P. Rico-Hacen llamado a la profesión legal a orientarse sobre obligaciones éticas de abogados de promover acceso a la justicia a las familias de escasos recursos

San Juan, 19 jun (INS).- El presidente de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ),José Enrique Colón Santana, hizo hoy un llamado a la profesión legal a orientarse sobre las obligaciones éticas de los abogados de promover acceso a la justicia a las familias de escasos recursos en Puerto Rico, mediante los intereses mensuales generados a través de las cuentas Iolta.

En un esfuerzo educativo sobre este tema, la FFAJ ha invitado a jueces y abogados de varios estados a participar en el foro “Iolta & Access to Justice: Promoting Access to Civil Legal Aid for the Poor” el 27 de junio, a las 3:00 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El evento será libre de costo y es acreditado por el Programa de Educación Jurídica Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, hasta un máximo de 2.5 horas en Ética.

La actividad contará con la participación de un panel compuesto por Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva interina de la FFAJ; Eva Guzmán, de la Corte Suprema de Texas; Lora Livingston, de la Corte 261 Distrito Civil de Texas; Don Saunders, vicepresidente de la National Legal Aid and Defenders Association; Judith Baker, directora de Oregon Law Foundation, y Betty Torres, directora de Texas Access to Justice Foundation, quienes compartirán con abogados y jueces sus experiencias.

Colón Santana aclaró que las leyes 165 de 2013 y 51 de 2017 requieren que los abogados que reciban dinero en adelanto de honorarios y gastos depositen estos fondos, hasta que sean usados, en cuentas especiales conocidas como Iolta.

“Estos intereses mensuales son remitidos a la FFAJ para ser distribuidos en programas que garanticen acceso igual y justo a quienes no pueden pagar”, explicó.

Agregó que “de nada vale establecer derechos si las personas no tiene la posibilidad de defenderse, de reclamar o estar debidamente representada. Si bien en nuestro país las tres escuelas de derecho tienen programas para dar representación legal a personas de escasos recursos, la inmensa mayoría se encuentra sin posibilidad alguna de tener acceso a estar asistida con representación legal profesional. Sin la debida asesoría, pierde posibilidades de plantear sus justos reclamos a tiempo”.

De acuerdo con Colón Santana, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ), organización privada sin fines de lucro creada por ley para recaudar recursos garantizando representación en asuntos civiles a las personas que viven en pobreza, distribuye los fondos obtenidos a base de propuestas que son atendidas y fiscalizadas mediante auditorías de gastos y servicios.

“En tres años, la FFAJ, ha logrado distribuir 4.1 millones. Para el año 2019-2020, la FFAJ ha abierto otra convocatoria disponiendo la suma de 203,357, provenientes de fondos de sellos de suspensión. A su vez, se han solicitado propuestas con cargo al fondo especial de desarrollo económico e hipotecas de hasta un millón. Sin embargo, todavía falta el apoyo de un sector vital: la profesión legal”, enfatizó el presidente de la FFAJ.INS
lp