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La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, decidió inhibirse. Inter News Service
Santo Domingo, 18 sep (INS).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, presentó la formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente contra las personas procesadas por el caso de corrupción promovido en la nación dominicana por el consorcio brasileño de ingeniería y construcción Odebrecht.
Con la decisión, la funcionaria se abstiene de participar en los procesos judiciales que están pendientes de conocerse en los tribunales dominicanos contra ex funcionarios gubernamentales, abogados, empresarios y políticos acusados de recibir 92 millones de dólares distribuidos en coimas por la empresa suramericana para obtener contratos ventajosos en obras públicas.
Al presentar el desestimiento ante la Secretaría del Ministerio Público, Germán Brito definió su postura como “coherente” con la que mantuvo cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) .
Aclara que su actuación “jamás deberá limitar la libre actuación, apegada a la Constitución, a la ley y a su conciencia, de cada miembro del Ministerio Público que intervenga en el conocimiento del proceso” por soborno.
La determinación de la magistrada fue certificada por la titular de la Secretaría del Ministerio Público, Gladys Esther Sánchez Richiez, el 14 de septiembre de 2020.
En una comunicación de prensa, Sánchez Richiez explica, siempre citando el documento de la procuradora Germán Brito, que la no actuación en caso Odebrecht se debe a que en el conocimiento de la medida de coerción, al momento de producir un voto disidente y siendo jueza de la alta corte, emitió juicios sobre la calidad de las investigaciones de los fiscales y sobre la pertinencia de las llamadas “delaciones premiadas”.
Añade que esa postura podría “dar lugar a interpretaciones tendenciosas y alguna de las partes podría mirar lo expresado en la disidencia como una manifestación de parcialidad”.
El pasado diciembre, la Suprema Corte de Justicia envió por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el expediente Odebrecht en cuanto a los imputados, empresario Ángel Rondón Rijo, ex ministro de Obras Públicas Víctor José Díaz Rúa, el ex presidente del Senado, Andrés Bautista García, el dirigente político Juan Roberto Rodríguez Hernández y el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
En agosto de este año hizo lo mismo con la acusación respecto al entonces senador oficialista Tommy Galán Grullón, que al resultar derrotado en las elecciones legislativas del 5 de julio, cuando aspiró de nuevo al cargo, perdió también la inmunidad parlamentaria y le corresponde ahora ser procesado por un tribunal de primer grado.
El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fijó la audiencia contra esas personas para el 21 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, hora local, acogiéndose a los plazos que establece el Código Procesal Penal en su artículo 305, así como por la necesidad de garantizar la participación de todas las partes en condiciones propicias para la salud.
Previo al juicio penal, la presidencia del tribunal deberá conocer y decidir los incidentes, excepciones y recusaciones que presenten las partes. Además, prepara el orden en que las partes presentarán sus pruebas y testigos, entre otros preparativos no jurisdiccionales del juicio.
La jueza presidenta del juzgado, Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, indica en el auto de fijación de audiencia que la corte realizó un examen concienzudo de las condiciones y particularidades del caso y de la situación sanitaria del país, en la que “se registra un aumento sistemático de los casos de contagio”, para identificar un momento que permita “evaluar la evolución de este virus y garantizar la salud y seguridad de todos los participantes”.
En este proceso, solo en representación de las partes, habrá 40 personas debido a que en adición a los cinco imputados, se suman 20 defensores técnicos y 15 representantes del Ministerio Público.
Esta constructora Odebrechet reconoció en diciembre de 2016, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haber realizado sobornos de dinero a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Admitió que pagó en la isla caribeña 92 millones de dólares, la mayor suma pagada fuera de su país de origen.
En enero de 2017, fiscales dominicanos allanaron las oficinas locales de la compañía, que fue multada por un monto de 184 millones de dólares, el doble de lo pagado en sobornos, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.
En abril, Odebrecht acordó cooperar en la causa con la Procuraduría General de la República Dominicana a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en el territorio nacional.
Ese acuerdo permitió a esa institución participar en la construcción de la cuestionada planta termoeléctrica Punta Catalina, levantada en medio de las protestas públicas, con una capacidad bruta de 752 megavatios y una inversión de US$2,454 millones.
La infraestructura fue inaugurada el 29 de julio por el entonces presidente Danilo Medina, antes de transferir el mando al sucesor Luis Abinader. INS
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