P. Rico-Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito apoyan la presentación de demandas contra bancos

San Juan, 2 may (INS).- El Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito reaccionan ante el anuncio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que presentó demandas contra 20 bancos involucrados en las emisiones de bonos que se están solicitando se declaren inconstitucionales.

“Es hora de que respondan los cómplices y gestores principales de esta crisis fiscal, esos bancos, firmas de inversión, bufetes de abogados y firmas de auditoría que generaron millones de comisiones por los 6 mil millones de dólares en emisiones ilegales. Para los que llevamos reclamando una auditoría integral de la deuda, hoy se demuestra que teníamos la razón y celebramos que la JCF finalmente escuche el reclamo del pueblo y de un paso importante para que los verdaderos responsables de esta crisis respondan al pueblo”, expresó Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente por la Auditoría de la Deuda.

Las reclamaciones incluyen violaciones a deberes de fiducia, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato contra bancos suscriptores de bonos y un bufete de abogados, por su participación en emisiones de bonos de obligación general de 2007 a 2014, de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, de 2009 a 2012, y de las emisiones de 2008 del Sistema de Retiro.

“Las demandas incluyen a algunas, pero no todas, las instituciones bancarias y firmas que participaron de un esquema de emisiones ilegales que tanto daño le ha hecho al país. Finalmente, la Junta acepta que ya desde el 2007, el gobierno de Puerto Rico, por vía de su Banco Gubernamental de Fomento, los bancos suscriptores de emisiones de bonos y sus asesores legales, sabían o debían saber que Puerto Rico no podía continuar emitiendo deuda sin violentar su Constitución. Estas entidades privadas se lucraron de un país en crisis y ahora deben responder”, sostuvo Luis José Torres Asencio, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.

La JSF está en una disputa actualmente en el caso de quiebra dónde tenían hasta hoy para someter las demandas a entidades y personas que cometieron ilegalidades durante el endeudamiento del gobierno. Sin embargo, la Junta se ha había negado hasta el último día a llevar cualquier demanda contra las entidades financieras y había presentado mociones pidiendo que cualquier lista de posibles demandados y las razones se mantenga confidencial al público.

“Celebramos que la Junta finalmente haya decidido demandar a todas estas entidades por su participación en estas transacciones ilegales. Sin embargo, todavía faltan nombres y no se está demandando por todas las emisiones ilegales ni por las cantidades de dinero que sabemos una auditoría completa de la deuda hubiera desenmascarado. A manera de ejemplo, quedan fuera de estas demandas Banco Popular y muchos bufetes de abogados y firmas de auditoría que participaron. A su vez estas reclamaciones no incluyen las emisiones de bonos patentemente inconstitucionales de Cofina, que representaban casi una cuarta parte de toda la deuda que se nos imputa. Una auditoría completa de la deuda hubiera desenmascarado muchas más ilegalidades y señalado a todos los responsables, incluyendo a los individuos, añadió Torres Asencio, también profesor de derecho constitucional.INS
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