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San Juan, 14 may (INS).- La Contraloría de Puerto Rico informó hoy que el municipio de Carolina formalizó nueve contratos por 650,886 dólares con una corporación no autorizada a prestar los servicios.
En una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Carolina, el informe revela que el municipio formalizó nueve contratos por 650,886 dólares, con una corporación no autorizada a prestar los servicios de técnicos de refrigeración y de acondicionadores de aire.
Una corporación que presta servicios de refrigeración debe ser creada como una corporación profesional, contar con todos los accionistas licenciados, dedicarse al servicio indicado en el certificado de incorporación y ofrecer sus servicios con empleados licenciados, según establece la Ley 164 de 2009 (Ley General de Corporaciones), indicó la Contraloría.
El informe recomienda a la secretaria de Justicia considerar esta situación para que determine las acciones administrativas o judiciales correspondientes.
La auditoría señala que los funcionarios del municipio no verificaron que el presidente de la corporación contratada y uno de sus técnicos, tenían la licencia vencida al formalizar los contratos.
El Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico (CTRAPR) certificó también que otro de los técnicos de la corporación indicó un número de licencia inexistente.
Los técnicos certificaron en el documento de reparaciones, que tenían las licencias y la colegiación vigente.
Igualmente, contrario a las especificaciones de la subasta y de los contratos, el municipio pago en exceso 39,875, ya que no se realizaron las deducciones establecidas y, el municipio desembolsó dinero por trabajos que eran responsabilidad de la corporación.
Además, en el 64% de la facturación total, la corporación no preparó ni el municipio requirió la certificación de labor realizada en el formulario que provee el CTRAPR.
El Informe comenta que la Oficina de Auditoría Interna y Ética del Municipio, investigó una posible apropiación de 1,900 dólares del fondo de emergencia a cargo de una empleada que laboraba como oficial pagadora.
La situación fue investigada y el municipio aplicó las medidas disciplinarias correspondientes.
Asimismo, contrario a las leyes vigentes, el m tiene 174 empleados con nombramientos transitorios, hasta por más de 11 años.
Los nombramientos transitorios no pueden exceder de un año, salvo excepciones.
Al 6 de junio de 2019, estaban pendientes de resolución por los tribunales, 41 demandas civiles presentadas contra el municipio por un total de 32.6 millones.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018.INS
lp