P. Rico-Con enmiendas Educación endosa medida que crea Ley para la Educación Especial

San Juan, 30 oct (INS).- El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez señaló que endosa con enmiendas el proyecto de la Cámara 1945, que busca establecer la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”.

La medida busca asegurar la prestación de servicios educativos inclusivos para los menores con discapacidades entre las edades de tres a 21 años.

Además, la pieza legislativa crearía la Secretaria Asociada del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.

Hernández Pérez compareció ayer ante la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, que preside el senador Axel Roque Gracia, dejando claro que no solo endosan la medida con enmiendas, sino que el proyecto “recoge aspectos importantes ya establecidos en la Ley Federal Individuals with Disabilities Improvement Act del 2004 (IDEA) y la propia Ley 51 de 1996, mejor conocida como ‘Ley de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos’. Este estatuto ya contiene varios de los procesos que están siendo implementados en la agencia”, dijo.

“Creemos que la iniciativa presentada es un paso de avance que contempla tener en un solo documento la base para la prestación de los servicios de educación especial. Ahora bien, el proyecto presenta varios elementos nuevos que deben considerarse dentro de lo que hemos expuesto. En primer lugar, trae como un cambio en la forma en que se designa o nombra al secretario asociado de Educación Especial. Reconocemos que esta propuesta busca darle mayor legitimación o importancia a la figura de quien dirige el Programa de Educación Especial”, sostuvo.

No obstante, aclaró que “no debemos perder de perspectiva que este funcionario debe ser considerado dentro del contexto del Departamento y su deber ministerial. Filosóficamente, quien ocupa este puesto debe ser afín a quien esté dirigiendo el Departamento y la política pública que se busca implementar. La separación o autonomía mayor puede crear un potencial choque de política pública. Debemos fomentar el trabajo en equipo, pues con ello fomentamos la inclusión de nuestros estudiantes”.

Otra de las preocupaciones traídas por el funcionario fue sobre la propuesta de separar los jueces administrativos de educación especial para que sean nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado.

El titular de Educación sugirió que estos continúen siendo nombrados por el departamento, ya que el proceso de querellas está regulado por legislación federal y dispone de un término corto para resolver las querellas (45 días).

Asimismo, recordó que estos funcionarios son contratados con fondos federales (Ley Federal IDEA), lo cual requiere que no sean empleados de la agencia ni que estén envueltos en la educación o cuidado del menor, que no tengan intereses personales ni profesionales que puedan tener algún conflicto de interés con su objetividad en la vista administrativa.

Además, dijo que deben tener conocimiento y la habilidad para entender la Ley IDEA, las regulaciones estatales y federales sobre el citado estatuto.

“El mecanismo propuesto, a pesar de que separa el nombramiento de los funcionarios, termina por mantenerlos bajo la supervisión directa de la agencia, lo que pone el mecanismo en contra de las disposiciones de ley y, por ende, pone en riesgo el uso de los fondos federales”, sostuvo sobre el particular.

Igualmente, consignó que “ni el departamento ni el Programa de Educación Especial cuentan con suficientes recursos diestros para llevar a cabo las evaluaciones vocacionales y de carrera a los 59,101 estudiantes que se benefician de ese servicio”.

“Por lo tanto, sugerimos se evalúe el aumentar la edad y establecer consideraciones especiales para esta evaluación, pues el proceso y las consideraciones varían entre los estudiantes. Por otro lado, recomendamos que este tema no forme parte del proyecto y sea atendido en conjunto con los maestros de Educación Especial, consejeros escolares, la Administración de Rehabilitación Vocacional y las escuelas y universidades, de forma tal que se pueda mejorar lo existente”, manifestó.

Por último, pidió que se elimine el término defensor y se mantengan los intercesores: “Concurrimos con la medida en la cual establece que estos deben estar regulados por un ente externo y debe existir un registro oficial de los mismos y un código de ética que les aplique”.

En la ponencia presentada por el Secretario, establece que la matrícula servida del Programa de Educación Especial ha variado significativamente desde el 1996.

Actualmente la matricula es de 103,137, desglosándose de la siguiente manera: 11,799 la matricula es servida de 3 a 5 años y 91,338 de 6 a 21 años.

Comparado para el 1994-1995, que la matricula era de 40,606 y para el 2012-2013 de 130,212.

Asimismo, el titular de la agencia detalló que para el año fiscal 2018-2019, el presupuesto federal fue de 130,954,235 dólares.INS

lp