San Juan, 25 sep (INS).- La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) denunció el deterioro de la planta física de varias escuelas y acusó al Departamento de Educación por «no aprovechar los ahorros que generaron los cierres masivos de escuelas para hacer las reparaciones urgentes».
Las quejas incluyen fltraciones severas en los techos, techos al descubierto sin plafones, desprendimiento de empañetado, hongos y otras situaciones que no permiten un ambiente de estudio y trabajo adecuado.
Entre las escuelas afectadas se mencionaron el Instituto Tecnológico de Ponce, la Vocacional Miguel Such de San Juan, la Margarita Janer de Guaynabo y la Efraín Sánchez de Toa Baja.
«La Federación de Maestros notificó al secretario Eligio Hernández y a La Fortaleza y espera una acción inmediata pues está de por medio la salud y seguridad de los estudiantes y el personal docente. Es increíble que el gobierno haya vendido escuelas y ni siquiera inviertan el producto en las reparaciones urgentes de los planteles en operación. Por otro lado, han subsidiado empresas educativas privadas al cederles planteles por una renta nominal de un dólar. Es una manera de entregar a la empresa privada recursos que corresponden a las escuelas públicas», señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la organización magisterial.
Acusó que «estos problemas llevan años sin resolverse. Mal utilizan el presupuesto y ni siquiera han desarrollado un plan eficiente de refugios para los ciudadanos en momentos de emergencia usando los planteles cerrados».
Martínez Padilla enfatizó en que «los recientes temblores que ha experimentado el país dramatizan lo vulnerables que se encuentran los niños y educadores en estructuras deficientes».
Según la portavoz, «la excusa de la falta de presupuesto debe echarse a un lado. El Departamento debe eliminar cientos de contratos mediante los cuales se dilapidan millones de dólares. Recordemos que bajo la incumbencia de la acusada de corrupción Julia Keleher se concedieron mil millones en contratos a amigos y contribuyentes políticos. La agencia debe reclamarle a la Junta de Control Fiscal los más de 200 millones de presupuesto que le fueron recortados».INS
lp
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