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Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Tommy Galán Grullón y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, acusados por el caso Odebrecht. / Inter News Service
Santo Domingo, 19 sep (INS).- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) creó un protocolo para la cobertura, el próximo lunes, del juicio de fondo contra los seis implicados en los sobornos por 92 millones de dólares que admitió pagar la constructora brasileña Norberto Odebrecht en la República Dominicana a funcionarios, empresarios y políticos.
La audiencia iniciará de manera presencial en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, pero debido a la emergencia sanitaria en el país por la pandemia de Covid 19, el acceso al tribunal será limitado, a fin de cumplir con las medidas dispuestas por las autoridades de salud en cuanto al distanciamiento físico y seguridad para prevenir contagios.
Todas las personas tendrán que usar mascarillas de forma permanente dentro de la sala de audiencia, según un documento emitido por la Dirección de Comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia.
El juicio será transmitido a través de un enlace virtual que pondrán a disposición de los medios de comunicación, según se explica, para garantizar el principio de publicidad.
Para la cobertura, los representantes de los medios deberán cumplir una serie de requisitos. En el juzgado solo se permitirá un representante de la prensa, pero cuando se complete la capacidad se restringirá el acceso y será necesario mostrar el carnet al personal de seguridad al momento de entrar.
En el expediente de Odebrecht fueron enviados a juicio de fondo el empresario Ángel Rondón Rijo, el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exdirector de Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Juan Roberto Rodríguez Hernández; el exlegislador Tommy Galán Grullón; el exministro de Obras Públicas, Víctor José Díaz Rúa, y el abogado notario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
La fase de instrucción del proceso se desarrolló en la SCJ, por la jurisdicción privilegiada que tenían varios imputados, pero luego el pleno del alto tribunal lo separó y envió a la jurisdicción ordinaria a los que no gozaban de inmunidad.
En este proceso, solo en representación de las partes, habrá 40 personas debido a que en adición a los cinco imputados, se suman 20 defensores técnicos y 15 representantes del Ministerio Público.
La constructora Odebrechet reconoció en diciembre de 2016, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, haber realizado sobornos de dinero a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Admitió que pagó en la isla caribeña 92 millones de dólares, la mayor suma pagada fuera de su país de origen.
En enero de 2017, fiscales dominicanos allanaron las oficinas locales de la compañía, que fue multada por un monto de 184 millones de dólares, el doble de lo pagado en sobornos, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.
En abril, Odebrecht acordó cooperar en la causa con la Procuraduría General de la República Dominicana, a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en el territorio nacional.
Ese acuerdo permitió a esa institución participar en la construcción de la cuestionada planta termoeléctrica Punta Catalina, levantada en medio de las protestas públicas, con una capacidad bruta de 752 megavatios y una inversión de 2,454 millones de dólares.
La infraestructura fue inaugurada el 29 de julio por el entonces presidente Danilo Medina, antes de transferir el mando al sucesor, Luis Abinader. INS
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