
Francisco Parés Alicea./Twitter
San Juan, 2 abr (INS).- El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, participó en una transmisión político política del representante Urayoán Hernández, en violación de la Ley 178 de 2001, que establece las normas de limitación de la participación de ciertos funcionarios públicos en actividades políticas.
Así lo indicó el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la Cámara de Representantes, Orlando José Aponte Rosario, quien sostuvo que «el secretario de Hacienda y el representante Hernández acaban de cometer una clara violación de ley al permitir la participación en un programa de radio político de un jefe de agencia que tiene prohibido por ley inmiscuirse en actividades políticas”.
“Esta acción tiene que costarle el puesto a Parés y una sanción ética al representante. Utilizar un estado de emergencia para sacar provecho político es una falta de respeto de parte de Urayoan Hernández y una indiscreción imperdonable del secretario de Hacienda», manifestó el abogado.
La ley define una actividad política en la que una o más personas promueven una determinada candidatura o partido político, incluyendo pero sin limitarse a reuniones, tertulias, discursos, o cualquier actividad similar, las cuales sean organizadas, financiadas o respaldadas por partidos políticos, candidatos, funcionarios electos durante su incumbencia o y que tenga contenido político partidista.
El señalamiento surge tras la participación de Parés en el programa de radio de una emisora donde Urayoán Hernández mantiene un espacio para adelantar su candidatura. El representante estuvo anunciando la participación del secretario de Hacienda en su programa radial Urayoán 2020, el cual es utilizado para promover su candidatura política y a través de sus páginas de campaña política en las redes sociales.
“El Estado no puede permitir que los funcionarios del gobierno saquen ventaja político-partidista por razón de los importantes puestos que ocupan. Una cosa es que el secretario utilice los espacios de radio, prensa o televisión para orientar a la ciudadanía, pero otra cosa diferente es que estos altos funcionarios públicos participen en programas o actividades organizadas para favorecer candidaturas. En este caso la ley es clara», dijo Aponte.
La ley prohíbe a los secretarios del Departamento de Educación, Justicia, Hacienda y al Superintendente de la Policía participar en actividades político-partidistas.
El funcionario que participe en una reunión, tertulia, programa o actividad similar donde se promueva determinada candidatura de un político, y que sea financiada por funcionarios electos durante su incumbencia, se expone a será sancionado con una multa no menor de 1,000 ni mayor de 5,000, a discreción del Tribunal, y se expondrá a las medidas disciplinarias de carácter administrativas incluyendo la amonestación, suspensión o destitución del cargo.
Aponte expresó que «la corrupción en el gobierno es un mal social que ha aumentado dramáticamente en Puerto Rico durante los pasados años. Funcionarios del más alto nivel del Gobierno han sido señalados, acusados y encarcelados por faltarle a la confianza de sus conciudadanos y por aprovecharse de sus puestos para beneficio propio y de causas político-partidistas ajenas a los más altos estándares morales que deben permear la función pública».INS
lp
Inter News Service Agencia de Noticias