P. Rico-Sobrino Vega califica de “desafortunada” carta de la JSF sobre resolución conjunta de la Cámara 513

San Juan, 3 jul (INS).- El principal oficial financiero del gobierno y representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino Vega, calificó hoy de “desafortunada” una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre resolución conjunta de la Cámara 513.

La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico publicó una carta enviada el 2 de julio de 2019 aproximadamente a las 12:50 a.m. al Gobernador de Puerto Rico, al Presidente del Senado de Puerto Rico y al Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en donde expresa su preocupación por la Resolución Conjunta de la Cámara 513, recientemente aprobada en la Legislatura de Puerto Rico. Consideramos que esta comunicación es desafortunada tanto en sus declaraciones como en su aparente falta de apoyo para reembolsar alrededor de 1.4 mil millones en contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación del Sistema 2000”, dijo el funcionario.

Según Sobrino Vega, la medida es una ley simple que autoriza el depósito de 1.4 mil millones de fondos no asignados en la tesorería del estado en una cuenta fiduciaria, requiere que dichos fondos estén separados de todos los demás fondos del Gobierno de Puerto Rico u otras cuentas de fideicomiso de jubilación y exige que dichos fondos se mantengan en dicha cuenta de fideicomiso hasta que los términos y condiciones para su transferencia a participantes elegibles se establezcan de acuerdo con la ley aplicable.

Al respecto, el representante del gobierno ante la JSF señaló que el depósito de estas cuentas fiduciarias en las condiciones establecidas por la Junta de Retiro de Puerto Rico en virtud de la Ley 106 de 2017 garantizará la disponibilidad y protección de dichos fondos, así como una mayor tasa de rendimiento una vez que se invierta de manera responsable en los bonos del Tesoro emitidos por El gobierno de los Estados Unidos.

La resolución 513 también requiere que el director ejecutivo de la Junta de Retiro de Puerto Rico comience las operaciones necesarias de registro y auditoría para determinar y certificar los montos específicos aportados y adeudados a cada beneficiario del Sistema 2000, así como autoriza la contratación de personal y asesores para tal fin.

Como hemos explicado anteriormente, este proceso requiere meses de trabajo y debe iniciarse lo antes posible”, advirtió.

Igualmente, dijo que “el ejercicio de los poderes legislativos a través de la aprobación de proyectos de ley es un sello distintivo de la forma republicana de gobierno y nos oponemos a que la Junta de Supervisión enturbie lo mismo como un mero ‘enfoque ad hoc’. Si bien es cierto que Promesa establece en su lenguaje que la Junta de Supervisión puede prevenir una legislación estatal inconsistente, la Junta de Supervisión no debe presumir que todas sus cartas o comunicados de prensa tengan el mismo efecto legal”.

A su vez, Sobrino Vega recordó que el gobierno de Puerto Rico ha expresado “su rechazo a cualquier potencial acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que pudiera perjudicar las pensiones públicas. De igual forma, el gobierno de Puerto Rico también considera que es altamente inapropiado que la Junta de Supervisión pretenda tener el poder de negociar acuerdos de negociación colectiva cuando es el gobierno electo el que es reconocido como el patrono de empleados públicos y funcionarios bajo Puerto Rico y ley federal”.

No obstante lo anterior, el gobierno de Puerto Rico siempre ha apoyado el reembolso de las contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación Sistema 2000. Por esta razón, el gobierno de Puerto Rico está ejerciendo, a través de la resolución 513, su autoridad gubernamental legítima para corregir la mala gestión gubernamental anterior de esos fondos sin ninguna condición adicional. Si la Junta de Supervisión desea apoyar sinceramente a los beneficiarios del Sistema 2000, debería revisar la resolución 513, reconocer que no hay incoherencia y respaldar el compromiso del Gobierno con este objetivo común”, sostuvo.INS
lp