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San Juan, 12 may (INS).- La Cámara respaldó un paquete de medidas para mitigar los efectos del coronavirus.
Uno de las medidas fue el proyecto de la Cámara 2484, de la autoría de Pedro Santiago Guzmán, para establecer un Programa de Emergencia para la Condonación de Tarifas de Servicios Esenciales.
La pieza legislativa busca que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puedan condonarles las deudas a los abonados residenciales que fueron cesanteados o que se han visto impedidos de generar ingresos a causa de la pandemia.
La iniciativa pretende establecer los requisitos, así como la facultad de reglamentación y el periodo de facturas que cubrirá mientras dure el toque de queda impuesto por la gobernadora de Puerto Rico.
Mientras, el informe positivo referente a la resolución conjunta de la Cámara 688, cuyo autor es el representante Francisco Parés Adorno, fue favorecido.
La medida legislativa tiene como propósito ordenarle al secretario de Seguridad Pública distribuir un incentivo a los operadores y telecomunicadores del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 de su reserva de contingencia, no cubiertos en la resolución de la Cámara 23 de 20202, mediante la cual se distribuyeron 500 millones para financiar la primera fase del plan estratégico en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19.
En el plan se destinaron 539,000 dólares para incentivar hasta con 3,500 a los operadores y telecomunicadores de dicho Negociado.
La cantidad asignada es válida para 154 empleados, lo cual excluye aquellos empleados que han realizado todas o parte de sus labores por remoto para mantener las operaciones durante el periodo que se ha extendido esta emergencia.
Igualmente, se dio paso al Informe Positivo sobre la resolución conjunta de la Cámara 689, también del representante Parés Adorno, que ordena al secretario del Negociado de Seguridad Pública distribuir hasta el 50 por ciento de los fondos estimados para los municipios colaboradores del Sistema 9-1-1 con cargo a la partida de distribución de fondos como respuesta a la emergencia.
Por otra parte, se ratificó la Resolución Conjunta de la Cámara 690, de la autoría de representante Santiago Guzmán, para establecer medidas en respuesta a la situación que viven los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y del Programa de Asistencia por Desempleo ante la pandemia mundial que también ha afectado a Puerto Rico a consecuencia del coronavirus.
La resolución autoriza al secretario del Departamento de Hacienda(DH) a prestar ayuda al Departamento de la Familia (DF) y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de manera que los servidores públicos que sean asignados a prestar servicios canalicen el aumento en solicitudes de asistencia nutricional y desempleo.
Además, busca asegurar que dichos empleados tengan los equipos y materiales adecuados para la situación de emergencia que afrontan.
Por último, dispone de un pago adicional para los servidores públicos que, como parte de sus responsabilidades ordinarias, o haciendo uso de la movilidad en el servicio, sean destacados a procesar las miles de solicitudes de beneficios.
Del Senado se refrendó el proyecto 1574, para facultar al secretario del DTRH compensar la semana de espera de los beneficios del Programa de Seguro por Desempleo y a eximir temporeramente del requisito de búsqueda activa mientras dure la emergencia.
El proyecto autoriza a la agencia a requerirle a los patronos que entreguen una notificación sobre los servicios y beneficios del programa de desempleo al momento de cesantear o reducir las horas regulares de trabajo de un empleado y a su vez, reducir a la mitad lo que pagan los patronos por los beneficios atribuibles a reclamaciones de desempleo presentadas como consecuencia del Covid-19.
Esto, en referencia a las semanas de desempleo que comiencen el 15 de marzo hasta la semana que culmina el 26 de diciembre.
Seguido, respaldaron el proyecto del Senado 1575, que enmienda la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado,” que busca extender la inmunidad provista en las acciones por daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria a los profesionales de la salud que trabajen en instituciones privadas, cuando asistan al Estado y durante la vigencia de una orden ejecutiva del gobernador de la Isla decretando un estado de emergencia.
Esto sería retroactivo desde el 15 de marzo y tendrá vigencia hasta 30 días luego de que quede sin efecto dicha orden ejecutiva.INS
lp