P. Rico-Organizaciones en defensa de los derechos humanos exigen que se garanticen los derechos de los afectados por los sismos en el sur

San Juan, 3 feb (INS).- El Colegio de Profesionales del Trabajo Social, junto con varias organizaciones en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía en el país, acusaron las violaciones a los derechos de las personas directamente afectadas por los sismos ocurridos en el sur de la Isla y exigieron la atención de la emergencia desde una perspectiva de derechos humanos.

Específicamente, dijeron que los derechos de vivienda, educación, seguridad y salud han sido vulnerados, luego del terremoto y los continuos sismos en el área sur, y por la pobre respuesta del Estado.

“Desde el 28 de diciembre y luego el 7 de enero, nuestra Isla enfrentó la realidad de otro fenómeno de la naturaleza al que las generaciones presentes no estábamos preparadas a pesar de las advertencias que personas expertas en la materia habían realizado”, indicó Mabel López Ortiz, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

Agregó que “la crisis económica no resuelta, los desastres naturales y los creados por las administraciones del gobierno en el pasado, la falta de conciencia sísmica, la improvisación en la respuesta y la falta de transparencia, han sumido al país en un estado de inestabilidad y vulnerabilidad de los derechos humanos de la ciudadanía, que nos obligan a denunciar y exigir escuchar las voces de quienes requieren protección, niñez, juventud, mujeres, y adultos mayores”.

Puntualizó que “sigue siendo inaceptable que estas poblaciones, alrededor de 5,000 personas, no tengan repuestas organizadas frente a un futuro incierto, y que la salud mental y sus derechos continúen en deterioro por ser ciudadanía de los pueblos con mayor pobreza”. También denunció la situación de varios profesionales del trabajo social de las zonas afectadas en el sur, a los cuales se le exige cumplir con sus trabajos en el contexto de su propia vulnerabilidad, lo cual debe ser considerado para no violentar sus derechos laborales.

Annette Martínez Orabona, Abogada del Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad (DeCiudad) de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, manifestó que “la actividad sísmica, al igual que los huracanes Irma y María, pusieron al descubierto la falta de voluntad del Estado en reconocer que la vivienda es un derecho humano y no un privilegio para unos cuantos. Uno de los grupos más afectados son los que no son dueños o titulares de sus viviendas, porque vivían en residenciales públicos o bajo programas como Sección 8”.

Consignó que “desde los terremotos de diciembre y enero, muchas de estas personas no} dueñas, tuvieron que abandonar sus viviendas, y continúan pernoctando en la calle, bajo carpas, o en sus carros. Desde el proyecto DeCiudad, hemos escuchado testimonios de residentes de vivienda pública que fueron desalojados de sus viviendas sin haber recibido ninguna alternativa viable de realojo, y en ninguno de estos casos el Departamento de Vivienda les ofreció ayuda profesional para lidiar con esta terrible situación”.

La vocera detalló que “también conocemos de residenciales donde se han desalojado a los residentes, pero la administración continúa cobrándoles la renta. Exigimos al Departamento de la Vivienda que haga pública la información sobre el proceso de desalojo de los residentes de vivienda pública y los derechos que les cobijan, informe a los residentes sobre el resultado de las inspecciones a las unidades de vivienda, detenga todos los procesos de cancelación de contratos en los municipios afectados, y que explique por qué a estas alturas no se ha emitido una moratoria del pago de renta de vivienda pública”.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional Puerto Rico, a través de su directora ejecutiva, Liza Gallardo Martín, declaró que “uno de los retos más grande que enfrenta el gobierno es atender la crisis de vivienda en el área sur a causa de los terremotos. Según declaraciones públicas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la meta del Gobierno es que en 60 días ya no haya necesidad de tener refugios abiertos”.

Sin embargo, expuso que “las ayudas disponibles no son suficientes para atender el problema de las casas que sufrieron daños mayores o colapsaron de acuerdo a declaraciones de alcaldes del área sur. Ante la falta de una respuesta eficiente del gobierno estatal y federal tenemos a miles de personas que ahora están a la merced de las autoridades para que los reubiquen en un lugar seguro”.

Mientras, Vilma González, directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para las Mujeres, precisó que “estamos ante una situación sin precedentes en la historia moderna de Puerto Rico en cuanto a violación de derechos humanos en contextos de desastres. El paso de los huracanes Irma y María en el 2017 trajo desafíos que han afectado las vidas de mujeres y niñas, especialmente las sobrevivientes de violencia de género. Tras el paso de los huracanes vimos un incremento en la violencia de género en la Isla. No hay duda de que el período posterior al paso de estos huracanes sacó a la luz desigualdades preexistentes. Estas desigualdades hicieron nuestra población mucho más vulnerable. Ahora, dos años después, nos enfrentamos a un nuevo desastre”.INS

lp