P. Rico-Apoyo de la Cámara a demanda de galleros contra el gobierno de EEUU

San Juan, 3 jul (INS).- El portavoz alterno de la mayoría en la Cámara de Representantes, Urayoán Hernández Alvarado, anunció la presentación de una resolución concurrente para expresar el “total apoyo” a la demanda presentada por Club Gallístico de Puerto Rico cuestionando la constitucionalidad de la aprobación de la Ley 115-334, que extendió la prohibición estatuida en el “Animal Welfare Act” a la celebración de peleas de gallos en Puerto Rico y en los demás territorios de los Estados Unidos.

La medida también solicita al Congreso que revierta la prohibición a las peleas de gallos en Puerto Rico o que legisle para proveer un periodo de transición de al menos cinco años.

“Es imprescindible que esta Ley sea revertida por el Congreso de los Estados Unidos de América por su impacto devastador a la economía de Puerto Rico. Durante casi dos años hemos levantado la voz de alerta sobre los efectos de esta innecesaria prohibición. Hemos visitado las puertas de congresistas, hemos dialogado con miembros del Ejecutivo federal y hemos compartido con miembros de la industria en la Isla las diversas estrategias para encaminar una defensa robusta de este deporte. Esta Resolución Concurrente es parte de esos esfuerzos”, comentó Hernández Alvarado.

El 22 de mayo de 2019, un grupo de personas relacionadas a la industria gallística de Puerto Rico presentó una demanda en el Distrito de Puerto Rico de la Corte Federal.

El Club Gallístico de Puerto Rico, representado por Reynaldo Laguna; Luis Joel Barreto, dueño de la Gallera Voladora en el municipio de Moca; Faustino Rosario Rodríguez, residente de Carolina y criador de gallos de pelea; Carlos Quiñones Figueroa, empleado de una gallera que ha dedicado toda su vida profesional a la industria gallística; y Nydia Mercedes Hernández Gotay, empleada federal retirada y que se dedica a la crianza de gallos, representan a un grupo de personas que serían privadas de ganarse el sustento por actividades que han realizado durante toda su vida, si entra en vigor esta ley.

“Si revertir la ley, lo que buscamos, no resultara ser una opción viable, se debe disponer de un periodo de al menos cinco años para que se dé una puesta en vigor ordenada de esta ley. Resulta de gran importancia que las 20,000 personas empleadas por esta industria tengan un período razonable de tiempo a transicional a otras industrias y que la incipiente mejoría económica que estamos experimentando no se vea afectada por el súbito golpe que representa la prohibición de las peleas de gallo”, agregó el político.INS
lp