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Santo Domingo, 11 sep (INS).- Dieciséis jueces de la Suprema Corte de Justicia conocerán hoy el juicio de fondo a seis imputados de aceptar en sobornos 92 millones de dólares repartidos en el país por el consorcio de ingeniería brasileño de Odebrecht a cambio de recibir contratos privilegiados en obras públicas gubernamentales.
Los acusados son el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno; el senador por San Cristóbal por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Alberto Galán; el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Senado de la República, Andrés Bautista; y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Juan Roberto Rodríguez.
La alta corte, presidida por Luis Henry Molina, fue reestructurada el pasado mes abril con la incorporación de nuevos integrantes, la mayoría especialistas en Derecho Civil y Administrativo, no en procesos penales.
El caso será una prueba tanto para los acusados, abogados defensores y para los magistrados, debido a la complejidad del voluminoso expediente que a juicio de diversos sectores de la sociedad dominicana, entre estos los movimientos cívicos Marcha Verde y Participación Ciudadana, “está incompleto porque el Ministerio Público habría dejado a mucha gente fuera”.
A 14 personas, incluidos funcionarios, empresarios, abogados y legisladores oficialistas y de oposición, les fue solicitada medida de coerción, de los que apenas a seis se les presentó formal acusación penal y apertura a juicio.
Durante el proceso de investigación también se presentó acusación contra el exlegislador Jesús Vásquez, pero quedó fuera de acto de apertura a juicio al considerar los investigadores que no habían evidencias para procesarlo.
Ahora los ojos del pueblo está puestos sobre el tribunal colegiado, que no tiene forma de satisfacer las ansias de justicia de una población que ya se resiste a que los crímenes como la corrupción, el fraude y la prevaricación contra el erario público queden impunes.
El mayor cuestionamiento del expediente es que no registran las irregularidades que se atribuyen a los gestores del proyecto termoeléctrico Punta Catalina, controversial infraestructura que se construyó en Baní, provincia Peravia (sur), que conforme a técnicos de la oposición fue sobrevaluada respecto al presupuesto original. Fue señalada por la Procuraduría General de la República como una de las 17 obras construidas por Odebrecht en el país, otorgadas en base al pago de sobornos, según se hizo constar en el expediente de solicitud de medida de coerción.
En la página 14 del documento de la solicitud de medida de coerción, presentado el 30 de mayo del 2017 contra los implicados, el Ministerio Público incluye a Punta Catalina entre las infraestructuras otorgadas mediante el pago de coimas realizado a través del intermediario comercial Ángel Rondón.
En un consorcio periodístico internacional, representado en el país por la periodista Alicia Ortega y su equipo, salieron a relucir nuevos nombres de personas que recibieron pagos a través de la cuenta que la misma compañía confesó que utilizaba para esas actividades.
Salieron a relucir una serie de nombres en clave utilizados por la empresa brasileña, que está en el deber de descifrarlos a las autoridades dominicanas en virtud del acuerdo judicial que libró de un proceso judicial a los ejecutivos de la empresa carioca.
En el acta de acusación contra los encartados enviados a juicio de fondo, sin embargo, no menciona los 39, 592,788 dólares, que según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pagó la constructora brasileña como soborno a diez compañías “offshore”, para el proyecto Punta Catalina.
De la nueva indagatoria periodística se desprende que Odebrecht hizo 118 pagos que nunca fueron registrados en sus libros contables. El monto de esas transacciones, hechas en 2004, fue de 55, 818,78 dólares. INS
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