P. Rico-Residentes de barrio Cubuy de Canóvanas denuncian que alcaldesa Soto movilizó escuadrón de la Policía y docenas de empleados para imponer “a la trágala” movimiento de tierra que consideraron ilegal

La portavoz de los vecinos de Cubuy, Magdaly Soto, denunció que fueron amenazados por la alcaldesa de Canóvanas de que serían arrestados si trataban de impedir las obras ilegales. Inter News Service

Canóvanas, 18 jun (INS).- Residentes del barrio Cubuy de Canóvanas denunciaron hoy que la alcaldesa Lornna Soto movilizó un escuadrón de la Policía y docenas de empleados municipales para imponer “a la trágala” un movimiento de tierra ilegal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en un tramo destruido por el huracán María en la carretera PR-186 de ese pueblo.

“Esto es otro acto de corrupción, derrochando más de 11 millones de dólares, para beneficio de los amigos del alma, de la alcaldesa Lornna Soto”, criticó Magdaly Soto, portavoz de los vecinos de Cubuy, quienes dijeron, inclusive, que fueron amenazados por la alcaldesa de que serían arrestados si interferían para impedir estas “obras ilegales”.

La vocera dijo que varios allegados de Soto se dedicaron a insultar y provocar a quienes protestaban de modo pacífico, teniendo que intervenir los policías para aplacar la “jauría de la alcaldesa”.

Informó que también se querellaron ante la EPA y Recursos Naturales por la contaminación del acuífero que suple agua potable a su comunidad, “ya que ni DTOP ni el municipio cuentan con los permisos requeridos por la Ley Federal de Aguas Limpias, lo cual fue reconocido en el lugar por una funcionaria del DTOP”.

“Encima de que nos tienen incomunicados hace más de dos años, ahora también, nos van a dejar sin agua por la contaminación del nuestra planta de filtración”, criticó.

Sostuvo que le informaron con anticipación al secretario del DTOP sobre la existencia de otra vía que ya fue acondicionada por la comunidad, con la asistencia de ingenieros experimentados, a través de un terreno que le pertenece al propio Estado y que requeriría menos de un millón de dólares y solo un mes, para resolver el problema.

Sin embargo, Soto manifestó que el funcionario “se opone a la opción de la comunidad, porque tendría que invertir tiempo en nuevas gestiones, aunque eso signifique gastar diez millones más de lo necesario, construyendo sobre un risco”.

Añadió que “esta es la gente de la que habla el presidente Donald Trump y que tienen quebrado a Puerto Rico “.INS
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