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San Juan, 26 abr (INS).- La Comisión de Derechos Civiles (CDC) reclamó hoy un “cese y desista” a la Policía de Puerto Rico por prácticas y políticas que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad.
El reclamo surge tras los hallazgos que detalló el organismo público en su Informe Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico.
“Durante el periodo bajo investigación y en particular, alrededor de los eventos de protesta pública del primero de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de la protesta pública, ya sea a través de la internet o presencialmente”, indica el informe.
Agrega que se evidenció, a su vez, la ausencia de mecanismos de control vigorosos en las grabaciones y la vigilancia.
Según explica el documento de 173 páginas, la tecnología digital contemporánea hace posible que la vigilancia constitucionalmente cuestionable sea indetectable en muchos casos y permanezca impune.
Expone, además, que la Policía de Puerto Rico carece de parámetros reales y efectivos, y las nuevas políticas por sí solas, no garantizan que continúen manifestándose elementos de una cultura institucional inadecuada desde el punto de vista de la protección de derechos.
La presidenta de la CDC, Georgina Candal Segurola, aseguró que “el riesgo de vigilancia selectiva inconstitucional es intolerablemente alto, pues en todas las etapas del proceso, desde la recopilación de información hasta los protocolos para su preservación y disposición, existen amplias oportunidades para el abuso de estos mecanismos. Vista la historia reciente de persecución política en este país resulta imperativo que las instituciones de vigilancia policiaca de Puerto Rico sean repensadas en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos”.
La intervención de la Comisión de Derechos Civiles surgió de la querella 2017-04-16861 presentada por los legisladores Denis Márquez y Juan Dalmau, tras las expresiones emitidas por la Coronela Michelle Hernández de Fraley, entonces superintendenta de la Policía.
Hernández Fraley expresó que la Policía monitoreaba las redes sociales de los y las manifestantes, en anticipo a las actividades del primero de mayo.
En la querella se alegó que dichas expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado.
La querella planteó, a su vez, la necesidad de examinar las prácticas y políticas de la agencia de ley y orden de Puerto Rico que inciden sobre la supervisión de la actividad de la protesta pública.
Entre las determinaciones de hecho del Informe se encuentra que la orden general 600-613, vigente para el 1 de mayo de 2017, carecía de criterios para controlar la discreción de la Policía para llevar a cabo el monitoreo de las redes sociales.
“Existe una ausencia de límites reglamentarios que definan lo que será observado y grabado”, establece.
Se encontró además que las expresiones de la otrora Superintendenta, el 26 de abril de 2017 (“Estamos monitoreando las redes sociales, tenemos acceso a lo que se ha manifestado de las diferentes organizaciones”) entre otras, previo a las actividades del primero de mayo de 2017, probablemente tuvieron un efecto disuasivo o “chilling effect” sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad.
“Un referido de la Policía de Puerto Rico al FBI por comentarios en Facebook y el procesamiento criminal por expresiones constitucionalmente protegidas tuvo un efecto disuasivo y lacerante sobre los derechos humanos en el país”, concluye el documento.
Otro hallazgo fue que la Policía adquirió drones sin políticas, sin planificación, sin permisos de uso y sin adiestramiento para asegurar el uso adecuado y en cumplimiento con los derechos de libre expresión y asociación de las personas.
Además de que las grabaciones examinadas del primero de mayo de 2017 muestran grabaciones dirigidas a identificar personas.
Candal Segurola apuntó que la investigación de la Comisión partió de si las prácticas y políticas de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la vigilancia y el monitoreo en el contexto de actividades de protesta pública violentaron los derechos de libertad de expresión libertad, de asociación e intimidad de las puertorriqueñas y los puertorriqueños.
Como parte del proceso de investigación, la Comisión celebró tres vistas públicas con participación de personas de la comunidad y funcionarios públicos y realizó múltiples requerimientos de información a la Policía de Puerto Rico.
“Por la seriedad de los hallazgos y conclusiones del informe, la Comisión de Derechos Civiles considera apremiante que el Negociado de la Policía de Puerto Rico cese y desista de forma inmediata de las prácticas y políticas de vigilancia y monitoreo de las actividades de protesta que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas”, expresó la presidenta.INS
lp