Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 2 sep (INS).- Tras una investigación del FBI, el presidente y vicepresidente ejecutivo de The Republic Group, Inc., Gary Steven Wykle y Alejandro Cortés López, respectivamente, fueron arrestados y acusados de 14 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude con valores, según anunció hoy el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Se estableció que Wyckle y Cortés López, desde el año 2010 y aproximadamente hasta el 2017, junto con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, recaudaron más de 12 millones de dólares en pagarés en nombre de The Republic Group, Inc.
Los demandados solicitaron inversionistas en persona, por teléfono y por Internet, y provocaron que se hicieran declaraciones materialmente falsas y engañosas a los inversionistas.
Wyckle y Cortés López declararon falsamente a los defraudados que su inversión facilitaría préstamos a corto plazo con altas tasas de interés para varias empresas, incluidos hoteles, complejos turísticos y otras industrias hoteleras en República Dominicana y otros lugares.
Sin embargo, las inversiones se utilizaron para gastos personales, bienes y servicios de Wyckle en tiendas minoristas, restaurantes, viajes, alquiler, entretenimiento y hacer pagos “fantasmas” a inversionistas. A Cortés López se le pagó una comisión por cada inversionista que atrajo a la empresa.
“La supuesta conducta de los acusados socava la confianza que los inversores depositan en los mercados financieros”, dijo el fiscal federal. “Los mercados financieros se rigen por reglas que supuestamente protegen a los inversores. Estos acusados, hábiles para convencer a las personas de que depositaran su confianza en ellos, se involucraron en un esquema ‘ponzi’ para defraudarlos”.
Se alienta a los inversionistas que crean haber sido víctimas de Wykle y Cortés López, y que firmaron contratos con ellos o con The Republic Group, Inc., que se comuniquen con la Fiscalía Federal, al 787-766-5656, para obtener información sobre el proceso y sus derechos de restitución.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Edward Veronda. Ambos acusados enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión y una multa que no excederá el millón de dólares. INS
aa