Comité de Reglas que se celebró en este día de manera virtual, donde hizo un recuento de cómo logró unir voluntades para evitar el llamado precipicio en que caería el Medicaid en Puerto Rico por la falta de fondos.
Los fondos conseguidos, dijo la comisionada, son los $295.9 millones-en mayo de 2017; $4,800 millones en febrero de 2018, con pareo de 100% por parte del gobierno federal (FMAP), para cubrir dos años; aseguró la extensión de 100% del FMAP hasta el 20 de diciembre de 2019; $5,700 millones en diciembre de 2019 por los próximos dos años, la cantidad más grande en la historia, con un aumento del pareo federal 76% FMAP, antes era 55 por ciento.
En el momento en que se iniciaron estas negociaciones con el Congreso en la primavera de 2019, el Gobierno de Puerto Rico hizo la solicitud con base en proyecciones para todo el año. Sin embargo, los fondos se autorizaron a los 3 meses del año fiscal y Puerto Rico utilizó otros fondos federales para pagar Medicaid durante ese período y hasta febrero de 2020.
Por lo tanto, cuando el Congreso autorizó los fondos para Medicaid de Puerto Rico a fines de diciembre, las cantidades para el año fiscal 19-20 incluidas en el proyecto de ley no se ajustaron al período de tiempo real en el que se gastarían los fondos y, por lo tanto, incluyeron los gastos proyectados para varios meses que Puerto Rico no podría gastar.
De los fondos autorizados por el Congreso en diciembre de 2019, alrededor de $700 millones fueron para nuevos programas que debían ser autorizados por el Centro para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS). Los fondos asignados a estos nuevos programas también se basaron en un presupuesto anual.
CMS tomó algún tiempo para autorizarlos, incluso uno de ellos aún está pendiente. por lo tanto, el dinero presupuestado para gastar en esos programas no pudo comenzar a usarse hasta fines del verano.
Bajo PROMESA, estos programas también requieren la aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. La Junta aún no ha autorizado estos programas, por lo que Puerto Rico aún no ha desembolsado estos fondos. Algunos de estos programas tendrán efecto retroactivo, pero incluso esos pagos están esperando la aprobación de la Junta; una vez autorizado, se pagará una gran cantidad de dinero no utilizado.
El más grande de los nuevos programas fue un plan para aumentar el nivel de pobreza de Puerto Rico para la elegibilidad de Medicaid del 40% al 85% del nivel de pobreza federal. La Junta informó recientemente a ASES que el programa no sería aprobado.
No hay suficiente tiempo este año fiscal para solicitar la autorización de CMS para gastar estos fondos en otros programas nuevos y el dinero asignado a este programa no podrá gastarse este año fiscal.
ASES ha identificado una lista de programas que podrían implementarse de manera prospectiva con los fondos, en lugar del aumento del nivel de pobreza, pero, debido al tiempo que le toma a CMS aprobarlos, no estarán listos antes del final de este año fiscal.
La comisionada solicitó al Comité que “permita esta enmienda, que le permitiría a Puerto Rico utilizar los fondos federales no gastados del año fiscal en curso en el próximo año fiscal y la inversión para los fines que el Congreso los destinó: proporcionar un mejor sistema de salud para el país. residentes de Puerto Rico”. INS
P. Rico-Surge Legal Coop, bufete de abogados constituido como cooperativa
San Juan, 22 sep (INS).- Luego de 20 años operando como el bufete Colón Morales & Padial (CMP), y dadas las trayectorias y conocimientos amplios relativos a la filosofía cooperativista y el derecho cooperativo de sus integrantes, recientemente CMP se reorganizó como una cooperativa al amparo de la Ley de Sociedades Cooperativas, bajo el nombre de Legal Coop.
“Ahora somos Legal Coop, el único bufete en Puerto Rico organizado como una cooperativa, para servir al movimiento cooperativo y a nuestros clientes, en general, así como a cualquier otro sector, desde esta nueva estructura cooperativa”, indicó el licenciado Rubén Lucena Quiles presidente ejecutivo de la nueva cooperativa de servicios legales.
Legal Coop está integrado por cuatro abogados y una administradora, siendo todos socios fundadores de la cooperativa.
