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San Juan, 8 may (INS).- Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico alertó que el Departamento de la Familia pone en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores de la agencia y advirtió que de no tomarse acciones afirmativas el sindicato no descarta tomar acciones legales.
La unión denunció principalmente una situación en la Oficina Local de Río Grande, donde algunos empleados se quejaron de que la directora de la Región de Carolina pretende tomar represalias contra un empleado que hizo una querella sobre un funcionario de mantenimiento que salió positivo al Covid-19.
“El protocolo para el manejo de la pandemia del Covid-19 establece la obligación del patrono de hacer pruebas a todos los empleados y áreas que pudieran haber estado en contacto con el personal contagiado y la protección mediante cuarentena a los individuos que salgan positivo a dicha prueba. Las acciones de esta directora regional son ilegales, discriminatorias y en represalia contra nuestros unionados por ellos ejercer su derecho y obligación a querellarse”, explicó Benjamín Borges, síndico de SPU.
Además, dijo que los empleados de Río Grande tampoco recibieron instrucciones de guardar cuarentena, hacerse pruebas o de qué se haría una desinfección del centro.
El portavoz acusó también que en la Oficina de Vega Alta “tuvo acceso un cliente que acudió a solicitar servicios en persona. En ese centro, la ubicación de la computadora no permite el distanciamiento a menos de seis pies y no está claro la cantidad de empleados que están citando a dicha oficina a trabajar”.
Agregó que “en la Oficina de Juana Díaz nos informaron del caso de una supervisora que salió enferma de la oficina y luego no se reportó a trabajar. Los empleados están preocupados ya que desconocen si están en riesgo de contagio”.
Igualmente, contó el caso de los empleados de la oficina de Maricao, quienes fueron convocados a trabajar en la oficina local de Sabana Grande, donde estarían en mayor riesgo de contagio por la cantidad de personal que allí labora. Ellos entienden que pueden manejar los casos desde Maricao y con menor riesgo”.
Mientras, en la oficina de Mayagüez “citaron a los empleados a trabajar y al llegar se encontraron con que no tenían mascarillas ni ‘hand sanitizer’ y ni siquiera habían limpiado los baños desde el último día en que se usó dicha oficina”.
El sindicalista advirtió, asimismo, que en la agencia se está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social.
La presidenta de UPETEC, Local 3234 de SPU en el Departamento de la Familia, Solimar Hernández, señaló que “en Familia a pesar de contar con 350 computadoras no se han puesto a disposición del personal esencial y se ha requerido la asistencia de todos, provocando aglomeración de personas en espacios cerrados contrario a las recomendaciones de Departamento del Trabajo”
Por otro lado, la unión ha solicitado en varias ocasiones clarificación respecto a los empleados a quienes se les dio la opción de decidir reportarse o no a la oficina para evitar la aglomeración de empleados y que luego se les informa a quienes no se reportaron, que le descontarán los días de sueldo.
También ha pedido clarificación sobre el carácter esencial de las funciones de los empleados bajo la presente emergencia debido a ciertas inconsistencias.
Ante todas estas acciones, el sindicato solicitó la pronta intervención del secretario ordenando el cese y desista de todas estas acciones en la agencia y que ordene las pruebas del Covid-19 a los trabajadores de la oficina de Río Grande, ponga al centro en cuarentena y desautorice a la directora regional a continuar con sus acciones de represalias.INS
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