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San Juan, 24 oct (INS).- La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, siglas en inglés) advirtió hoy las “serias consecuencias” que tendrá en el bolsillo de los consumidores de energía solar y en el desarrollo de la industria en la Isla si se pone en marcha la propuesta de los bonistas de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE).
La propuesta busca cobrar dinero mediante la imposición de un cargo a los ciudadanos que instalen un sistema de energía solar en sus hogares y negocios.
El cargo es parte del Acuerdo de Reestructuración (RSA) contraído con los bonistas y que fue presentado a la jueza Laura Taylor Swain el pasado mayo para su aprobación.
Debido a esta situación, la SESA someterá mañana, viernes, ante el Tribunal Federal de Quiebras, un recurso de amicus curiae con el fin de advertir sobre el impacto adverso que tendrá para la ciudadanía y para la economía de la isla la imposición de un cargo a los consumidores.
La moción que presentará la SESA explicará los efectos adversos específicos que se producirán en la isla, destacando el hecho de que cualquier desaceleración en el despliegue solar significaría que más personas serán vulnerables durante eventos atmosféricos, como lo fue el caso del paso del huracán María en 2017, durante el que cerca de 4,000 personas murieron, muchas de ellas debido a la falta de acceso al servicio de electricidad.
PJ Wilson, presidente de la SESA, organización que representa a las empresas solares y de almacenamiento de todo tamaño en Puerto Rico, comentó que “es comprensible que los bonistas deseen recobrar lo que entienden se les debe debido; lo que es incomprensible es que el camino que escojieron es uno que fundamentalmente imposibiliza ese objetivo al erosionar la misma base económica de abonados y consumidores que contribuyen a la red. Entendemos que el gobierno tiene un gran oportunidad de rechazar los cargos a los prosumidores solares propuestos en el RSA para que así el Tribunal Federal los rechace. Esta postura sería consistente con las expresiones recientes del Gobierno en contra de cualquier aumento en la factura eléctrica”.
El acuerdo negociado con los bonistas de la AEE y que estuvo a cargo de dicha agencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), dispone que a los consumidores que instalen sistemas de energía solar a partir de octubre de 2020 se les impondrá un cargo aplicado a su producción de energía.
Según explicó el portavoz de la SESA, sería un cargo mensual basado en la produccion de energia solar, lo cual está explícitamente prohibido por la Ley 17 de 11 de abril de 2019, de política pública energética.
Sobre el asunto, Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de Sunrun, opinó que “Puerto Rico necesita más energía solar y baterías para ayudar a construir su resiliencia y promover su desarrollo económico. Es hora de implementar nuestra innovadora legislación bipartidista para alcanzar un 100% de energía renovable en Puerto Rico. Rechazamos todo intento para obstaculizar nuestros esfuerzos con impuestos solares innecesarios y discriminatorios”.INS
lp