La nueva cooperativa está integrada por los licenciados Rubén Colón Morales, Roberto Padial Pérez, Rubén Lucena Quiles y Aura Colón Solá, y la administradora, Kimberly Aguayo Rodríguez.
Particularmente a los licenciados Colón Morales y Lucena Quiles se les considera entre los abogados con mayor experiencia cooperativista en el país.
Colón Morales es profesor en la Escuela de Derecho de la UPR y en el Instituto de Cooperativismo, y ha sido asesor de varias cooperativas o de sus juntas de directores.
Mientras, Lucena Quiles laboró como asesor legal interno para la entonces Administración de Fomento Cooperativo, y ha manejado asuntos legales para cooperativas y entidades relacionadas al movimiento cooperativo.
“La decisión de reorganizarnos como Legal Coop surgió principalmente como una respuesta a las necesidades legales identificadas entre la comunidad cooperativista y nuestro deseo de contribuir a un mejor Puerto Rico, guiado por los principios y valores que rigen al movimiento cooperativo”, subrayó su presidente ejecutivo.
Sobre el surgimiento del nuevo bufete legal cooperativo, Lucena Quiles apuntó que igualmente les motivó la creación -para todos sus socios y socias- de un espacio de trabajo digno y estable a través de un modelo empresarial autogestionado y manejado democrática y justamente, como lo son las cooperativas. Acotó además que se reorganizaron “en armonía con los principios de solidaridad y justicia social que definen al movimiento cooperativo internacional”.
Asimismo, mencionó que la pandemia y las crisis económicas provocadas por los recientes fenómenos atmosféricos “crearon el escenario para que la nueva estructura cooperativa permitiera la retención de plazas de trabajo en la firma, a la vez que promueve un entorno laboral equitativo y estable.”
Es por ello que, como parte de los servicios que Legal Coop estará ofreciendo, se encuentra el de asistir y asesorar a aquellas entidades o grupos que interesen explorar el modelo cooperativo como alternativa de organización empresarial.
Indicó Lucena Quiles que “como el único bufete cooperativo del país, planificamos compartir con todos nuestros asesorados, y con el movimiento cooperativo en general, los conocimientos y experiencias que hemos acumulado a largo del tiempo, tanto en lo referente a derecho cooperativo como a aquellas otras áreas del derecho que hasta ahora hemos manejado para nuestros clientes”.INS
P. Rico-Presidente de la Cámara afirma que Soto García afronta “cuesta bien empinada” en proceso para ser confirmado como contralor y opina que funcionario carece de “profundidad”, mientras que CPA lo rechazan
San Juan, 22 sep (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, señaló que el designado contralor Osvaldo Soto García tiene “una cuesta bien empinada que subir porque tiene que compararse con pasados contralores como Manuel Díaz Saldaña, Ileana Colón Carlo, contralores probados y con una alta credibilidad en este país”.
Las expresiones de Méndez Núñez se dieron durante un aparte con los medios de comunicación mientras era analizado el nombramiento en una audiencia pública.
El líder político sostuvo que la presentación del designado ante la Comisión de Nombramientos que preside no le convenció, ya que careció de “profundidad”.
“La Oficina del Contralor es un puesto de diez años, tiene una responsabilidad bien grande con el pueblo de Puerto Rico y yo creo que tiene que convencernos, que darnos a nosotros las bases sólidas para cuando defendamos ese nombramiento tengamos la certeza, no solamente la certeza intelectual, sino la certeza moral de que esa persona que va a ocupar ese cargo por los próximos diez años tiene la estatura de pasados contralores”, dijo Méndez Núñez.
Soto García indicó que la Constitución no requiere que el designado sea un contador público autorizado (CPA), al puntualizar que “exigir un requisito, que la propia constitución y la ley no exigen, es ir en contra de la constitución y la ley misma”.
No obstante, tuvo que admitir que de igual manera, no se le requiere al secretario de Salud tener estudios en medicina, pero es necesario ese conocimiento, lo que fue duramente criticado por todos los representantes de mayoría y minoría, debido a la gran responsabilidad que conlleva estos puestos.
