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Santo Domingo, 14 may (INS).- El secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, anunció anoche la conformación de una comisión para estudiar e impugnar la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) que prohibió el sistema de arrastre para la elección de los senadores con los votos de los diputados en 26 provincias del país para el proceso electoral 2020 y mantenerlo solo en seis.
La comisión estará conformada por José Ramón Fadul (Monchy), Radhamés Jiménez y Julio César Valentín, según lo aprobó el Comité Político de la organización en la reunión sustentada por la presencia de 31 de los 35 miembros en la que estuvieron el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.
El organismo rechazó la resolución de la Junta Electoral con la finalidad de que se mantenga el “arrastre” en todas las provincias del país y no segmentados como establece la resolución del órgano electoral.
La iniciativa fue acordada anoche en una reunión del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que evadió tratar el tema de una reforma constitucional, a pesar de las expectativas creadas sobre una moción para aprobar un proyecto de ley que diera paso a una eventual repostulación del presidente Danilo Medina.
Pared Pérez, al hablar con los periodistas luego de la reunión del Comité Político, explicó que el órgano rector de elecciones ha ido más allá de lo que le atribuye la ley para esos fines, por lo que entiende que el arrastre se debe mantener como estaba antes, donde el que votaba por un diputado también lo hacía por el senador.
Con la postura asumida por el partido de gobierno se incrementan los conflictos alrededor de este tema, faltando apenas seis meses para las primarias internas de las organizaciones políticas.
La mayoría de los partidos de la oposición plantea “la individualización de los votos” y la eliminación total del tradicional método de escogencia de los legisladores.
Se recuerda que el pasado 7 de mayo, el Pleno de la JCE decidió eliminar mediante una resolución el arrastre de senadores por los votos de diputados en 26 provincias del país, al tiempo de mantener esa modalidad en seis.
De conformidad con la resolución, las 26 provincias que utilizarán cuatro boletas, una para cada nivel de elección, son Bahoruco, Dajabón, El Seibo, Elías Piña, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, Montecristi, Pedernales, Samaná, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Barahona, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Plata, Peravia, Sánchez Ramírez, Valverde, Azua, Espaillat, La Romana, San Juan, Duarte, La Altagracia y San Pedro de Macorís.
Las demarcaciones que se mantienen con el voto de arrastre son el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo.
Ante esa determinación, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones de la oposición, anunciaron que recurrirán la medida ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) por considerarla “inaceptable y discriminatoria”.
En ese contexto, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) considera que la ordenanza del Pleno “viola la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Régimen Electoral”.
Sostuvo que las seis localidades mencionadas donde se aplicará el voto de arrastre representan el 57% del total de diputados provinciales, más del 58% de todos los colegios electorales y el 59% de todos los electores del paìs.
Tambièn se pronunció el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, al precisar que la JCE “está temerosa y sin carácter, sometida a los intereses del partido de Gobierno”.
Indicó que con ese veredicto el organismo electoral viola el artículo 208 de la Constitución, que señala que “el voto es personal, libre, secreto y directo”, (no puede ser elegido a través de otro candidato).
Minou Tavárez Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática, calificó de inaceptable el fallo emitido por el Pleno Electoral y Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, entiende que todos los partidos deben recurrir ante el TSE esa “monstruosa resolución”, que suprime derechos fundamentales a millones de electores. INS
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