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La presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino, afirmó que el abogado de la UPR abandonó la pasada reunión en una actitud beligerante cuando ella le señaló que trajeron un elemento nuevo a la discusión. Inter News Service
San Juan, 28 may (INS).- La junta de directores de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) catalogó de falsas las expresiones de la administración universitaria vertidas este lunes, sobre un supuesto rechazo a una propuesta de la negociación colectiva sobre las exenciones de matrícula y denunció una serie de contratos y gastos innecesarios que laceran las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino, declaró que fue el abogado de la UPR luego de consultar a la administración universitaria, quien abandonó la pasada reunión en una actitud beligerante cuando ella le señaló que trajeron un elemento nuevo a la discusión.
“Nosotros no rechazamos el 75 por ciento de las exenciones que presentaron, pero hay un problema con la parte de complementar las ayudas económicas con la exención para el año académico 2018-19. Eso no se había presentado en ninguna de las propuestas anteriores y eso fue lo que reclamamos. Se trae como una píldora venenosa para provocar un tranque en la negociación, pues cuando lo reclamamos abandonaron la mesa de negociación”, sostuvo la dirigente sindical. Añadió que actualmente hay estudiantes con deuda, a quienes la UPR no les ha honrado lo que tienen que pagar y les ha afectado en los derechos de graduación.
“Estamos en la mejor disposición de la negociación, pero si traen un elemento nuevo tienen que entender que debemos evaluarlo. Ellos fueron quienes se retiraron de la mesa, pero como es la costumbre de la administración, dicen medias verdades o falsedades a los medios”, sostuvo.
Sobre los contratos y gastos, Santana Andino mencionó que la unión obtuvo acceso a contratos en los que la UPR se compromete a pagar casi un millón de dólares a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), pagar cabildeo en Washington, gastos en lujosas togas para la investidura del presidente, y un nuevo contrato de servicios profesionales al presidente de la junta de gobierno de la UPR, Walter Alomar, que podría representar conflictos en la toma de decisiones, entre otros. “Esto se suma a reportes emitidos por medios de comunicación hace unos meses sobre los altos costos que representa para la UPR no solo la nómina del presidente Haddock, sino también de sus ayudantes”, dijo.
Además, opinó que “es irresponsable y totalmente injusto que mientras los empleados y profesores tenemos sueldos sumamente bajos, se nos reducen beneficios importantes como el plan médico y al estudiantado le aumentan los costos de estudiar, la administración universitaria ande dando contratos y gastando sin medida”.
En una conferencia de prensa, la presidenta de la Heend indicó que un ejemplo de los gastos superfluos, son las togas que se ordenó comprar el 13 de mayo pasado para usarlas en la ceremonia de investidura del presidente Haddock, por el presidente de la junta de gobierno, Walter Alomar, y otros dos miembros de ese cuerpo, a un costo de 3,525 dólares.
“No solamente se hace una ceremonia de investidura que no es parte de la cultura de la universidad para alimentar el ego del presidente, sino que además tenemos que comprarles vestimenta que incluye boina doctoral metálica en oro blanco. Este es el colmo del cinismo para una institución que enfrenta un plan fiscal que pretende arrebatarnos nuestros beneficios”, declaró la dirigente sindical.
Santana Andino también presentó evidencia de un acuerdo suscrito el 14 de febrero de 2019 entre el presidente Haddock y el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carlos Mercader Pérez, para servicios de cabildeo en Washington que implica duplicidad de funciones.
Mencionó que el acuerdo establece que Prfaa va a contratar un especialista y que la UPR girará al fondo rotativo de esa agencia la cantidad de 40,000 dólares por un período de cuatro meses, a razón de 10,000 mensuales.
Dijo que los servicios que prestará ese tercero son funciones que actualmente se enmarcan en la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR, el mismo presidente y la persona de confianza en cada recinto asignada a búsqueda de fondos externos.
“El especialista, que no conocemos, trabajará desde la Oficina de Asuntos Federales en Washington, para gestiones de búsqueda de fondos federales para el beneficio de la UPR, pero nadie ha explicado por qué hay que duplicar las funciones que se supone que haga la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR”, sostuvo.
La portavoz expresó que la organización repudia un contrato de casi un millón de dólares (902,000) para que la Aafaf contrate una firma que asista a la UPR en los asuntos de la Ley Promesa.
“Tenemos que decirle al pueblo que este acuerdo es el peor gasto que ha hecho la Universidad. No solamente tenemos que pagar todo ese dinero, sino que además no hemos visto ningún beneficio. La mejor muestra de la ineficiencia de Aafaf y sus firmas para con la UPR es que el nuevo plan fiscal y el presupuesto que mantienen los gigantescos recortes de fondos que llevan a estudiantes, profesores y empleados a la pobreza”, indicó Santana Andino.
Para la vocera, otro ejemplo de los aumentos en gastos es el contrato al suplidor para propósitos de consultoría para los estados financieros, Norberto Rivera Berríos, quien en julio de 2017 cobraba 1,537 dólares por sus servicios y su contrato se incrementó al punto que en abril de 2019, su factura fue de 27,412.87, para un monto total de 214,529 dólares.
Respecto de un posible conflicto de Walter Alomar como asesor en la Aafaf, la dirigente sindical señaló que esa agencia extendió un contrato de servicios profesionales a la firma (DBPR Legal) del presidente de la junta de gobierno de la UPR, Walter Alomar, de hasta 200,000 dólares, que se suma a otros 59,400 que actualmente recibe de la UPR.
Explicó que la página número 20 del contrato de Aafaf a Alomar establece que “los consultores certifican que ninguno de los socios, directores, ejecutivos, oficiales o empleados reciben salario ni ningún tipo de compensación por rendir servicios regulares por cita (o de otra manera) de ninguna agencia, instrumentalidad, corporación o municipalidad del gobierno de Puerto Rico. Las partes reconocen que este acuerdo no se ejecuta para el beneficio de personas que han sido oficiales o empleados de la Autoridad”.
En este caso, dijo, Alomar tiene un contrato vigente como profesor de la Escuela de Derecho por la cuantía de 59,400 dólares.
“No solamente lo nombraron profesor de la UPR y tiene contratos en otras agencias, ahora también lo contrata Aafaf que es la agencia que instrumenta los planes fiscales en contra de la UPR y que tiene un contrato de 902,000 para asuntos de Promesa. Esto es un claro conflicto de interés moral del que se supone que defienda al primer centro docente”, puntualizó Santana Andino.
Afirmó que todas estas instancias hablan del pobre desempeño de los administradores de la UPR que en una reciente publicación se descubrió la semana pasada que se han quedado cortos en la búsqueda de fondos alternativos para la institución.
“Aquí lo que han venido es a servirse de la Universidad, a dar contratos y puestos para sus amigos, las conexiones políticas y los donantes. La Universidad no les importa lo que están haciendo es destruirnos poco a poco”, aseveró.INS
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