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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 28 may (INS).- Si bien resultan esperanzadoras las expresiones del director de la Oficina de Comercio y de Manufactura de la Casa Blanca, Peter Navarro, hechas al periódico Washington Examiner sobre el potencial de Puerto Rico como emporio industrial farmacéutico, hay todavía mucha ambigüedad en sus afirmaciones.
Cómo hacer que industrias farmacéuticas que se encuentran establecidas en China y en India regresen a Puerto Rico es lo que Navarro no ha sabido explicar. Se limitó a decir que el Congreso estadounidense debería utilizar el próximo paquete de estímulo para ese propósito, pero nada más.
El principal asesor comercial del presidente Donald Trump hizo referencia en la entrevista con el Washington Examiner que Puerto Rico podría volver a ser una pieza clave en la cadena de suministro de fármacos en los Estados Unidos, considerándose el asunto en el contexto de la seguridad nacional para hacer más asequibles suministros para la salud pública en medio de la pandemia de Covid-19.
Indicó que “Puerto Rico tuvo una próspera industria farmacéutica, pero el Congreso puso fin a eso”, pero esa prosperidad industrial estuvo basada en el incentivo tributario especial para la isla de la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas. La pregunta es: ¿está la Casa Blanca dispuesta a volver a conceder un trato tributario especial a Puerto Rico?
Con la eliminación para Puerto Rico de la Sección 936 del Código de Rentas Internas el sistema “está roto”, dice el asesor de la Casa Blanca, y esto ha hecho que el gobierno federal haya “empujado a nuestros manufactureros hacia el exterior”. La interrogante es: ¿cómo reparar esa rotura?
El periódico Washington Examiner sostiene, por su parte, que la eliminación de la sección 936, la cual no menciona por nombre, permitió a empresas estadounidenses “evitar pagar impuestos federales sobre las ganancias generadas en Puerto Rico condujo a la pérdida de empleos y severas contracciones en los sectores textil, químico y manufacturero”.
Sin embargo, el periódico también reconoce que los altos costos del suministro de agua y electricidad actualmente en Puerto Rico, que sostiene es cuatro veces más alto que en Estados Unidos, han limitado las ventajas contributivas que tiene la isla, que está fuera del sistema tributario estadounidense.
En la Cámara de Representantes federal hay dos proyectos de ley redactados con la intención de tener un particular efecto de atractivo a la inversión de capital en Puerto Rico.
Por un lado, está la medida de la comisionada Jenniffer González que impulsa incentivos contributivos especiales para las empresas manufactureras que invierten en zonas económicamente afligidas (“Distressed Zones”) de Estados Unidos, como Puerto Rico. Esto, no obstante, pone a competir a Puerto Rico con estados de Estados Unidos donde existen esas zonas.
No hay nada especial para Puerto Rico en este propuesta legislativa. Puerto Rico se queda sin atractivos llamativos especiales que atraigan inversión de capital en áreas manufactureras. Habrían en la esfera federal los mismos incentivos para invertir en Puerto Rico que se ofrecerían a las empresas que deseen ubicarse en otras zonas deprimidas económicamente en Estados Unidos.
La otra legislación es de la delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, y persigue eximir a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) en los territorios estadounidenses de ultramar del impuesto sobre la propiedad intelectual, que ahora puede ser de hasta un 10.5%, establecido en la reforma contributiva federal de diciembre de 2017.
En esto estriba la disyuntiva de lo indicado por Navarro. INS
rsm/