R. Dominicana-Dan a conocer el primer expediente sospechoso de corrupción por 196 millones de dólares atribuido a la gestión del exministro de Obras Públicas

Santo Domingo, 11 sep (INS).- El primer expediente sospechoso de corrupción, atribuido a funcionarios del presidente dominicano Danilo Medina, fue presentado ante la Procuraduría General de la República para que abran investigaciones contra los presuntos responsables de la compra de 11,500 millones de pesos (196 millones de dólares) en material hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Este caso, que ocurrió en plena campaña electoral y durante la gestión del ministro y posterior candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, desencadenó una ola de reclamos para una indagación que nunca tuvo efecto.

Ahora, convertido en un hecho que pudiera degenerar en la práctica de malversación de fondos del Estado y en manos del Ministerio Público, la denuncia avanza por los fueros de la justicia, donde se establecerán las responsabilidades penales de los autores.

El expediente está en la jurisdicción de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), después de ser depositado el jueves por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.

En ese contexto, el titular del PEPCA, Wilson Camacho, prometió encaminar las pesquisas para determinar si en estas compras hubo prácticas corruptas.

Poco antes, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que lleva 27 días en el cargo, recibió en su despacho a los directores generales de Ética e Integridad Gubernamental y Compras y Contrataciones Públicas, un encuentro en el que participó la procuradora adjunta y directora general de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso.

En el legajo de documento entregado al Ministerio Público se alega que “dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo”.

Sostiene que, tomando en cuenta que el ex ministro ya no forma parte de la administración estatal, “la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa, sino actuar según lo establecido en artículo 169 de la Constitución, que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.

Los funcionarios señalaron en la documentación entregada que “existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado”.

“Creemos que el Ministerio Público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, indicaron Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch.

En declaraciones a los periodistas, ambos coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el exdirector de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación contra Gonzalo Castillo, “no es sostenible” tras analizar las operaciones de compras.

Cadet es dirigente del PLD, desplazado del gobierno en las últimas elecciones.

Pimentel consideró que se ha podido constatar que las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas coinciden en gran parte con las denuncias realizadas por la periodista investigadora Alicia Ortega en su programa “El Informe”, difundido en noviembre del año pasado, en las que revela alegadas irregularidades.

Argumenta que los hechos posteriormente habrían sido comprobados en un documento emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas el pasado 26 de mayo de 2020.

Expresó que “a esto se añade la aprobación previa de las contrataciones, la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y libre competencia establecido en la Ley 340-06”.

Se recuerda que siendo funcionario  del gobierno anterior, Gonzalo Castillo manejó un millonario presupuesto para jornadas de construcción de autovías, circunvalaciones, reparación y pavimentación de calles, en las principales provincias del país.

Luego, siendo el candidato presidencial del PLD de cara a las elecciones generales y legislativas, celebradas el 5 de julio pasado, ganadas por Luis Abinader con el 53 % de los votos, Castillo, pese a regir un toque de queda, realizó jornadas de campaña.

En tal sentido, utilizó sus aviones para traer a dominicanos que en plena crisis sanitaria por el Covid-19 estaban varados en diferentes países, distribuir en horas nocturnas y en medio de un estado excepción ayudas sociales donadas por instituciones gubernamentales (embutidos, electrodomésticos, agua potable, gas licuado de petróleo, mascarillas y medicamentos), mientras los demás candidatos guardaban cuarentena obligatoria. INS

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