P. Rico-Coronavirus/PPD exige destitución de Rodríguez Quilinchini y Salgado del “task force” médico del gobierno y demanda que Vázquez Garced conteste hoy interrogantes sobre fallida e irregular compra de un millón de pruebas por 38 millones

San Juan, 15 abr (INS).- El representante Luis Vega Ramos exigió hoy la destitución inmediata de Segundo Rodríguez Quilinchini y Juan Salgado, coordinador y miembro del “task force” médico del gobierno para afrontar el Covid 19.

Igualmente, reclamó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que “enfrente a la prensa hoy, contrario a su nueva práctica, y rectifique las versiones de su última conferencia de prensa sobre el tema” de la fallida e irregular compra de un millón de pruebas por 38 millones de dólares por parte de Salud.

«Del testimonio bajo juramento de ayer, resulta claro e innegable que los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado le mintieron al país cuando dijeron que ellos sólo habían pasado hacia adelante para que otros funcionarios evaluaran el mensaje de texto de Juan Maldonado a nombre de la empresa de construcción Apex”, afirmó el legislador. Agregó que “hoy sabemos que en la reunión del ‘task force’ de la mañana del 26 de marzo, en la que la testigo Mariel Rivera se encontraba, los doctores Rodríguez y Salgado fueron las influencias determinantes en la decisión de hacer la compra de 38 millones en pruebas fatulas a una empresa sin expertise y sin contactos”.

Consignó que “Rivera declaró que el proponente más vocal de Apex fue Segundo Rodríguez. Ese testimonio juramentado desmiente a Rodríguez y a Salgado, que han sido los principales portavoces del ‘task force’. Sin credibilidad, ese esfuerzo no tiene utilidad. Por eso se tienen que ir hoy».

Igualmente, Vega Ramos cuestionó la presencia de Mabel Cabeza en esa reunión donde se decidió darle el contrato de 38 millones a Apex.

«Ya Cabeza había sido destituida por la secretaria interina de Salud, que a la hora de la reunión no había renunciado, aunque estaba excluida de la misma. Cabeza había sido rescatada por Fortaleza, que había ordenado que la destacaran allí. La pregunta es obvia: ¿Si Mabel Cabeza ya no trabajaba para Salud, a quien representaba en la reunión donde se decidió darle el contrato a Apex? ¿Acaso a la gobernadora?», cuestionó el político.

Por otro lado, Vega Ramos reclamó de la gobernadora Vázquez Garced a que «dé cara hoy a la prensa hoy y rectifique sobre las mentiras que claramente le dijo al país sobre la compra frustrada de pruebas fatulas a una compañía sin credenciales y sin contactos con la compañía australiana que supuestamente las iba a proveer».

El representante afirmó que «no se puede esconder en infomercials en los que no hay espacio para cuestionarla sobre este delicado y serio asunto, donde la vida de todo un pueblo está en riesgo. Tiene que darle la cara al país, vía la prensa privada e independiente, y explicar sus medias verdades y falsedades del pasado miércoles. Ella dijo que la decisión de escoger a Apex la hicieron funcionarios de segundo nivel. Ayer tres de esas funcionarios, bajo juramento y en público, la desmintieron. Tiene que dar cara hoy», dijo Vega Ramos.

Asimismo, calificó de «grave error» el haber ofrecido inmunidad legislativa a Adil Rosa para que testificara sin miedo a perjurarse antes de haber presentado anoche mismo su oferta de testimonio para merecer inmunidad en vista ejecutiva.

«Aunque reconozco la manera que el representante Juan Oscar Morales está conduciendo los trabajos, la mecánica para lograr el efecto positivo de la oferta de inmunidad a Adil Rosa fue equivocada. Para de veras estar en condición de conceder la inmunidad, había que recesar la vista pública. Ir a vista ejecutiva inmediatamente y que allí Rosa hiciera su oferta de testimonio. Dicha oferta estaría protegida porque es solo para efectos de si la Comisión recomienda a la Cámara en pleno que le otorgue la inmunidad legislativa», explicó.

Para Vega Ramos, el riesgo con lo que se hizo es que “al no haberle tomado la oferta de testimonio anoche en vista ejecutiva, le das a la testigo 48 horas para amarrar los cabos sueltos de su testimonio y cuadrar el círculo de sus contradicciones. Peor aún, ¿qué pasa si en 48 horas ella viene y dice que está invocando su derecho constitucional a no autoincriminarse? Grave error el cometido. Había que obtener la oferta de testimonio y entonces darle las 48 horas. Ojalá esto no tranque la investigación».INS

lp