Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 13 mar (INS).- El fundador de WikiLeaks Julian Assange continúa a la espera de que se resuelva el caso de extradición a Estados Unidos, país que sostiene contra él una acusación de espionaje y conspiración que podría acarrear una pena de hasta 175 años de prisión. El Reino Unido debe decidir si ejecuta la orden.
Se han producido intensas iniciativas para que se hagan públicos los documentos del caso, por considerarse que se intenta hacer pagar un alto precio por mantener informado a la ciudadanía, y eso atenta contra los preceptos de democracia.
La periodista italiana Stefania Maurizzi encabeza una de las personalidades que encabeza esa iniciativa de que se haga público los documentos a través de una causa en el Tribunal Superior del Reino Unido. Maurizzi denuncia la incoherencia y la opacidad de la Justicia británica en lo referente al caso de Assange.
Esta periodista trató de obtener la correspondencia completa entre el Servicio de Procesamiento de la Corona británica y el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Cuando solicité esos documentos a Suecia –continúa Maurizzi–, dijeron que no los tenían. Pero cuando solicité la misma correspondencia al Reino Unido, no querían ni confirmar ni negar que la tuviesen». «Si no la tenían, ¿por qué no decirlo inmediatamente?”, se pregunta la periodista.
Con respecto a las relaciones entre el Reino Unido y Ecuador –país en cuya Embajada Assange estuvo refugiado durante 7 años, desde junio de 2012– Maurizzi opina que las autoridades británicas utilizan al país latinoamericano «para que no parezca sospechososu rechazo a mostrar sus contactos con Estados Unidos.».
La reportera italiana subraya además la importancia del caso de Assange en el contexto global de la información.
«Este caso tiene que ver con el derecho de la prensa a publicar documentos que pueden ser devastadores para el Gobierno», asegura Maurizzi.
Lamenta que la vida de Assange se haya visto «destruida» por revelar información contraria a los intereses del poder. Dice ella que el precio es muy alto y los periodistas no deberían pagarlo por exponer los crímenes de guerra y las torturas. INS
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