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San Juan, 12 may (INS).- La Cámara de Representantes aprobó el informe parcial sobre la investigación en torno a la irregular y fallida compra por parte de Salud de un millón de pruebas para detectar el Covid-19 por 38 millones de dólares.
La resolución de la Cámara 1741, cuyo autor es el presidente de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, busca investigar el manejo y la distribución de recursos del gobierno de Puerto Rico ante la pandemia del Covid-19, así como el proceso de compra, manejo, distribución y administración de las pruebas para detectar el virus junto con los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones.
Al concluir la primera fase de las audiencias públicas sobre la compra de pruebas para diagnosticar el Covid-19 a sobreprecio a una empresa dedicada al sector de la construcción, la Comisión de Salud recomendó a la Oficina del Contralor que haga una auditoría en Salud y en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) relacionada a la transacción de 38 millones.
Asimismo, refieren a José Burgos Vega, comisionado del NMEAD; Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de Administración del DS; Mariel Rivera Rivera, requisidora del DS; Concepción Quiñones de Longo, exsecretaria interina del DS; Diana Meléndez, directora interina de Compras y Subastas del DS; y a Mabel Cabeza, exjefa de personal del DS, quien fue destacada en La Fortaleza.
En el caso de Burgos Vega, la Comisión lo señaló por presuntamente haber cometido perjurio.
A su vez, el documento indica que tanto Rivera Rivera como Rosa Rivera posiblemente violentaron en múltiples instancias sus funciones y deberes.
Ésta última también incumplió al momento de prestar testimonio conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión de Salud.
El referido es hacia la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Oficina del Contralor y al Federal Bureau of Investigations(FBI), en su mayoría, porque pueden haber sido negligentes en el cumplimiento del deber así como la posibilidad de infringir la Ley de Ética Gubernamental, Ley de Código Penal, Ley del Código Civil y Ley de Contabilidad.
En cuanto al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del “task force” médico, concluyeron que se extralimitó en los poderes conferidos por la orden ejecutiva al darle el visto bueno a una compra realizada con fondos públicos.
La Comisión de Salud también exhortó a presentar legislación para mejorar los controles y requisitos y conocimientos del personal, sin excluir la educación continua.INS
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