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San Juan, 4 jun (INS).- Los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía no son documentos confidenciales y el Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene cinco días para entregarlos a la organización Kilómetro Cero (Km0).
Esa fue la orden que el juez Anthony Cuevas, de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de San Juan, emitió ayer en la tarde, con una sentencia de con lugar a la petición de mandamus de Km0.
La organización ciudadana, que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico, solicitó el mandamus el pasado 18 de marzo. El recurso lo presentaron los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, de la Clínica de Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“La sentencia del juez Anthony Cuevas vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país pero que, a pesar de los avances tecnológicos, es muy difícil de ejercer en Puerto Rico. Una sentencia que sencillamente reitera ese derecho fundamental que tenemos todos termina convirtiéndose en una victoria épica por la tremenda secretividad y opacidad con que funciona la Policía y el gobierno de Puerto Rico en general”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización. “
Agregó que “aquí hay cinco años de un trabajo bien intenso de requerimientos de información, análisis, búsquedas, cuestionamientos. Esta situación nos recuerda que es menester establecer por fin un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso. Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”.
Cuevas estableció en su sentencia que “el que tengamos que catalogar un documento claramente público en uno confidencial porque, de ser público, la persona encargada de redactarlo podría mentir, resulta insostenible”.
Esto, en respuesta al argumento del Departamento de Seguridad Pública de que los policías podrían mentir en estos informes si se hicieran públicos.
“Como es sabido, el Estado no puede negarse caprichosamente y de forma arbitraria a permitir el acceso (a la información)”, continuó el juez en su sentencia.
Además, estableció que “los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos públicos e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y esas excepciones de mantener la información pública sólo se justifican cuando así lo determine el interés público”.
La acción legal contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico de Puerto Rico tenía el propósito de vindicar el derecho fundamental de la organización sin fines de lucro al acceso a la información, después de que las agencias habían ignorado y negado una serie de solicitudes de información que Kilómetro Cero realizó desde 2018. La misión de la organización ciudadana es investigar, analizar e impulsar una transformación en la forma como el Estado, por medio de su Policía, utiliza la fuerza contra la gente.
“Los documentos, materiales e información solicitadas son originados, conservados o recibidos por dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, argumentaron los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, representantes legales de la organización sin fines de lucro, en el recurso presentado.INS
lp