“Usted podría ser jefe de cualquier agencia de Puerto Rico, según usted”, mencionó el representante Denis Márquez Lebrón, a quien el deponente tuve que admitirle que no cuenta con experiencia como contador público autorizado o licenciado en derecho, que nunca ha litigado en los tribunales y que a pesar que es miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude, no cuenta con la certificación que valide alguna experiencia en el campo.
Ante ello, Márquez opinó que “es una soberana irresponsabilidad de la gobernadora de Puerto Rico haberlo nominado, porque esto es un premio político a su jefe mayor de comunicaciones, estamos hablando que estamos en el siglo 21, estamos en un país complejo y la persona que debe dirigir esa oficina debe ser una con vastos conocimientos en el área para ser un ejemplo para sus empleados y un ejemplo de modernidad”.
Las declaraciones fueron secundadas por el representante Manuel Natal Albelo.
Por su parte, el representante José Aponte Hernández, informó que no se siente convencido de la designación: “Lo que ha presentado hasta el momento no solamente a mí, sino a todos los miembros de comisión que le hemos preguntado, no es satisfactorio a favor de su designación. Una cosa es lo que requiere la Constitución y otra cosa es la realidad de lo que se trata la responsabilidad del cargo”, debido a que tan siquiera tiene experiencia realizando auditorías.
Mientras que el excontralor Manuel Díaz Saldaña, así como la CPA Rosa Rodríguez Ramos, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico; y el catedrático en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico y también CPA José Gonzalez Taboada, rechazaron el nombramiento.
En específico, Díaz Saldaña expresó que ante la designación “quedé muy sorprendido. Al revisar sus credenciales noté que no posee la preparación y experiencia en el campo de la contabilidad y de la auditoría”, tal y como es exigido por las normas de auditoría Generally Accepted Goverment Auditing Standards (GAGAS), mejor conocido como “Yellow Book” y que fueron establecidas como requisito de las auditorías de la Oficina del Contralor mediante la Ley 243 de 2015.INS
P. Rico-Asociación de Laboratorios Clínicos solicita investigación a la junta de directores de la ASES debido a que la agencia no ha atendido múltiples querellas presentadas por la organización
San Juan, 22 sep (INS).- Ante la inacción de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para atender múltiples querellas presentadas por la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), la organización solicitó una investigación a la junta de directores de ka agencia para que realicen las gestiones pertinentes con la diligencia que amerita, indicó el presidente de la entidad, Juan Rexach.
“Desde abril hemos presentado querellas en ASES para que se investiguen las acciones discriminatorias y abusivas de las aseguradoras del país y esta agencia se ha hecho de la vista larga. Por ello, presentamos esta solicitud de investigación ante la Junta de Directores, encabezada por el secretario de Salud Lorenzo González, de quien esperamos su intervención para que haga valer las funciones esenciales de esta agencia”, sostuvo Rexach.
De acuerdo con la solicitud presentada, entre los asuntos sin resolver por la ASES está la determinación arbitraria de las aseguradoras de reducir las tarifas pagadas a los laboratorios hasta en un 70%.
De igual forma, se le solicitó a la ASES adoptar los lineamientos que emitió CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) en una carta normativa que incorpora una nueva tarifa aumentada para los laboratorios clínicos por concepto de ciertas pruebas de Covid-19.
Por otra parte, el asesor legal de la entidad, Luis Romero, expresó que “nos preocupa que esta situación ocurra en una agencia que ha tenido serios señalamientos de corrupción en el pasado, precisamente por actuaciones donde han favorecido las aseguradoras en perjuicio de los proveedores”.
Entre las razones que motivaron la revisión de las tarifas se encuentran los costos que implica administrar las pruebas, la sofisticación que requiere de los laboratorios clínicos el procesamiento de los especímenes y otros factores de índole operacional.
Sin embargo, en Puerto Rico la mayoría de las aseguradoras optaron por imponer los códigos utilizados por ASES en el Plan de Salud del Gobierno (PSG) para pacientes de Medicare y Medicaid, lo que impide que estos puedan satisfacer los costos de la administración de las pruebas y los costos vinculados a la prestación del servicio.
