P. Rico-Cámara aprueba medida para que ningún patrono pueda indagar sobre el historial delictivo de un aspirante a empleo durante el proceso de reclutamiento

San Juan, 20 may (INS).- Con el propósito de brindarle mayores oportunidades a los exconfinados que han cumplido sus sentencias y aquellos que todavía pertenecen al sistema correccional, la Cámara de Representantes aprobó dos medidas de los senadores Miguel Romero y José Vargas Vidot.

Una de las piezas legislativas es el proyecto del Senado 992, que crea la “Ley contra el discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito.”

La legislación establecerá límites para la consideración de los historiales delictivos por parte de los patronos en la Isla.

Además, reducirá el tiempo para eliminar delitos del certificado de antecedentes penales.

Sobre la aprobación de la medida, Romero expuso que hemos dado un paso en la dirección correcta a favor de una población que ha sido marcada por el discrimen y rechazo. Si bien es cierto que cometieron algún delito, es nuestro deber darles otra oportunidad para que se inserten en la sociedad y puedan formar parte de la clase trabajadora. Por otro lado, con esta medida también reducimos los términos para eliminar los delitos del certificado de antecedentes penales. Una vez la persona cumpla su sentencia, salvo en ciertos casos, podrá solicitar la eliminación de delitos menos graves a los 30 días y los delitos graves al año. Cabe destacar que actualmente este trámite se puede realizar a los 6 meses y 5 años, respectivamente”.

La pieza legislativa establece que ningún patrono podrá indagar sobre el historial delictivo de un aspirante a empleo durante el proceso de reclutamiento, hasta tanto se extienda una oferta condicional de trabajo.

Posterior al ofrecimiento, el empleador tendrá la potestad de solicitar el certificado de antecedentes penales e indagar, siempre que se relacione directamente con los deberes y responsabilidades de la plaza a la que aplica.

Por su parte, el proyecto del Senado 1181 extiende a toda la población penal, sin considerar el Código Penal bajo el cual fueron sentenciados, la posibilidad de recibir bonificaciones por buena conducta y persistencia.

Estas concesiones están sujetas a las excepciones vigentes.

Respecto a la legislación, que surgió tras una carta cursada por un miembro de la población correccional, Romero expresó que “tenemos que propiciar un ambiente que permita la rehabilitación de aquellas personas que han cumplido y que se encuentran dentro de nuestro sistema de justicia. Confío en que la gobernadora Wanda Vázquez convierta en ley ambas legislaciones que serán de beneficio para una población que merece mayores oportunidades de crecimiento”.INS

lp