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San Juan, 13 may (INS).- Representantes de diversas organizaciones asociadas a la iniciativa Queremos Sol reaccionaron hoy al acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que alcanzó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno con un grupo de acreedores.
Las agrupaciones alertaron que el acuerdo significará no solo un aumento en la factura de la luz, sino que hará más difícil lograr en el futuro generar electricidad por medios renovables como el Sol, pues penaliza a los ciudadanos que opten por ello.
“Este es un acuerdo nefasto que defiende los intereses de los bonistas sobre los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No solo estaremos pagando entre 130 y 220 dólares más al año, según señala un estudio de IEEFA, para saciar las exigencias de los bonistas, sino que el pago a los bonistas se establece como la primera prioridad de la Autoridad, relegando a un segundo o tercer plano la condición del sistema eléctrico, su mantenimiento o la calidad del servicio que se ofrezca”, sostuvo David Ortiz, director de El Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC).
En tanto, la abogada Ruth Santiago, quien representa a la organización El Puente y a otros grupos comunitarios y ambientales sentenció que la propuesta multisectorial Queremos Sol establece como requisito fundamental una auditoría exhaustiva de la deuda y actuar contra los que participaron en la emisión de deuda ilegal, así como una reestructuración que salvaguarde a entidades del país, como las cooperativas y asegure la eliminación total o el descuento sustancial para los clientes de la Autoridad.
“Esto es necesario para lograr un sistema eléctrico asequible y financieramente sostenible. Los cargos tarifarios que se presentan en el acuerdo agravarán la ya precaria situación que enfrentan las familias puertorriqueñas y tendrán un efecto negativo sobre nuestra economía”, sostuvo.
Asimismo, Ingrid Vila, presidenta de Cambio, añadió que “el acuerdo castiga la transformación hacia un sistema basado en energía renovable y castiga a aquel que instale sistemas fotovoltaicos, pues aun cuando usted esté generando su propia energía con un sistema fotovoltaico en su hogar o negocio, el acuerdo establece que tendrá que pagar un impuesto al sol. Por esto hemos sostenido una y otra vez que no se trata solo de establecer objetivos de alcanzar porcentajes de energía renovable, sino que hay que ver las acciones del gobierno y la voluntad política para hacer valer esos objetivos”.
Agregó que “este acuerdo, junto con el impulso en inversiones en gas natural, dejan claro que no existe compromiso del gobierno con la transformación a base de energía renovable distribuida. El único compromiso que existe y el que guía este acuerdo y la transformación del sistema eléctrico es la privatización del sistema para beneficiar a terceros”.
Mientras, el abogado Pedro Saadé expresó que “debemos hacer todo lo posible en forma unida para derrotar este acuerdo. Los proponentes de Queremos Sol felicitamos y nos unimos a las expresiones del congresista Grijalva dirigidas a que la jueza Laura Taylor Swain rechace este acuerdo y reclamamos a los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de velar y proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y quienes confeccionaron la política pública energética, que no den paso al mismo”.
En la misma línea se expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, quien señaló que “este acuerdo impactaría a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por los próximo 40 años siendo un acuerdo regresivo. Afectando proporcionalmente más a las comunidades de menos recursos que representan al menos un 50% de nuestra población. Exhortamos a todos los ciudadanos que llamen a sus legisladores para que no aprueben este acuerdo”.INS
lp