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San Juan, 23 may (INS).- El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses, envió una comunicación a los Comisionados del Negociado de Energía donde hace una solicitud “urgente” de expresión en torno a la política energética de Puerto Rico, con el objetivo de comenzar el proceso para presentar un mandamus la semana próxima requiriendo al Negociado de Energía que ejerza los deberes que requiere su cargo.
La AIPR y su matrícula, consideraron que el factor energético es de “vital importancia” para el mantenimiento y desarrollo futuro del sector de la manufactura en Puerto Rico.
Por ello, la AIPR, a través de su Comité de Asuntos de Energía, “ha venido desempeñando un rol de liderazgo en el esfuerzo social y comunitario para el desarrollo de una política pública energética a tono con las exigencias del Siglo XXI”, destacó Masses.
“Las disposiciones legales vigentes reflejan la adopción de una política pública energética encaminada al fomento del uso, no solo de la energía proveniente de fuentes renovables, sino de todo esfuerzo del consumidor residencial, comercial e industrial para tomar en sus manos el control del factor del costo energético mediante la generación de su propia energía eléctrica”, expuso.
Destacó, además, que “desde que fue concebida y creada por mandato legislativo la Comisión de Energía de Puerto Rico, hoy Negociado de Energía, la AIPR ha venido apoyando la existencia y gestiones del Negociado. Ello, por considerar que se trata de una entidad gubernamental independiente y capacitada, la cual ha venido demostrando un elevado nivel cualitativo en el descargue de sus ejecutorias. Entendemos que el Negociado es y debe ser piedra angular del proceso de transformación de nuestra industria energética”.
En la carta, el portavoz indicó que “con el propósito de garantizar la certeza jurídica que las inversiones que los consumidores o prosumidores puedan hacer en dichas alternativas de producción energética, solicitamos al Negociado que en el término de cinco días se pronuncie y certifique que cumplirá su deber ministerial en torno al decretar y defender los artículos 6.4.,6.25 y 6.25(a) de la Ley 57 de 2014, que establece que toda tarifa o aumento de tarifa, incluyendo cualquier cargo solicitado por la AEE al Negociado, por cualquier razón o motivo, les garantizará a los consumidores de energía eléctrica clientes de la AEE la oportunidad de participar en un proceso tarifario adversativo, donde se ventilen todos y cada uno de los aspectos e impactos socioeconómicos de la tarifa propuesta”. “Ello incluye el derecho de los consumidores a participar activamente en dicho proceso y aportar prueba a favor de sus posiciones. El ámbito de dicho proceso administrativo no podrá ser limitado por la AEE bajo ningún concepto”, dijo Masses.
Recordó también el artículo 4 de la Ley 114 de 2007, en que “ningún cargo puede gravar la energía que el propio consumidor o prosumidor de energía eléctrica haya generado detrás del metro de la AEE con sus propios equipos, bien sea por energía renovable, (eólica, solar, pluvial) mediante motores o turbinas de CHP o cualquier combinación de estas”.
A su vez, informó que hoy la Asociación de Industriales presentó una demanda de sentencia aclaratoria para que se aclare cómo el acuerdo con los bonistas contraviene el marco regulatorio y la nueva política energética establecida en la Ley 17 firmada hace apenas unos días.INS
lp