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San Juan, 1 nov (INS).- La Oficina de Asuntos Legales de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) encomendó hoy iniciar un proceso disciplinario contra dos funcionarios que no cumplieron con la reglamentación institucional para atender una reclamación de hostigamiento sexual presentada por una profesora del campus de Cayey.
Esto, como resultado de una investigación ordenada por el presidente de la UPR, Jorge Haddock, en mayo de 2019, a los fines de confirmar si el proceso llevado a cabo en la UPR en Cayey para atender la reclamación de una profesora por contrato contra un compañero docente se realizó conforme a la reglamentación de la universidad.
La Oficina de Asuntos Legales de la UPR acogió la recomendación de Allan Charlotten Rivera, oficial investigador, quien concluyó que el manejo del proceso en su etapa inicial, para el año 2016, fue inadecuado.
“Se recomienda iniciar un proceso disciplinario contra la administración de la UPR en Cayey, al momento de los hechos en el 2016, entiéndase al entonces decano de Asuntos Académicos, y el anterior director del Departamento de Humanidades”, reza el informe del oficial investigador.
Agrega que “la desviación de las normas en esa primera etapa no permitió que el proceso se realizara conforme lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de los hechos”.
No fue hasta noviembre de 2017 que UPR Cayey dio curso a la investigación, que concluyó con la adjudicación de un proceso administrativo formal y la suspensión de la parte querellada.
Según explicó Charlotten Rivera en su informe, en ese momento “sí se aplicó lo dispuesto en la certificación 130, a favor de la querellante, incluyendo, como medida cautelar, el acomodo razonable con horarios y cursos en una programación distinta a la que mantenía. No obstante, ésta declinó ese acomodo razonable”.
“Habiendo recibido el informe sobre el manejo del caso, lo hemos referido a la UPR en Cayey para que se tomen las medidas administrativas correspondientes contra los responsables, conforme a las recomendaciones contenidas en el informe”, sostuvo la directora de la Oficina de Asuntos legales de la Administración Central de la UPR, Soniemi Rodríguez Dávila.
Sobre el caso, el presidente de la UPR expresó que “la universidad de Puerto Rico tiene una política de cero tolerancia contra el hostigamiento sexual y esta Administración velará por su cumplimiento siempre. Continuamos revisando nuestros protocolos a los fines de asegurar que los procesos se realicen conforme a la reglamentación vigente y con la sensibilidad que amerita este tipo de casos”.INS
lp