
Una imagen del puerto de Ponce./Facebook
San Juan, 22 abr (INS).- La Contraloría de Puerto Rico informó hoy del desembolso de 269 millones en el puerto de Ponce sin utilidad.
En una auditoría sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Ponce, se revela también se revela que la junta de directores de la Autoridad de Ponce cuenta con sólo dos de los siete miembros que dispuso la Ley 176 de 2016.
“La falta de estos nombramientos se debe a la dificultad de nombrar un arquitecto y un economista, certificados, residentes bonafide y domiciliados en Ponce. La alcaldesa de Ponce (María Meléndez Altieri) tampoco había realizado los nombramientos correspondientes, porque indicó que el municipio no había sido notificado de la aprobación de dicha ley. Esta situación atrasó el proceso de transferencia de los activos de la Autoridad, a la Autoridad del Puerto de Ponce e impidió que se ratificara el nombramiento de director ejecutivo”, establece la Contraloría.
El informe señala, que se desembolsaron 269 millones en el proyecto del puerto de Ponce que no han tenido utilidad ni han redundado en beneficio del interés público.
El hallazgo revela que el puerto no es utilizado como puerto de transbordo ni como puerto de tercera generación.
El uso del puerto se ha limitado al recibo de cruceros y, luego del huracán María, a recibir y almacenar la carga de recuperación.
Consigna que durante el periodo de construcción del puerto de Ponce, de 2000 hasta 2015, se habían desarrollado otras instalaciones portuarias de transbordo en mejores condiciones competitivas en República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Panamá.
El informe determina que las diez grúas instaladas para el manejo de carga marítima no eran utilizadas por deficiencias mecánicas, falta de mantenimiento y de servicio de energía eléctrica.
Además, dos grúas adquiridas por 22 millones no estaban certificadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y 15 meses después, en una segunda visita de los auditores de la Contraloría, seguían sin estar certificadas.
De hecho, el ascensor de una de las grúas estaba averiado y en una segunda visita, 14 meses después, seguía averiado.
Igualmentre, la Autoridad invirtió 2.8 millones para la rehabilitación y remodelación de un edificio para alquilar a las entidades relacionadas con la administración del puerto. Sin embargo, el edificio no era utilizado y las instalaciones estaban deterioradas.
La auditoría menciona que el sistema de refrigeración adquirido por 2.7 millones para el manejo de la carga marítima, se encontraba almacenado y no era utilizado.
Además, las propiedades adquiridas por 19.4 millones para desarrollar un parque industrial, no habían tenido utilidad ya que no se desarrollaron las estructuras planificadas.
Asimismo, la Contraloría indicó que “contrario a las leyes y la reglamentación vigente, los documentos no eran almacenados adecuadamente y fueron dañados por el comején. El director de operaciones había informado del estado deplorable de los documentos y una exdirectora ejecutiva de la Autoridad indicó que, tras asumir el cargo, tuvo que solicitar los documentos del proyecto a los contratistas ya que no aparecían en la Autoridad”.
La auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2018.INS
lp
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