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San Juan, 1 jul (INS).- El representante Manuel Claudio Rodríguez anunció que sometió el proyecto de la Cámara 2174 para enmendar la Ley 54 (“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”), a los fines de asegurar que la provisión de servicios médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería u orientación a las víctimas de violencia doméstica y otros delitos incluidos en la norma sean cubiertos tanto por los victimarios como por el Estado.
Además, la enmienda a la Ley 54 añade que los agresores serán sometidos a una evaluación psicológica detallada a ser realizada por un psicólogo especializado, la cual establecerá que este entiende lo que es conducta constitutiva de violencia doméstica y está consciente sobre el efecto nocivo de ello en su familia.
Al agresor se le ordenará participar de manera compulsoria de un programa o taller de reeducación y readiestramiento para personas agresoras.
El legislador indicó que la medida establece, una vez sea definido por un tribunal, que sea mandatorio que los acusados por la agresión paguen una indemnización económica especial para cubrir los gastos de los servicios médicos de la víctima así como de familiares afectados.
En situaciones donde el agresor se encuentre impedido de costear una indemnización económica, serán provistos a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Amssca).
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central expresó que “en adición a la Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos del Delito, es importante asegurar que se les brinden los servicios antes descritos a las víctimas como familiares cercanos que hayan presenciado los hechos en donde la mayoría de los casos lamentablemente son los hijos quienes suelen ser los más afectados”.
Claudio Rodríguez añadió que “para nosotros es importante asegurarnos que los agresores rompan con esa conducta y con la cadena de violencia dentro de un entorno familiar. Es por ello que esta Ley dispone que el Tribunal impondrá como condición que el agresor sea sometido a una evaluación psicológica la cual establecerá el nivel de conocimiento sobre la conducta constitutiva de violencia doméstica, y le ordenará de forma compulsoria al agresor asistir a unos talleres de educación para personas violentas y recibir la ayuda necesaria para modificar su conducta. Para mí lo más importante es la salud mental de todos los involucrados en estos eventos y de esta manera podremos evitar posibles víctimas y tragedias futuras en las familias puertorriqueñas”.INS
lp