“Esperamos que la junta de directores de ASES establezca los lineamientos de rigor necesarios para que esta agencia cumpla con sus obligaciones. Buscamos que se garantice el pago por servicios médico-hospitalarios para los beneficiarios del PSG, así como un pago justo de los servicios que ofrecen los laboratorios clínicos, y que se ordene el reembolso a los laboratorios de la comunidad del dinero que ilícitamente han sido retenidos por las aseguradoras producto de la reducción ilegal de tarifas que se han venido observando desde 2017. Sin lugar a dudas, la dilatación en investigar y resolver todos estos asuntos va en detrimento de los pacientes, pues al final son quienes sufren las consecuencias al ver limitados los servicios que reciben de los laboratorios”, puntualizó Romero.
La ALC es una organización con 50 años de existencia que agrupa a unos 200 laboratorios clínicos alrededor de la isla.INS
P. Rico-Gobernadora anuncia que ADSEF emite 10 millones en asistencia de pago de energía a sobre 257 mil familias elegibles
San Juan, 22 sep (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó del pago de aproximadamente 10 millones en asistencia para el pago de energía a 257,533 familias elegibles, quienes recibirán en sus cuentas de energía la subvención del Programa de Ayuda para Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, siglas en inglés).
La fecha límite para solicitar la asistencia es el 30 de septiembre.
La ayuda se ofrece gracias a la subvención de 20 millones otorgada para satisfacer necesidades a familias de bajos ingresos en la isla.
“Las primeras 25 mil familias elegibles ya se benefician de esta subvención que les asiste en cubrir su necesidad de pago de energía en su residencia. Estos recursos ayudan a las familias de bajos recursos a contar con el apoyo necesario para cubrir sus necesidades básicas ante los retos causados por la pandemia del Covid-19”, expresó la gobernadora.
Por su parte, el secretario del Departamento de la Familia (DF), Orlando López Belmonte explicó que la solicitud para los programas de Crisis de Energía o Subsidio de Energía continúan disponibles a través de portal pr.gov accediendo a Ayuda de Energía o aquellos que no tengan acceso a la plataforma digital puede llamar al 3-1-1 para la asistencia.
Asimismo, exhortó “a aquellos que aún no han entrado al portal para hacer su solicitud, lo hagan lo antes posible. Aún hay fondos disponibles que tienen un término de uso hasta el 30 de septiembre y es nuestra intención que todas las familias que necesiten esta asistencia tengan acceso a ella”.
A través de la categoría Crisis de Energía el programa ofrece ayuda a familias con alto consumo de energía que cumplen con los requisitos iniciales de ingreso bruto y composición familiar, además de tener un Aviso de Suspensión o Desconexión en su cuenta de Energía Eléctrica.
Se le otorgará un beneficio para el pago por concepto de consumo de energía eléctrica, por la cantidad del atraso, hasta un máximo de 900 dólares en beneficio por familia.
En tanto, el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera Vázquez explicó que a la fecha quedan fondos disponibles para la asistencia y que las familias participantes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, siglas en inglés) y del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) deben solicitar a través del portal para completar el trámite.
“Muchas de las familias que reciben los beneficios del PAN y del TANF cumplen con los criterios de elegibilidad y lo que se les pide es que puedan documentar su necesidad con la factura de energía más reciente y una identificación válida. Familias que no pertenecen a estos programas, pero cumplen con la elegibilidad, también pueden someter sus solicitudes en línea,” aseguró Fradera.
El administrador explicó que deben acceder al portal, radicar la solicitud y completar el proceso sometiendo a través del correo electrónico ayudaenergia@familia.pr.gov, una copia de su factura más reciente de la Autoridad de Energía Eléctrica y una identificación vigente con foto del solicitante.
En caso de que alguno de los miembros del hogar no sea ciudadano de los Estados Unidos, el solicitante deberá someter una Declaración de Estatus de ese miembro.
El solicitante debe tener una cuenta activa con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al momento de la emisión del beneficio.
Los beneficios se otorgan una vez por año fiscal federal mediante transferencia electrónica, a la cuenta identificada en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Las personas interesadas en obtener información adicional sobre los servicios de Crisis o Subsidio de Energía pueden comunicarse vía correo electrónico a consultaadsef@familia.pr.gov o vía telefónica al 3-1-1.INS
ndc