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La abogada Anibel Gonzalez Ureña, de 30 años, había procreado dos hijos con su asesino. Inter News Service
Santo Domingo, 2 sep (INS).- La muerte a tiros de una abogada, madre de dos hijas, de parte de su expareja, ha generado cuestionamientos sobre el desempeño del Ministerio Público respecto a la protección de las mujeres que presentan denuncias de maltratos contra los compañeros sentimentales.
Anibel González Ureña, de 30 años, fue asesinada de cuatro balazos por su ex marido, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez, de 43 años, quien luego se suicidó, en un hecho registrado el pasado viernes en el barrio Los Maestros en el municipio San pedro de Macorís (oriente).
Cuando recibía los disparos mortales, la profesional del derecho pedía clemencia a su verdugo, según los reportes de los vecinos que escucharon los gritos de la mujer.
“No lo hagas, por favor. Yo te quiero, piensa en tus hijos, yo te quiero”, clamaba la víctima al recibir los primeros impactos de bala. Gravemente herida, logró salir de la casa y pedir ayuda a los vecinos.
Falleció horas después la mañana del sábado en el hospital Regional Doctor Antonio Musa a causa de lesiones en los brazos y el tórax.
Se dijo que el hombre salió hace poco de la cárcel y que tenía una orden de alejamiento de la dama, por violencia de género, tras haberla agredido de varias puñaladas frente a la hija de ambos, en el 2017.
La occisa era especialista en asuntos migratorios y brindaba asesoría consular, mientras que el empresario atacante era el propietario de una mueblería.
Antes de suceder la tragedia, Anibel González y Yasmil Oscar Fernández Estévez formalizaron un acuerdo en un tribunal que culminó en la excarcelación de este tras ser arrestado por intento de asesinato en su perjuicio.
Luego del repudio de los diferentes sectores de la sociedad sobre este crimen, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, admitió que la fiscal que presentó el referido pacto, “se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente”.
Específicamente, la Procuraduría cuestiona el “acuerdo penal abreviado” al que llegaron Yasmil Oscar Fernández Estévez, Anibel González y el ministerio público, para que el primero saliera de prisión.
El procurador Rodríguez indica que aun cuando ese trato fue propuesto por la víctima del ataque, hace dos años, ese arreglo consensuado “violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”.
Una investigación ha evidenciado que “había causales para revocar el acuerdo que, aun la víctima y el victimario hayan consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público”, indica el procurador en un comunicado.
Se busca determinar si el Ministerio Público tenía información de que el agresor continuaba hostigando a la víctima, lo que, de ser cierto, “debió solicitar la revocación del acuerdo por ante el Juez de Ejecución de la Pena”.
En ese contexto, la ex fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, señaló que el intento de asesinato contra Anibel González, en diciembre del 2017, debió criminalizarse como asesinato, y que “la pena impuesta debió ser de 30 años; su victimario tenía que estar en la cárcel, no en libertad”.
Los asesinatos de mujeres a manos de sus ex maridos o amantes, en medio de conflictos sentimentales, ha aumentado los últimos meses en la República Dominicana aunque no de manera oficial no se ofrecen estadísticas concluyentes sobre esos acontecimientos.
En la mayoría de los casos, los asesinos matan por celos o cuando la mujer se resiste a una reconciliación y terminan suicidándose.
Se han dado situaciones en que las órdenes de alejamiento impartidas por los fiscales contra hombres violentos son anuladas a solicitud de las mujeres querellantes luego de una reconciliación.
Sin embargo, los hombres vuelven a reincidir en las agresiones contra las parejas, que terminan en tragedias, dejando un prontuario de niños huérfanos, mucho luto y dolor en las familias.
Entre 2015 y junio de 2019 se registraron 185 casos orfandad dentro del Protocolo de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios.
Los objetivos específicos del protocolo son asegurar la aplicación de medidas de protección a estas víctimas, ofrecer acompañamiento psicológico socioeducativo y socio familiar, este último con el apoyo de transferencias monetarias condicionadas.
Para detectar los casos, el organismo da seguimiento diario a la prensa y al sistema de información del ministerio de la Mujer; después de tenerlos procede a coordinar con las regionales y provinciales del programa según el hecho, luego se realiza una búsqueda de un enlace familiar y un supervisor, para evidenciar lo sucedido.
Durante el primer trimestre del año 2019 se registraron 20 feminicidios, conforme a datos de la Procuraduría General de la República, que en el mismo periodo de 2018 computó 18 casos de asesinato contra mujeres por el hecho de serlo.
Estas cifras suponen un incremento del 11,11% en el número de este tipo de crimen de odio con respecto al pasado año, y sitúa la tasa de feminicidios en 1,56 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos que aparecen publicados en la web de esa institución.
Si se tienen en cuenta todos los homicidios perpetrados contra mujeres entre enero y marzo la cifra sube a 35, que supone un incremento de un 20,69%. INS
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