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Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 2 may (INS).-Ante el revuelo causado por la demanda del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre la necesidad de crear boletas individuales, no mediante “el método de arrastre”, para elegir a diputados y senadores en los comicios generales del 2020, distintos congresistas han planteado la necesidad de que la Junta Central Electoral (JCE) deje en claro, de forma reglamentaria, la posición que tomará respecto al tema que emerge al debate público con la modificación a la Ley del Régimen Electoral 15-19.
Debido al lío que se ha armado, el diputado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Demóstenes Martínez, sugirió que el Congreso conozca de nuevo la Ley Electoral para “enderezar” el tema del arrastre y las ambigüedades que por error de corrección quedaron en ella.
El legislador por Santiago sostuvo que si el informe que presentó la comisión bicameral que estudió la pieza no contempló lo que se discutió, es competencia del Congreso enmendar la situación.
Señaló que la República Dominicana tiene un sistema positivo de la aplicación de la ley, por lo que no se trata de “lo que los legisladores quisieron decir, sino lo que dic
El diputado Henry Merán, de la misma organización política, explicó que durante “el proceso de revisión y limpieza” de la Ley Electoral, la solución al impasse habría quedado plasmado en el artículo 92 de esta norma “lo que se podría interpretar como un cuarto nivel de elección, que es el nivel diputacional”.
Precisa que el artículo 104 y otros textos establecen el método de votación y el doble arrastre en virtud de la Ley 157-13, “lo que significa que hay una dualidad legislativa en la metodología. Lo más lógico y saludable es una modificación en el Congreso”.
En contraste con esa posición, el vicepresidente del Senado, Arístides Victoria Yeb, de la corriente del presidente Danilo Medina en el partido de gobierno, aseguró que la interpretación sobre la Ley Electoral es errónea y que en la norma quedó establecido “el doble arrastre” entre diputados y senadores.
Hamlet Melo, otro congresista oficialista, refirió que la ley manda a crear una división en los niveles de elección que antes no estaba, lo que a su juicio evidencia una incongruencia entre los artículos 92 y 104.
Sin embargo, esa opinión contrasta con la del diputado Víctor D’Aza, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien afirma que “el arrastre se fue a pique”, y que basta con una lectura de los artículos 92 y 104 para despejar cualquier duda. “No estoy interpretando, yo estoy leyendo lo que dice la ley, no estoy diciendo nada mío”, recalcó.
Vistas las cosas de ese modo, en el nivel congresual el ciudadano ha sido condicionado por el Sistema Electoral a sufragar, aun en contra de su voluntad, por el candidato a senador del partido por el que ha sido postulado el diputado de su preferencia, o abstenerse de votar.
Esta disposición de la Ley 157-13 que instituyó el voto preferencial, se encuentra contemplada en su artículo 2, de la manera siguiente: “Cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado(a) de su preferencia está favoreciendo con su voto al partido de éste(a) y por ende al candidato(a) a senador(a) de dicho partido”. Es decir, tanto los senadores como los diputados son elegidos con el mismo voto.
No obstante, los observadores políticos precisan que como una muestra de su contrasentido, la misma ley define el voto preferencial como “aquel que se realiza por medio de listas cerradas y desbloqueadas, lo que permite que el elector escoja el candidato o la candidata de su preferencia sin importar la posición que tenga en la lista propuesta por el partido político”.
Los analistas consideran que la inserción del referido artículo, “significó una valiosa concesión en beneficio de los senadores, los cuales en correspondencia con la misma la aprobaron a unanimidad” y explican que el esfuerzo del candidato a senador “resulta insignificante en relación con el de los candidatos a diputados, en quienes descansa la posibilidad de su triunfo o de su fracaso. Esta es la única razón por la que el voto preferencial para elegir los diputados se convirtió, al mismo tiempo, en un voto de arrastre para los senadores”.
Indican que con esta decisión “se consagró el secuestro de la voluntad política del elector al momento de escoger al senador y se redujo la participación política a la elección de los diputados, al momento de la escogencia del Poder Legislativo”.
En ese contexto, un grupo de diez partidos de la oposición solicitaron a la Junta Central Electoral (JCE) “la individualización” de las boletas electorales de las próximas elecciones, con relación a la escogencia de los legisladores, bajo el alegato de que esa ha sido “una práctica electoral histórica”.
El delegado PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera, en representación de las organizaciones políticas, depositó un documento que contiene la posición unificada de los partidos donde piden que el órgano rector de elecciones “proceda sin excusas debido a que así lo determina la creación de niveles de elección por los artículos 92 y 130 de la Ley Electoral”.
Recientemente, el Congreso Nacional remitió a la Junta Electoral las actas de las sesiones en las que se aprobó la Ley del Régimen Electoral 15-19, luego de su solicitud ante la contradicción de dos artículos sobre el método de arrastre para la elección de los congresistas.
Se trata de las actas 03-PLE-2019 de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley y la 0125 y 0126 de fecha del nueve de febrero del 2019 de la sesión extraordinaria del Senado, así como las 7 y 8 de las sesiones en de la Cámara de Diputados, celebrada el 11 de febrero del presente año, mediante las cuales fueron aprobadas la Ley 15-19.
De inmediato, la Junta Electoral envió copias de las actas a los partidos, la mayoría de los cuales recuerda que “el arrastre quedó eliminado” y que las notas del Congreso no pueden sustituir a la ley, por lo que demandaron del organismo “no ceder a las presiones del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y acogerse a la Constitución y la ley que establecen el voto directo”.
Los opositores afirman que la redacción de un acta de sesión en el Senado o la Cámara de Diputados de la República “no tiene fe pública ni es un documento que sustituya la ley promulgada, como ocurre en el caso”. Señalan que “tampoco puede existir confrontación valida entre un acta de sesión o un documento secretarial con el texto de la norma promulgada”.
El texto fue presentado, además, por el Bloque Institucional Socialista Demócrata (BIS), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Verde Dominicano, Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Frente Amplio. Otros partidos depositaron instancias separadas, como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Humanitario Dominicano (PHD) y Partido Dominicanos por el Cambio (DxC).
El Foro Permanente de Partidos Políticos advirtió que la JCE intenta crear reglamentos violatorios de las leyes electoral para favorecer arrastre y que de hacerlo así “violaría la ley”. INS
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