
Ignacio García./Facebook
San Juan, 13 abr (INS).- El director ejecutivo del portal de ayuda legal www.alertalegalpr.com, Ignacio García Franco, hizo un llamado urgente para que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley de la autoría del presidente cameral, Carlos Méndez Núñez, que protege de embargo los «beneficios de asistencia pública» y otros bienes esenciales.
Se trata del proyecto de la Cámara 25, presentado por el representante Méndez Núñez el 2 de enero de 2017 y que según su título propone enmendar el Código de Enjuiciamiento Civil, con el fin de «establecer los bienes que estarán protegidos de embargo, gravamen, congelación, en caso civiles de ejecución de sentencia o quiebras federales, de manera que el consumidor tenga una herramienta adicional en tiempos de crisis económica personal y nacional para proteger sus bienes básicos de subsistencia».
Según el abogado de derechos del consumidor, el estatuto federal de rescate económico por el Covid-19, conocido como Cares Act, no prohíbe el embargo judicial o administrativo de los cheques de 1,200 dólares por individuo que los puertorriqueños auguran recibir en las próximas dos semanas.
Se trata de una problemática que el letrado aseguró ha generado mucha discusión entre diferentes organizaciones nacionales de protección al consumidor.
«Este delicado momento histórico por el que atravesamos requiere acción asertiva por parte de nuestro gobierno. Esto tiene que comenzar por la modernización inmediata de nuestra arcaica ley de protección contra embargos del 1933. Se trata de un estatuto que responde a una realidad social dramáticamente distinta al Puerto Rico de hoy en día, dejando a los consumidores desprovistos de las protecciones más básicas en contra de embargos de bienes esenciales», indicó.
El abogado añadió que «de nada vale que la gobernadora Wanda Vázquez luche para lograr que la Junta de Supervisión Fiscal y el Tesoro Federal le permita adelantar las ayudas federales para los consumidores afrontar esta crisis económica histórica, si los acreedores que cuentan con embargos judiciales van a embolsicarse el dinero. Esto es un escándalo de grandes proporciones que requiere atención inmediata».
García Franco explicó que la ley local se limita a proteger de embargos y gravámenes cosas tan insólitas como «dos caballos o mulas» y «sus alimentos para un mes», «una carreta», así como la «toma de agua necesaria para riego de los terrenos en cultivo» y «todas las semillas, granos o vegetales de las plantaciones o siembras».
Sin embargo, según el letrado, el proyecto cameral 25 protege de embargo un vehículo hasta por un valor liquido de 12,000, los beneficios de asistencia pública como el cheque de Trump y los beneficios de desempleo, los equipos de trabajo de un profesional hasta un valor combinado de 35,000, enseres, mobiliarios y artículos personales hasta un valor individual de 3,000, y los primeros 1,250 dólares del ingreso de toda persona, solo pudiéndose embargar hasta un 10% de los ingresos que superen esta cuantía.
«Lo más que nos enfurece de este asunto es que las personas más afectadas lo son los adultos mayores que viven del seguro social y son altamente vulnerables a las presiones de los cobradores de deudas. Ante la falta de protecciones mínimas bajo nuestra arcaica ley del 1933, nuestros viejitos se ven forzados a escoger entre comprar sus medicamentos o pagar una deuda vieja con el fin de evitar que le embarguen su cuenta, o le impongan un gravamen al auto que les prohíba renovar el marbete. Es una verdadera tragedia lo que estamos viendo», expresó.
Ante la presunta importancia del asunto García Franco exhortó a los ciudadanos a suscribir una petición electrónica en pro de la aprobación del proyecto cameral 25, el que se encuentra en la página de internet www.alertalegalpr.com.
«Todos nos tenemos que unir por la aprobación de tan importante medida. Si bien esta situación es muy frustrante, encontramos refugio en que el gobierno local puede atender este problema con la simple aprobación de un proyecto de ley que se encuentra radicado desde hace más de tres años. Por tanto, la bola está en la cancha de nuestro propio gobierno», puntualizó.INS
lp
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