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La gobernadora en la conferencia de prensa en la que dio detalles de la compra fallida de las pruebas del Covid-19./Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan. 10 abr (INS),- A la gobernadora Wanda Vázquez Garced se le está reclamando explicaciones sobre por qué aparece firmando Aaron Vick la copia del contrato de compra-venta del millón de kits de pruebas diagnósticas de Covid-19 que ella circuló a la prensa, pese a que el empresario niega tener vínculo alguno con la empresa Apex Contractors.
La transacción, se sabe ahora, fue abortada por la congelación de la cuenta bancaria que impidió la transferencia de dinero del adelanto hecho por el gobierno de Puerto Rico de 19 millones a la empresa Apex Contractors al suplidor en Australia.
En el contrato de compra-venta de un millón de pruebas al Covid-19 entre el gobierno de Puerto Rico y la empresa Apex General Contractors que fue suministrado a la prensa aparece una firma que se asemeja a la de Vick, pero éste ha negado que la firma es suya.
Vick, jefe de operaciones de la empresa Fortress Maritime, dijo que no firmó ni autorizó bajo su nombre el contrato que la Administración de Servicios Generales (ASG), en representación del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), formalizó con Apex.
La supuesta firma de Vick aparece como «suplidor», en representación de Apex.
«Nunca tuve una relación directa o indirecta (como socio, empleado o inversionista) con Apex. Nunca autoricé el uso de mi firma ni aparecí personalmente para firmar ninguna orden de compra o contrato en nombre de Apex con el Gobierno de Puerto Rico», ha expresado Vick.
El empresario dijo que no tiene ninguna relación personal o comercial con Roberto Rodríguez López, dueño de Apex, y admitió conocer a Juan Maldonado de Jesús únicamente como exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en un momento en que Fortress Maritime fue contratada para proporcionar servicios de logística y seguridad para las rutas de Vieques y Culebra a Puerto Rico.
Maldonado de Jesús es quien ha representado a Apex en toda esta transacción con el gobierno de Puerto Rico y con el grupo asesor de salud nombrado por la gobernadora.
Por otro lado, también se ha exigido a la gobernadora Vázquez Garced que explique si tenía conocimiento previo a la fecha de su conferencia de prensa para justificar la transacción de la compra del millón de pruebas diagnósticas de Covid-19 abortada de que Oriental Bank, la institución bancaria donde está la cuenta de Apex Contractors le hizo una llamada telefónica el 3 de abril para corroborar la legitimidad del depósito de 19 millones que la empresa había recibido unos días antes.
Se sabe ahora que Oriental Bank contactó a Administración de Servicios Generales (ASG) con el propósito de validar que el cheque (de 19 millones) fuera uno legítimo debido a su cuantía millonaria.
Oriental informó que la transacción estaba “on hold”, porque había un “flag” (bandera) en el sistema, por la cantidad grande del depósito.
Oriental Bank no ha precisado si la congelación de la cuenta había sido ejecutada por autoridades federales.
Los bancos, según confirman ejecutivos bancarios, están obligados a congelar cuentas bancarias en las que se detecte alguna actividad sospechosa, sin tener que esperar por órdenes de las autoridades federales.
Cada detalle que va saliendo a la luz sobre lo que ya es un escándalo de grandes proporciones sigue empañando la credibilidad de la actual administración gubernativa y de la gobernadora Vázquez Garced.
La comunicación telefónica de Oriental Bank con ASG se produjo el 3 de abril, pero la gobernadora Vázquez Garced afirmó en una conferencia de prensa el pasado 8 de abril en la que justificó la transacción abortada de la compra de un millón de pruebas diagnósticas a Covid-19 que el gobierno de Puerto Rico no sabía por qué Apex no pudo cumplir con la fecha de entrega de las pruebas establecida en el contrato de compra-venta.
Se presume que las autoridades gubernamentales pudieran haber tenido conocimiento de la congelación de la cuenta bancaria y ocultaron la información al público.
Ahora el comisionado del Nmead, José Burgos, afirma en testimonio a una comisión legislativa investigadora que Apex le «obligó» a mentir sobre las razones hechas públicas para la cancelación de la transacción, con el propósito de que dijera que fue por motivo de incumplimiento con la fecha de entrega acordada en el contrato de compra-venta y no porque las pruebas que se iban a vender no cumplían con los estándares de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). INS
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