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San Juan, 15 oct (INS).- Tras la masacre que se suscitó este fin de semana en el residencial Ernesto Ramos Antonini, que provocó la muerte de seis personas y en la que la Policía recuperó sobre mil casquillos de bala, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, anunció hoy que someterá legislación a los fines de cambiar las Reglas de Procedimiento Criminal para que mediante aplicaciones de teléfonos celulares, los ciudadanos que sean testigos de algún delito, puedan enviar dicha evidencia directamente a la Policía.
Asimismo, informó que recomendará en la pieza legislativa que presentará que las cámaras de seguridad de los negocios sean de alta definición para que la figura de los individuos se vea claramente.
“En las vías de rodaje no es atípico ver a un ciudadano que grave un evento. Hay unas tecnologías que existen en otras jurisdicciones donde, mediante en una aplicación, y esto se utilizó hasta en el gobierno, pudiéramos alterar las Reglas de Procedimiento Criminal, porque estamos hablando de evidencia, donde el ciudadano, en el momento que está viendo que se está cometiendo un delito, pudiera grabar con esa aplicación y esa aplicación envía la información directamente a la Policía y que la Policía dentro del proceso investigativo pueda atender ese crimen que se cometió. Estamos hablando en potencia de sobre dos millones de policías en Puerto Rico…sin tener que arrestar a nadie”, declaró hoy el legislador durante la sesión.
El senador Ríos Santiago enfatizó en varias ocasiones que la medida tendrá sus pros y sus contras, por lo que urgió a que la misma sea debatida y analizada entre legisladores de todas las delegaciones y la ciudadanía.
“Esto es una medida que voy a presentar y tiene sus pros y sus contras. Tenemos que evaluar hasta donde llega la privacidad del ciudadano versus la capacidad de una persona de grabar -si graba completo, incompleto, el ángulo-, si es una regla de evidencia, si es confiable esa grabación. Es un debate que se tiene que dar, pero lo que no podemos esperar es que graben o que tengamos diez academias de Policía que no van a resolver el problema porque es para una Academia y la Junta de Control Fiscal no nos la quiere dar”, manifestó.
En lo que respecta a las cámaras de vídeo de los negocios, Ríos Santiago opinó que mediante ley se debe requerir que definan bien la figura de las personas, “porque los empresarios compran sus cámaras para asegurar el inventario, pero estamos viendo que más días y días tenemos personas que llegan ahí y que aun siendo grabadas no son identificables”.
Sin embargo, reconoció que “estamos en el debate” de si eso sería un impuesto al comerciante. “que ya tiene de por sí unos gastos para sobrevivir” contra la política pública de atrapar a quienes cometen actos delictivos.INS
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