R. Dominicana-Diputada denuncia Procuraduría General intervino teléfono de una funcionaria estatal y de uno de los dirigentes políticos de la oposición

Santo Domingo, 24 abr (INS).- La diputada del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, denunció la intervención por parte de la Procuraduría General de la República de los teléfonos de una funcionaria del gobierno y de uno de los líderes de la oposición, con el presunto pretexto de investigar el caso de corrupción Odebrecht, pese a que ninguno de los dos estaban vinculados a este.

Raful ofreció la informaciòn a través de su cuenta de Twitter, revelando que la procuraduría espió los teléfonos del Secretario Nacional de Finanzas de su organización política, Eduardo Sanz Lovatón, y de la viceministra de Energía Nuclear, Susana Gautreau de Windt, añadiendo que la titularidad de sus números fueron ocultados a fin de realizar la operación.

“Ya sabemos que de los 17,637 teléfonos intervenidos en la capital, uno pertenece a Sanz Lovatón y otro a Susana Gautreau, ninguno de los dos vinculados al caso Odebrecht, que sirvió de excusa para solicitar las referidas intervenciones, disfrazando la titularidad de sus números”, escribió Raful en la publicación.

Respecto a la denuncia de la congresista, la viceministra Susana Gautreau de Windt declaró hoy que desconoce las razones que pudieron llevar a que se le interceptara el teléfono celular, tras indicar que se enteró de la información a través de los medios de comunicación.

La funcionaria que fue abordada vía telefónica en el programa radial El Sol de la Tarde que difunde en Santo Domingo, explicó que la idea que tiene sobre esa intervención es que pudo haberse originado cuando ofreció una asistencia legal al ex presidente del Senado Andrés Bautista, cuando éste fue vinculado al expediente del caso de los sobornos que otorgó en el país la empresa constructora Odebrecht.

Se recuerda que las autoridades judiciales autorizaron espiar más de 17 mil teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018, según reveló el periodista Danny Alcántara, el 6 de marzo pasado.

Estos datos salieron a relucir en medio del escándalo suscitado por la intercepción en contra de la entonces presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, dejada fuera del alto tribunal en el proceso de selección de los nuevos jueces realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La Procuraduría intervino el dispositivo de la profesional del derecho con la argumentación de que su número pertenecía  a un presunto narcotraficante.

Tras este escándalo, la Procuraduría General de la República negó la denuncia del comunicador, pero el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, explicó que el número 809-303-1248 (de un ingeniero que era objeto de una investigación, que fingió su muerte y luego se suicidó) apareció vinculado a la magistrada Germán Brito.

Dijo en ese contexto que fue él quien ordenó la interceptación telefónica y que al establecerse que uno de los números correspondía a la letrada, decidió no ejecutar la medida, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de ese dispositivo. INS

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